Por múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el segundo decreto del llamado “Plan B”.
En su análisis, la Corte determinó que las reformas político-electorales, conocidas como Plan B, trasgreden los artículos 71 y 72 constitucionales, relacionados con el principio de deliberación democrática.
Con esta decisión, aunada a la del pasado mes de mayo en la que, prácticamente por los mismos motivos, el pleno de la SCJN declaró la invalidez primer decreto del Plan B impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación hizo valer la Constitución frente a los intereses políticos del autoproclamado Gobierno de la Cuarta Transformación.
Así, el Plan B, ese con el que pretendían seguir mutilando la democracia a modo y por capricho presidencial, fue revocado en su totalidad. Y entonces, a fin de preservar el principio de certeza electoral, las normas que se habían reformado a través de los dos decretos que conforman el Plan B recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de ambos decretos, sentenció la Corte.
Claro que, para no variar, el presidente López Obrador arremetió contra los magistrados y la SCJN acusándolos -entre otras cosas- de defender los intereses de una minoría rapaz y de no tener autoridad moral para cuestionar al Poder Legislativo.
Que ”ya sabía, hasta de antemano lo había dicho, de que iban a anular la ley electoral”, dijo el presidente López Obrador rasgándose las vestiduras quesque en nombre del pueblo. Y desde luego que ya sabía si, desde el momento en que ideó el Plan B electoral era totalmente arbitrario y violatorio a la Constitución. Pero, claro, como el fin justifica los medios, y ese es su modus operandi-vivendi (así es como funciona AMLO), su plan tenía que avanzar a como diera lugar.
Con lo que el Ejecutivo (entiéndase López Obrador) no contaba es que con el Judicial no iba a poder hacer lo que, a punta de fast track y mayoriteos, ha hecho con el Legislativo. El presidente contaba con que, con el respaldo de la presidencia de la SCJN, ocupada por la ministra Yasmín Esquivel, su plan seguiría avante, pero luego pasó lo que pasó (lo del plagio de tesis) y la ministra Esquivel, pieza clave en el plan de AMLO, no llegó a ocupar el cargo.
El caso es que, así como tenía que suceder, la Corte resolvió que, dado que “el procedimiento legislativo definido en nuestra Constitución es la base del régimen democrático y no un mero formalismo”, el Plan B electoral del presidente López Obrador es inconstitucional y por eso fue revocado. Así pues, la Corte le dijo ¡Adiós al retrógrada y autoritario Plan B!
A modo de resumen, finalizo citando lo dicho recientemente por la ingeniera, tecnóloga y senadora de la República, Xóchitl Gálvez: En tiempos de autoritarismo, hacer valer la ley y los procedimientos es un acto de justicia. ¡Aplauso a las ministras y los ministros que frenaron este atropello a la democracia!
Aída María Holguín Baeza
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