Lo que empezó como una revisión de una simple llamada telefónica se convirtió en algo mucho más grande
The New York Times
Estados Unidos.- Fani T. Willis apenas tenía tres días en su nuevo puesto como procuradora de Distrito del Condado Fulton en Georgia, cuando un caso potencial atrapó su atención.
La grabación que surgió de Donald J. Trump, en los últimos días de su presidencia, diciéndole a Brad Raffensperger, el secretario de Estado de Georgia y compañero republicano, que quería que “encontrara” 12 mil votos o lo suficiente para revertir su derrota en la elección del 2020 en ese lugar, que fue por un estrecho margen.
La llamada cayó totalmente en la nueva jurisdicción de Willis, debido a que el Condado Fulton incluye al edificio del Capitolio estatal en Atlanta en donde trabaja Raffensperger.
Willis heredó una oficina con un profundo rezago de casos exacerbado por la pandemia y un limitado personal. Aunque de inmediato supo que debería investigar.
“Cuando llegan los alegatos — acerca de cualquier cosa que pueda impedir la habilidad que tienen la sociedad para creer en elecciones justas, o si existe una conducta que llegue al nivel de sospecha, no creo que tenga opción”, dijo Willis en febrero del 2021, poco después de anunciar que había iniciado una investigación penal sobre el asunto.
En los dos y medio años siguientes, lo que empezó como una revisión de una simple llamada telefónica se convirtió en una amplia investigación que abarcó múltiples condados y estados y el gobierno federal.
Este lunes, Willis anunció que un gran jurado había acusado a 19 personas de 41 delitos graves, incluyendo a Trump y un grupo de ex asesores y aliados de alto rango, de que habían conspirado criminalmente para anular los resultados de la elección del 2020 en su estado.
El que el caso más expansivo en contra de Trump y sus colaboradores surgiera de la oficina de la fiscalía local en Georgia nunca se había contemplado.
Su oficina frecuentemente enfrentó preocupaciones por su seguridad y amenazas mientras se realizaba la investigación, muchos de ellos de tipo racista, lo cual dio lugar a que Willis les pidiera a sus empleados que usaran chalecos antibalas.
Hubo un desfile de desafíos legales de testigos que se rehusaban a testificar en su investigación —- incluyendo del senador Lindsey Graham y Mark Meadows, el ex jefe de gabinete de Trump — aunque la mayoría eventualmente lo hizo después de perder batallas en la corte.
A pesar de todo, dejó en claro que no podrían disuadirla. Cuando ella y el abogado del gobernador republicano Brian Kemp tuvieron un desacuerdo sobre los términos en los que Kemp proporcionaría su testimonio en su investigación, Willis le envió un correo electrónico al abogado que decía: “Usted ha tomado mi amabilidad como una debilidad, a pesar de su desdén, esta investigación va a continuar y no será descarrilada por las ridiculeces de nadie”.
