El auge de la venganza política al inicio de un nuevo sexenio de gobierno, en especial, cuando se da una alternancia política, constituye una estrategia mediática del nuevo gobernante, cuyo propósito es emitir una ‘condena’ pública de corrupción en contra del gobernante saliente y de sus funcionarios públicos.
En Chihuahua, Javier ‘El Inútil’ Corral es el ejemplo más reciente: Durante su campaña electoral, anunció que no descansaría hasta lograr meter a la cárcel a César Duarte por los actos de corrupción cometidos durante su gobierno. Ya en el poder, ocupó la mayor parte de su tiempo en promover denuncias penales en contra de Duarte y los ‘exduartistas’, a los que la opinión público llamó los ‘maxijuicios’.
Al término del quinquenio del gobierno corralista, en una especie de efecto bumerang, los exfuncionarios ‘duartistas’ que fueron arbitrariamente encarclados, presentaron demandas penales en contra de los jueces penales y agentes del Ministerio Público que participaron en los ‘maxijuicios’, por violaciones al debido proceso y por los delitos de extorsión, abuso de autoridad, entre otros.
Al inicio del actual gobierno panista, a pesar de que no se dio una alternancia partidista, pero sí de grupos antagónicos del panismo estatal, la gobernadora Maru Campos también dio a conocer a la opinión pública chihuahuense la pretensión de denunciar los actos de corrupción cometidos por el exgobernador panista.
Ahora bien, en octubre del 2021, de manera totalmente independiente al revanchismo político en contra del exgobernador que promueve Maru Campos, presenté sendas denuncias administrativas en contra del exgobernador y del exrector de la UACH, por el multimillonario adeudo del gobierno estatal y de la UACH a Pensiones Civiles del Estado, durante el quinquenio corralista; adeudo que asciende a más de 5 mil millones de pesos.
Sin embargo, al día de hoy, ya han trascurrido diez meses sin que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Lic. María de los Ángeles Álvarez Hurtado, haya aprobado el dictamen de inicio del procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos denunciados.
Semejante omisión, conlleva la evidente la ineptitud de la actual titular de la Secretaría de la Función Pública, toda vez resulta inexplicable que, con el caudal de pruebas ofrecidas por el denunciante, no hubiese sido posible dictar el acuerdo de responsabilidad en un plazo no mayor de dos o tres meses. Lo cual constituye, una conducta que acredita la evidente ineptitud de esta servidora pública en el ejercicio de la función pública.
Al respecto, el analista político Jorge Alonso Guerra comenta que “si la corrupción gubernamental, ha hecho estragos en las arcas del gobierno, la ineptitud para gobernar, hace más daño que la corrupción, pues se toman decisiones sin conocimiento de causa, y sin escuchar a sus asesores y expertos en temas relevantes, que por lo general se requiere; no de una intuición o corazonada, más bien estudios técnicos profesionales para garantizar una obra gubernamental perdurable y funcional”.
A su vez, para Jorge Sánchez Tello, “tan lacerante como la corrupción, tan dañina como la impunidad, es ese mal endémico que padecemos desde hace muchos años y que no tiene otro nombre que el de ineptitud… Pareciera que uno de los atributos de la ineptitud es su omnipresencia, la encontramos en todas partes”.
Por ello, no debe olvidarse que en el desempeño de su cargo, los funcionarios públicos están obligados a observar los principios de profesionalismo, imparcialidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, entre otros.
Y a pesar de ello, México se ubica en el lugar 138 de 180 países del Índice de Percepción de Corrupción… “es reflejo de que somos un país de Leyes pero que no se aplican, es lamentable tanta corrupción”.
Yo me pregunto: ¿Acaso el actual Gobierno del Estado tiene su propio ‘timing’ de venganza política, al extremo de ordenar el ‘congelamiento’ de las denuncias ciudadanas?
