El tráfico ilegal de armas de fuego, con las que se cometen delitos de alto impacto y que tiñen de rojo al país todos los días, debe ser un problema prioritario a combatir por parte del Gobierno Federal.
Por supuesto, anteponiendo estrategias eficaces de pacificación nacional; antes que discutir una modificación tendiente a expedir permisos para que la población pueda tener en casa armas más potentes.
Esto, a propósito de una reciente propuesta del diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas, que contempla también flexibilizar los mecanismos de portación.
Según lo ventilado en diversos medios informativos, la propuesta contempla que las familias mexicanas tengan un acceso «fácil» a armas «para defender sus casas y negocios del crimen del organizado».
A mi parecer, las condiciones actuales no dan para una reforma de tal calado, no sin antes generar foros de discusión en torno al tema, que den pie a un debate de pertinencia o no, donde se involucren diversos sectores que componen la nación mexicana.
Claro que el debate debe servir para ir más allá de la molestia -aunque muy justificada-, por un aumento evidente y generalizado de los homicidios y la criminalidad en general.
Como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en el Congreso de Chihuahua, deseo un México y Chihuahua en paz, donde más bien se prioricen todos los mecanismos y campañas para un desarme nacional y así evitar la circulación de armas de fuego.
En cambio, propongo que antes que cambiar la política empleada para otorgar permisos a la población civil, se aumenten las penas a quienes posean armamento de manera ilegal.
No está de más recordar que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en sí ya regula las disposiciones de quien puede y quien debe y como se regula el otorgamiento de permisos de portación.
Estamos en un estado con problemas de seguridad, en la que una reforma a la manera en que los civiles pueden tener acceso a las armas, me resulta poco ocioso y muy peligroso.
Por eso creo que armar a la gente no es la solución, las autoridades de los tres niveles deben garantizar la seguridad de la población, en eso deben estar concentrados.
