El Plan de Estudios, que es la base del proyecto que se refleja en los textos, es de dudosa constitucionalidad, afirma
Agencia Reforma
Ciudad de México.- Una jueza federal exhibió las ilegalidades cometidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con los nuevos libros de texto. Sostuvo que las autoridades violaron reiteradamente la ley en el proceso, ya que los ejemplares ya estaban impresos meses antes de que existieran los programas de estudio respectivos.
“Primero se imprimieron los libros y posteriormente se aprobó y ordenó la publicación de dichos programas de estudio, cuando esto último debe realizarse primero”, explicó la jueza Yadira Medina Alcántara.
“Los (libros de texto) se deben ajustar a los programas de estudio y no a la inversa”, señaló luego de conceder un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), en un documento de 177 páginas en el que se detallan violaciones a la Ley General de Educación y otras normas.
Aunque el Plan de Estudios de la Nueva Escuela Mexicana fue publicado en agosto de 2022, la jueza criticó a la SEP por esperar hasta el 15 de agosto de 2023 para publicar los programas de estudio.
“La prosecución lógica de dicho procedimiento prevé que se propongan programas por autoridades locales, los cuales integrarán los programas provisionales que, precisamente, se pondrán a discusión pública (incluso como lo realizaron las autoridades responsables), para después, aprobados los programas definitivos, se elaboren, editen e impriman los libros de texto, y así se pongan a disposición de la sociedad”, refirió.
De acuerdo con la jueza, el Plan de Estudios, que es la base del proyecto que se refleja en los libros, es de dudosa constitucionalidad, pues otro juez federal, Francisco Javier Rebolledo, concedió el 16 de junio un amparo en el que impuso condiciones para su aplicación general en el ciclo 2023-2024, sentencia que aún está en revisión.
“Este juzgado concluye que las autoridades responsables no ajustaron su actuar a las disposiciones normativas en materia de educación, ni siguieron el procedimiento previsto en dichas normatividades, vulnerando el derecho a la educación e interés superior de la niñez”, remata.
