«Los migrantes no son criminales».
Carlos Fuentes
¿Por qué tuvieron que morir 39 migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez? Quizá porque a nadie le importa, porque las vidas de los migrantes son baratas.
El presidente López Obrador culpó a las propias víctimas: «Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego, y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia».
¿Albergue? ¿Cuál albergue? La Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración en Juárez es una cárcel ilegal, con celdas y barrotes para impedir la huida de los migrantes, que no han cometido más delito que buscar una vida mejor. Calificar esta prisión de albergue es una de esas mentiras que los funcionarios nos dicen constantemente.
¿Cuántas veces hemos leído o escuchado que un nuevo grupo de migrantes fue «rescatado» por la Guardia Nacional o por Migración? No nos dicen, sin embargo, por qué los migrantes no quieren ser rescatados. Saben que los agentes de Migración o los militares de la GN no los están «rescatando», sino deteniendo. A los que les va bien los encerrarán en cárceles que llaman «estancias» y los deportarán; otros serán extorsionados o vendidos al crimen organizado; muchas mujeres serán violadas.
La tragedia se arrastra desde hace décadas. En San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, 72 migrantes, entre ellos 14 mujeres, fueron asesinados por sicarios. El presidente López Obrador aseguró el 24 de agosto de 2020, cuando se cumplieron 10 años de la masacre, que en su gobierno no se protege a nadie ni hay impunidad. Ya los migrantes no son abandonados en camiones, dijo, porque hay revisiones de la Guardia Nacional. «Se puede avanzar sin violar los derechos humanos».
Las cifras de migrantes extranjeros, sin embargo, han venido aumentando, y también las de mexicanos que arriesgan la vida para cruzar la frontera. Durante décadas los agentes de migración abusaron de ellos, pero AMLO ofreció una apertura desde antes de asumir la presidencia. En octubre de 2018 anunció que, «a partir del 1º de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo, a migrantes centroamericanos. No es atender el asunto solo con deportaciones o con medidas de fuerza, sino dando opciones, alternativas». Esta declaración hizo que miles se unieran a las caravanas de migrantes, pero solo algunos recibieron los empleos prometidos, mientras que el cruce a Estados Unidos siguió estando vedado.
Ante la tragedia vemos hoy un desvergonzado intento por culpar a otros. Ayer el secretario de gobernación, Adán Augusto López, le dijo a Joaquín López Dóriga que la responsabilidad no es de su dependencia, a pesar de que el INM es parte de ella: «Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación, para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de relaciones exteriores, quien se encarga del tema migratorio».
Entiendo que se echen la culpa porque aquel que, en vez de recibir a los migrantes con los brazos abiertos, con empleos y protección, les lanzó la Guardia Nacional y los detuvo en celdas atestadas, amenazándolos con deportarlos, es responsable de la tragedia. Quienes en vez de rescatar a los migrantes los encerraron y los dejaron quemarse en una cárcel clandestina en Juárez fueron omisos en su responsabilidad. Al dejarlos morir cometieron un crimen por el que deben responder.
Video
Una vez más el gobierno se preocupa más por saber quién filtró el video del interior de la cárcel de migración en Juárez que por las víctimas. «Yo repruebo una conducta como esa», dijo el secretario de gobernación, Adán Augusto López, pero no se refería a los custodios que dejaron quemar vivos a los «reos», sino a la filtración del video que mostró lo que había ocurrido.
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