Con un total de mil 807 denuncias, solamente es superado por la Ciudad de México (siete mil 532), el Estado de México (cuatro mil 838) y Jalisco (tres mil 183)
Orlando Chávez / El Diario
Chihuahua está colocado como el estado número cuatro en lo que respecta a carpetas de investigación por casos de fraude en el período del primero de enero al 30 de abril, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un total de mil 807 denuncias, solamente es superado por la Ciudad de México (siete mil 532), el Estado de México (cuatro mil 838) y Jalisco (tres mil 183).
El estado se mantiene en el mismo lugar que en el 2022, cuando las estadísticas precisaron que en la entidad fueron abiertas siete mil 326 carpetas de investigación, lo que se puede relacionar con los casos de Aras, ya que un año antes fueron cuatro mil 144 y en el 2020 dos mil 783.
El número de las carpetas registradas por este ilícito que fueron abiertas en los primeros cuatro meses del año en Chihuahua, supera a los que reportaron estados con más población, tal es el caso de Nuevo León, con mil 733, Pueba con mil 450 y Veracruz con mil 258. En la parte baja de la tabla de entidades están los estados de Tlaxcala, en el que apenas van 12, Yucatán con 46 y Quintana Roo con 63.
En lo que respecta al número de carpetas en todo el país la cifra es de 35 mil 595 de enero a abril, mientras que en todo el 2022 fueron 103 mil 940 y en el 2021 fueron 95 mil 207.
El delito de fraude es casi imposible de castigar, según comentó anteriormente el abogado especializado, Hugo Acosta, quien expuso que desde el 2006 fue cambiada la Ley de Procedimientos Penales, y desde entonces no se aplica la prisión preventiva y los jueces solamente establecen medidas cautelares como la de depositar una cantidad como garantía y acudir a firmar cada mes al juzgado. “Existe un grado importante de impunidad”, dijo.
Según las estadísticas del 2022 de la Fiscalía General del Estado fueron abiertas siete mil siete mil 326 carpetas de investigación, pero solamente llegaron a un proceso judicial 446, es decir alrededor del siete por ciento. El litigante explicó que este se debe en buena medida a la carga de trabajo que existe en la FGE, la cual tiene como prioridad otros delitos, en los que sí existe la prisión preventiva.
