Cuento de nunca acabar.
No obstante la lejanía en la que se aprobó la manera en que deben integrarse los diversos órganos directivos del Congreso del Estado, una y otra vez las fuerzas parlamentarias intentan, a como dé lugar, asumir los espacios de poder, a pesar de la existencia de un conjunto de reglas que definen la manera en que deben integrarse los órganos directivos del Congreso.
En esa disputa lo que asoma es la inveterada tendencia de la clase política a eludir, de cualquier manera, las reglas establecidas, en todo y para todo.
Así ocurre hoy, al igual que en la legislatura pasada en el gobierno de Javier Corral, al momento en que la primera fuerza legislativa -el PAN- debe dar paso a la segunda en la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
No hay lugar a dudas, el art. 61 de la Constitución de Chihuahua establece que:
“ARTÍCULO 61. El Congreso del Estado tendrá una Mesa Directiva que será el órgano encargado de dirigir sus trabajos.
…
La Presidencia de la Mesa Directiva se ejercerá de manera alternada entre los integrantes de los grupos y coaliciones parlamentarios, considerando de manera prioritaria, a los diputados representantes de los partidos políticos que por sí mismos constituyan la primera y segunda fuerza política. El orden para presidir este órgano será acordado por la Junta de Coordinación Política”.
De ese modo, algún diputado de Morena debería presidir los trabajos del siguiente período de sesiones, sin embargo, al igual que hace tres años y que hace casi seis, el partido gobernante en Chihuahua se opone a cumplir con lo preceptuado constitucionalmente y echa mano, como en aquellos momentos, de los partidos que integran el bloque hegemónico.
En este caso, el PRI ha resultado beneficiario de tal pretensión y se han desatado las pasiones entre sus diputados locales por ocupar ese lugar.
El problema, como ocurre en el ámbito nacional, y no solo en estos tiempos, es que ese bloque muestra su poco respeto por la legalidad vigente. Con tal de evitar la llegada de los morenistas a los cargos directivos congresuales, son capaces de efectuar cualquier maroma legaloide.
A lo anterior se deberá sumar el hecho de que fueron los votos ciudadanos los que determinaron la representación de cada fuerza política, por tanto, el hecho de negarle -ú obstaculizarle- a Morena, y a cualquier otro partido, las posiciones derivadas de la confianza que los electores depositaron en todos y cada uno de esos partidos, es faltarle a la voluntad ciudadana.
No solo eso, hay, además, un acuerdo pactado al principio de la legislatura mediante el cual se estableció el orden en que cada partido accedería a los puestos directivos del Congreso. Hoy pretenden violar ese acuerdo faltando a su palabra.
No es todo. A cada disputa, a cada momento definitorio, las fuerzas políticas exhiben su incongruencia -unas más, otras menos, pero al fin y al cabo, todas-.
Tomemos de ejemplo, el más reciente, el de la propuesta de López Obrador, de adjudicar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que viola preceptos constitucionales y tratados internacionales, y que es violatoria, además, del acuerdo pactado por todos los partidos políticos, al que se sumó el presidente, de que la GN se mantendría como una corporación civil.
Así, el presidente y su partido se desdicen de lo que pactaron, firmaron y votaron.
Pero ahí los partidos de oposición, por supuesto el PAN y el PRI, le exigen al bloque gobernante que ¡Respete la ley y los acuerdos alcanzados!
¿Cómo entenderlos?
Sólo hay una manera: La de que en su pretensión de hacerse del mayor número de posiciones de poder, se vale de todo, hasta la de faltar a su palabra y principios.
Más aún.
Los chihuahuenses venimos de dos experiencias a cual más de traumáticas, en los gobiernos de César Duarte y Javier Corral, en la que lo hoy abordado fue moneda corriente, además de la infaltable ausencia de la necesaria, republicana y democrática división de poderes.
Un episodio más de lo anterior es deplorable.asertodechihuahua@yahoo.com.mx
