Abordar el tema de la inseguridad que priva en muchas partes del país, pero que desafortunadamente se ha enseñoreado de vastas regiones de nuestro estado, no es fácil. En primer lugar, debemos realizar una reflexión respecto de la responsabilidad que tenemos cada uno, ya sea por acción u omisión, respecto de los niveles que se han alcanzado en materia de delincuencia y como la influencia de los delincuentes ha permeado en áreas que años antes ni siquiera hubiéramos imaginado.
Una vez habiendo reflexionado sobre lo anterior, desde esa perspectiva de que nadie es totalmente ajeno a la realidad que vivimos los chihuahuenses respecto de las condiciones de seguridad, esto es, que quien esté libre de culpa lance la primera piedra, entonces podemos comentar acerca de los últimos eventos que se han presentado en el estado relacionados con el actuar de los grupos delincuenciales.
Me regreso un mes en el tiempo, al 16 de junio, cuando dos hombres armados ingresaron a un restaurante Denny´s en Ciudad Juárez y asesinaron a sangre fría a 5 personas. Lo conducente, desde mi punto de vista, era que las autoridades de todos los niveles debieron actuar de manera responsable, ordenar las acciones pertinentes a las instancias correspondientes para dar con los responsables y mantenerse al margen de declaraciones públicas que, sin sustento y con la finalidad de deslindarse de su responsabilidad, lanzaron a diestra y siniestra.
El secretario general de Gobierno del Estado, César Jáuregui Moreno, se apresuró a manifestar que lo ocurrido se enmarcaba en la guerra entre bandas criminales, cuando, como lo asienta en su nota del 17 de junio en el Heraldo de Juárez la reportera Liliana Torreso, ni siquiera se había realizado una investigación del caso. Dijo: “Estamos frente a un hecho que no fue directamente a ciudadanos que no tuvieran nada que ver con el enfrentamiento del crimen organizado”.
Aunque pudiera tener razón Jáuregui, la realidad es que, en ese momento, sin pruebas fehacientes, estaba criminalizando a las víctimas definiéndolas como delincuentes que fueron acribilladas por integrantes de una banda rival. A la fecha no se ha dado a conocer información fidedigna por parte de las autoridades investigadoras respecto de pruebas que demuestren lo expresado por el funcionario estatal; sin embargo, su dicho provocó que muchas personas dieran por hecho la idea sembrada con sus declaraciones. “Es que salió en las noticias”, “es que lo dijo el secretario de Gobierno”, “eran malandros”, aseguraban personas al hablar del caso.
Delicado un deslinde bajo esas condiciones, pero más grave aún las expresiones del diputado local Gabriel García Cantú, quien intentó deslindar a las autoridades estatales, emanadas de su mismo partido, el PAN, responsabilizando directamente al presidente de República, Andrés Manuel López Obrador, emanado de Morena. Lo dije antes y lo reitero, responsables somos todos, pero es claro que la responsabilidad de los gobiernos es aún mayor y señalar a una para deslindar a otra es un acto tan irresponsable como frívolo y abordar un tema tan complejo desde esa perspectiva, sobre todo por un representante de gobierno, como lo es el legislador en comento, todavía lo hace peor.
Luego, el lunes 20 de junio ocurrió el homicidio de dos sacerdotes jesuitas y dos personas más en el poblado de Cerocahui, municipio de Urique, en el corazón de la sierra tarahumara. Imposible en este caso aludir a un enfrentamiento entre bandas criminales, por lo que el deslinde se dio vía acusación contra el ex gobernador de Chihuahua, el también panista, Javier Corral Jurado, a quien se señaló como protector del presunto responsable de los asesinatos, José Noel Portillo, alias El Chueco.
Es un hecho, de acuerdo con versiones de habitantes de esa zona serrana, que este personaje gozó de impunidad durante la anterior administración, pero también es cierto que esas condiciones perduraron hasta el actual gobierno. La realidad es que El Chueco sembraba el terror sin que nadie, de ningún nivel de gobierno, le hiciera frente; hechos como el antes narrado eran comunes, actuaba en un ambiente de total impunidad a pesar de que había órdenes de aprehensión vigentes en su contra. Sus actos fueron del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional hasta que la calidad de sus víctimas, en el caso de los dos sacerdotes jesuitas, le dio esa relevancia. De lo contrario, hubiera pasado como un hecho violento habitual.
Otro evento relevante en materia de inseguridad fue el homicidio de cinco hombres y una mujer en la colonia Sahuaros de la ciudad de Chihuahua. En este caso, el alcalde Marco Bonilla Mendoza responsabilizó a priori a la federación; no obstante, la gobernadora Maru Campos se fue en su contra al señalar que ella como alcaldesa dejó una policía municipal muy capacitada, con muy buenas herramientas que, al parecer, no estaba haciendo bien su trabajo y se atrevió a declarar que durante su gestión como presidenta municipal, casos como el expuesto no se presentaban porque ella y su jefe de la Policía, Gilberto Loya Chávez, no lo permitían. Nunca se refirió a cuál era la responsabilidad de la autoridad estatal en el caso Sahuaros, pero Bonilla no se quedó callado, le contestó a la mandataria estatal que debía poner más atención en la capital y la acusó de haberse llevado a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua a Juárez.
Total que para los panistas en funciones de gobierno es más fácil el deslinde que asumir su responsabilidad en materia de Seguridad Pública y buscar el trabajo coordinado con las autoridades de los tres niveles de Gobierno, porque si la responsabilidad debe ser compartida, las estrategias para encontrar una salida a esta problemática deben ser elaboradas de manera conjunta, no solo de manera directa entre entes de gobierno sino con el apoyo decidido de los ciudadanos de bien, quienes estén interesados en cambiar el estado de cosas. No hay de otra.
