Denuncian que fueron obligados a laborar 20 horas seguidas sin remuneración económica
Hérika Martínez Prado
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez.– Cuando Alexander logró una cita para ingresar a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One se llenó de felicidad, después de haber huido de la violencia que mató a sus padres en Colombia, pero al llegar a Ciudad Juárez fue golpeado y obligado a trabajar por más de 20 horas seguidas sin una remuneración económica, narró al mostrar sus manos agrietadas.
De acuerdo con la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés) realizada por la Organización Integral para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM), el 12 por ciento de las personas migrantes que permanecían varadas durante abril en esta frontera fueron obligadas a realizar algún trabajo o actividad en contra de su voluntad durante su camino por México.
Al escapar de sus captores, Alexander fue integrado en un programa de protección por una agrupación promigrantes en Ciudad Juárez, mientras que logra ingresar a Estados Unidos la próxima semana; sin embargo, narró que cuatro hombres más, dos venezolanos y dos guatemaltecos, a quienes no conocía, pero fueron subidos junto con él a una camioneta con la promesa de emplearlos en la construcción, se quedaron con el grupo de hombres armados.
Teresa y Franky, de origen venezolano, narraron que ambos vivieron una situación similar cuando ingresaron a México después de viajar durante tres meses desde su país. Dijeron que al llegar a Chiapas les ofrecieron trabajo, pero fueron privados de la libertad y obligados a trabajar por más de dos semanas en una comunidad alejada de la mancha urbana.
“A mí me tenían en la casa trabajando, y a él se lo llevaron con otros hombres (también migrantes) a trabajar; nos decían que teníamos que trabajar para pagar nuestro derecho de salida”, narró la mujer sudamericana.
Su esposo contó que estuvo trabajando en la agricultura, pero lo más difícil fue no saber qué le estaban haciendo a su esposa, de quien no supo nada durante el tiempo que los mantuvieron separados.
Al quedar en libertad, ambos tuvieron que pedir dinero para poder continuar su camino hasta el Estado de México, en donde llegaron “al basurero” y subieron al tren de carga para continuar su camino por México a bordo de “La Bestia”.
Después del trayecto, que duró siete días en el tren, la pareja aseguró tener miedo de buscar un empleo en esta frontera, la cual es conocida a nivel mundial por la violencia que se vive en sus calles.
De acuerdo con la OIM, la DTM fue aplicada durante abril a 408 personas en la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, el albergue municipal ‘Kiki’ Romero, el Consejo Estatal de Población (Coespo), el Centro Comunitario Respetrans, las oficinas de la OIM y en los albergues Pasos de Fe, Óscar Romero y La Esperanza.
A las 49 personas que dijeron haber sido obligadas a realizar algún trabajo o actividad en contra de su voluntad durante su camino hacia esta frontera se suman los casos de Alexander, Teresa y Franky, ocurridos este año, así como los de otras familias de mexicanos y extranjeros que permanecieron entre noviembre de 2021 y abril de 2022 en el albergue Aposento Alto y aseguraron también haber sido víctimas de la directora y su familia.
Después de dos meses de investigación, el 28 de julio de 2022, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a la pastora Velia H. G., directora del albergue que se encontraba ubicado en la colonia Lomas de Poleo, por los delitos en materia de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados como medio de explotación, por los que fue denunciada por seis migrantes.
Después del análisis de datos de prueba ofrecidos tanto por la defensa como por la parte acusatoria, el 2 de agosto un juez dictó el auto de vinculación a proceso durante la audiencia bajo la causa penal 4334/2022.
