Se sabía de las malas e ilegales condiciones laborales de los trabajadores de la Secretaría del Bienestar y de la Universidad del mismo nombre.
Los llamados “servidores de la nación” iniciaron sus trabajos desde antes que tomara posesión el presidente López Obrador; en las etapas iniciales fueron reclutados entre los simpatizantes del tabasqueño, con la expectativa de que al triunfo, esa actividad se transformaría en remunerada.
Ahora, gracias a las manifestaciones de alrededor de 60 trabajadores de esa oficina, despedidos abruptamente por teléfono, nos enteramos, de primera mano, de las pésimas e ilegales condiciones de trabajo en las que están, además del monumento a la ilegalidad que constituyen sus despidos.
“Las oficinas del Bienestar, ubicadas sobre la avenida Ocampo en Chihuahua, fueron tomadas y en los accesos se colocaron cadenas, ya que al menos 60 empleados de todas las áreas fueron removidos y cesados vía telefónica”. (Nota de la redacción, El Diario de Chihuahua, 05 julio 2023).
¿Cómo podría concebirse que el primer gobierno, emanado de un partido hasta ahora autodenominado de izquierda, pudiera contratar a trabajadores sin otorgarles “ninguna prestación laboral”, como servicio médico, acumulación de antigüedad, vacaciones o aguinaldos.
La única “prestación” la constituye el pago quincenal, sin derecho, por supuesto, a la seguridad social, es decir, al Fovissste (pues se supondría que son empleados federales), ni a la acumulación de puntos para acceder a los créditos de vivienda, ni tampoco a la jubilación.
Nada, como lo hacen los patrones de la pizca en los campos norteamericanos con los paisanos y otros en nuestro país, sin la firma, siquiera, de un contrato de 28 días (para que no se acumule antigüedad) y que al vencerse, simplemente, con la mano en la cintura, les notifican que no hay nuevo contrato.
El relato de las vicisitudes de los trabajadores del bienestar choca frontalmente con la modernización y mejoramiento de las reglas laborales contenidas en la nueva Ley Federal del Trabajo aprobada por el mismo gobierno que así actúa con sus propios trabajadores, que establece que “Cuando el patrón despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron”.
Nada de esto ocurrió.
Podrá alegarse que es un hecho aislado, por desgracia no es así.
También podrán argüir, los jefes burocráticos de los trabajadores, que desempeñaban esas actividades por solidaridad o compromiso con la 4T, o con el presidente, pero de nada sirve tal justificación, el marco constitucional establece, como derecho, que al desempeñar algún trabajo, deberá ser remunerado.
En marzo de este año cuatro trabajadores de la Secretaría del Bienestar en Veracruz fueron despedidos en Jalapa.
Una de las despedidas informó que cada seis meses deben firmar un contrato laboral, el cual fue renovado en febrero del mismo año, pero unos “días después le pidieron firmar su renuncia voluntaria”. (Nota de El Diario de Jalapa, 28/3/23).
“A partir de julio de 2021 cerca de 60 docentes y asistentes académicos hemos sido despedidos injustificadamente y sin previo aviso de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ)’, dijeron este jueves en un comunicado los maestros de esa casa de estudios en Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas”. (Nota de Jorge Monroy, El Economista, 12 de Agosto de 2021).
No, no es golondrina la situación por la que atraviesan los trabajadores despedidos en Chihuahua.
Los jefes laborales de ellos podrán argumentar que existen causas justificadas, pero nada les permite despedirlos por teléfono, lo que, de entrada, es una artera violación a la ley… y al pasado de activistas de algunos que ahora desempeñan lugares en el gobierno federal.
¿Cómo permitir tal desmesura?
*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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