El juez del Quinto Distrito de Estados Unidos, nombrado por Trump, afirmó que esa medida “representa objetivos de políticas saludables destinados a proteger a las personas vulnerables en nuestra sociedad”.
Excélsior
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos declaró inconstitucional una ley federal que tipifica como delito la posesión de armas de fuego en personas que cuentan con órdenes de restricción por violencia doméstica. La decisión de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Undos es la victoria más reciente para los defensores del derecho a portar armas desde un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en junio pasado que otorga un amplio derecho a las personas a portar armas de fuego fuera del hogar.
Ese falla, que tiene como nombre “New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen”, anunció una nueva prueba para evaluar las leyes de armas de fuego, diciendo que las restricciones deben ser “consistentes con la tradición histórica de regulación de armas de fuego de esta nación” y no simplemente promover un interés gubernamental importante.
En la decisión del jueves, el juez de circuito Cory Wilson dijo que prohibir que las personas bajo órdenes de restricción de violencia doméstica posean armas de fuego “representa objetivos de políticas saludables destinados a proteger a las personas vulnerables en nuestra sociedad”.
El juez, designado por Donald Trump, dijo que el fallo de Bruen hizo que tal consideración fuera irrelevante y que, desde una perspectiva histórica, la prohibición era “un caso atípico que nuestros antepasados nunca habrían aceptado”.
El tribunal desestimó la declaración de culpabilidad y la sentencia de seis años de prisión para Zackey Rahimi, quien admitió poseer armas encontradas en su casa de Kennedale (Texas) después de que los fiscales dijeron que participó en cinco tiroteos en diciembre de 2020 y enero de 2021.
Rahimi había estado bajo una orden de restricción desde febrero de 2020, luego de su presunto ataque a una exnovia. Un defensor público federal que representa al acusado no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en una declaración escrita no estuvo de acuerdo con el fallo del Quinto Circuito y dijo que la administración de Biden apelaría.
