La presencia de vehículos chuecos o chocolates en las calles de las ciudades y pueblos de nuestro estado representa un verdadero problema, principalmente de seguridad, pero esa es solo parte de la problemática. Significa, también, evasión de impuestos, afectación al medio ambiente por el mal estado de los motores de muchos de esos autos, además de que en ocasiones son tan baratos que al descomponerse los propietarios los abandonan en la vía pública; en lugar de repararlos, prefieren comprar otro, les sale más barato. Adicionalmente, esos vehículos no pueden contratar un seguro y al momento de participar en un hecho de tránsito (choque, atropello, volcadura, etc.) el propietario difícilmente tendrá manera de responder por los daños causados.
Ante la ausencia, mala calidad e incapacidad de los sistemas públicos o privados de transporte es que los ciudadanos se ven obligados a buscar formas de trasladarse de sus hogares a sus lugares de trabajo o estudio y viceversa o a cualquier otro lugar, y una de las maneras más fáciles para resolver esa problemática es comprando un vehículo automotriz a bajo costo. En ese contexto, es que los autos que desechan en Estados Unidos representan una opción, sobre todo por el costo y porque tradicionalmente se ha permitido su ingreso bajo un esquema de corrupción que fue naturalizándose hasta permitir que un número extraordinario de esos vehículos circulen por las calles y carreteras de Chihuahua con las consecuencias antes citadas.
Los vehículos que ingresan a México provenientes de Estados Unidos de manera legal, principalmente a las ciudades de la frontera norte, vienen en mejores condiciones, pero desafortunadamente son los menos. Los “chuecos” ya estaban aquí y había que presentar una forma de resolver esa situación, aunque sea en parte, porque no todos los vehículos cumplen los requisitos para entrar al programa.
Históricamente se han puesto en operación esquemas extraordinarios para regularizar el parque vehicular que se encuentra en territorio nacional de manera irregular, pero a costos que en algunos casos superaban el de los propios vehículos, provocando que los propietarios prefirieran mantenerlos bajo el estatus de “chuecos” o “chocolates”, ya sea arriesgándose a que se los decomisaran, a ofrecer “mordidas” a los agentes de las diferentes corporaciones que encontraban una veta para añadir un extra a sus percepciones, o acogiéndose a organizaciones que lucran con la necesidad de la gente y en muchos de los casos ni siquiera les garantizan la “protección” que les ofrecen porque ésta representa en sí misma una irregularidad.
Sin embargo, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puso en operación desde principios del presente año un programa para regularizar los vehículos “chocolates” que marca una gran diferencia con los esquemas que con el mismo propósito se operaron en anteriores administraciones federales. Primero, porque los costos son verdaderamente accesibles y, aunque en el arranque se detectó que las agencias aduanales y organizaciones o particulares que actuaban como intermediarios hacían el gran negocio con cobros que incrementaban el costo de la regularización hasta en $15 mil pesos, esa situación se denunció a tiempo y fue corregida, de tal manera que las agencias y los intermediarios quedaron al margen del esquema.
En los programas previos, lo recaudado con motivo de la legalización de la estancia de los autos de procedencia extranjera en territorio nacional iba directo a la Hacienda Federal y no había forma de saber si existía un impacto directo en la aplicación de esos recursos para las poblaciones en las que se operaba el programa. Hoy, el decreto establece que los recursos provenientes de la de regularización se apliquen en obras de pavimentación y reparación de vialidades en las ciudades donde se realizó el trámite. Al corte del mes de agosto se habían recaudado en la entidad más 229 millones de pesos que serán retornados a los municipios en los que se realizaron los trámites, lo que significa un gran apoyo para esas ciudades, que podrán hacer frente con mayor holgura al problema de las calles sin pavimento o al bacheo de las que ya existen y presentan daños.
Las arcas estatales también se verán positivamente impactadas porque todo auto que sea regularizado estará cubriendo el pago de derechos vehiculares que, en promedio, representa un ingreso de 2 mil 300 pesos por unidad. Si hasta el cierre del mes de agosto se habían regularizado 91 mil 641 vehículos, a la Hacienda estatal habrían ingresado al menos 210 millones 774 mil pesos, sin contar el cobro por expedición de licencias para aquellos que no contaban con ella o que se les había vencido y que necesariamente debían presentarla para acceder al programa.
Total, los beneficios son muy amplios, no solo para los propietarios de los vehículos sino para la sociedad chihuahuense en general, por lo que si usted, mi querido lector, tiene un auto “chueco” acuda a “deschocolatizarlo”, nos conviene a todos.
