Claudia González, ex funcionaria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, llegó esposada a una audiencia en el Palacio de Justicia
Agencia Reforma
Guatemala, Guatemala.- La Fiscalía guatemalteca detuvo el lunes a Claudia González, ex funcionaria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente de las Naciones Unidas que durante 12 años combatió la impunidad y la corrupción en el país centroamericano.
También allanó la vivienda de los padres de Juan Francisco Sandoval, un ex Fiscal galardonado por su lucha contra la corrupción y quien se exilió hace dos años tras denunciar una persecución política y judicial.
González, que a su vez es abogada de Sandoval, dijo a su llegada a los tribunales que le extrañaba su detención pues ella va a diario al Palacio de Justicia y aún así se emitió orden de captura en su contra.
La Fiscalía solicitó la detención de González por el presunto delito de abuso de autoridad.
«El tipo de abuso de autoridad es muy específico, es de funcionario público, y nosotros cuando éramos mandatarios de CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) obviamente no podíamos ser funcionarios públicos, éramos mandatarios de una organización internacional validada por el Estado de Guatemala», explicó la abogada. La función de González consistía en representar a la institución en procesos judiciales. También lleva la defensa de otros ex fiscales perseguidos en el país.
La ONU manifestó en un comunicado que su Secretario General, Antonio Guterres, sigue «con preocupación» la detención de González y los allanamientos encaminados por la Fiscalía contra ex fiscales y recordó «los importantes aportes de los dedicados funcionarios de justicia durante el período de funcionamiento de la CICIG y su personal a la lucha contra la impunidad y la corrupción» en el país centroamericano.
Sandoval informó en sus redes sociales el allanamiento en la casa de sus padres y dijo que habían sido amedrentados. Pero en una comunicación la Fiscalía General, a cargo de Consuelo Porras, sostuvo que «las diligencias se encuentran en desarrollo, en cuanto concluyan se estará ampliando la información» y agregó que en las residencias allanadas se hallaron armas de fuego y dinero en efectivo.
Sandoval dijo que se trata de una venganza por haber investigado a la magistrada Blanca Stalling, acusada de haberle pedido a un juez beneficios para su hijo que estaba en la mira de la justicia por corrupción. Stalling aceptó los cargos y dijo que «como madre podía hacer peticiones».
El juez Carlos Ruano denunció a Stalling por abuso de autoridad. La CICIG y la Fiscalía que dirigía Sandoval estuvieron a cargo de investigar a la jueza, que fue capturada cuando intentaba huir disfrazada y con un arma de fuego. A pesar de llegar a juicio, Stalling fue finalmente absuelta. El Gobierno de Estados Unidos la sancionó por corrupción y le vetó a ella y a su familia el ingreso a su territorio.
Stallling también denunció a Ruano y pidió que se le retire la inmunidad para que se lo investigue por haberla denunciado. Una corte de apelaciones debe decidir si hace lugar al pedido.
«El personal del MP (Ministerio Público) cuando hizo el allanamiento me dijeron que buscaban documentos de CICIG… me comentaron que muy probablemente que sea el caso de Blanco Stalling», dijo la abogada González.
Las órdenes para los allanamientos del lunes fueron firmadas por el juez Jimi Bremer. La Fiscala General Porras y Bremer también fueron sancionados por el Gobierno estadounidense: Porras por obstruir la lucha contra la corrupción y socavar la democracia y Bremer por autorizar resoluciones judiciales con motivos políticos.
Durante la Administración del Presidente Alejandro Giammattei se han exiliado unos 100 funcionarios del Poder Judicial, periodistas, activistas sociales y abogados denunciando acoso y persecución por parte de Porras por haber investigado casos de corrupción.
En sus 12 años de funcionamiento la CICIG desmanteló al menos 60 estructuras criminales y llevó a prisión por corrupción a jueces, magistrados, empresarios, funcionarios públicos y civiles.
