Justamente cuando, al requerimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Secretaría de Marina le entregó más de 50 videos de los hechos relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en uno de los cuales se aprecia la participación de elementos de esa corporación militar, horas antes de la llegada al basurero de Cocula, de los funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a partir de los cuales el titular de ella, Jesús Murillo Karam, dio a conocer lo que fue denominado por él como la “verdad histórica”, en la que, según esas autoridades, los estudiantes fueron incinerados ahí, ese conocimiento trajo aparejado otro, el de que el jefe de la región naval, que incluía al estado de Guerrero, es el actual Secretario de Marina, nombrado por el presidente López Obrador, José Rafael Ojeda Durán, quien debería ser llamado a declarar con motivo de estos hechos.
De la revisión de los videos -y de la información conocida previamente- se puede inferir con una buena proporción de visos de verdad, que los elementos de la Marina “sembraron” evidencias trasladadas en los bultos que descargaron de camionetas Pick up de esa agrupación, para depositarlas en el basurero de Cocula, lo que confirmaría la elevada participación de las fuerzas armadas en los hechos que aún hoy, a más de 8 años de distancia, no se han esclarecido del todo.
Se ha dicho en todos los tonos por los expertos en los temas militares, por las agrupaciones de familiares de desaparecidos y por las víctimas de las agresiones a manos de las fuerzas armadas, a lo largo de más de una década, y por prácticamente todas las fuerzas políticas -incluido el partido presidencial, Morena, antes de ganar las elecciones presidenciales- que continuar por la vía de la militarización de la vida pública, y especialmente, en lo referente a la seguridad pública, era -es- una completa equivocación.
Pero héte aquí que el representante del gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, ha pergeñado una nueva tesis, la de que el gobierno de López Obrador “está socializando el Ejército y no militarizando a la sociedad”. (Nota de Heriberto Barrientos Márquez, El Diario de Chihuahua, El Diario, 25 Marzo 2022).
Tan novedosa -y peligrosa- tesis la expuso al momento en que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tomaron el control de las aduanas de Ojinaga, la interior de Chihuahua y la de Ciudad Juárez. (Ibídem).
Ahora resulta que el concepto “no es lo que se entendía anteriormente; sí sufrimos efectos negativos en el gobierno de Felipe Calderón concretamente cuando incursionó en las calles”, como si en la actualidad no hiciese, precisamente, eso, tomar las calles, las aduanas, la construcción de aeropuertos, trenes, refinerías, la contención de migrantes y, sobre todo, la seguridad pública, lo que ha traído, en oposición al discurso oficial, un preocupante e incesante crecimiento de violaciones a los derechos humanos, cometidas por los elementos castrenses, ya sea los formalmente agrupados en las fuerzas armadas, o las que se encuentran -en el teóricamente denominada fuerza “civil”- en la Guardia Nacional, que ahora pretende el presidente López Obrador dotarle de lo que le falta para ser, por completo, una agrupación militar, es decir, que pase a la jurisdicción de los mandos militares, en lo que es, sin duda alguna, la plena continuidad del proceso de militarización de la seguridad pública, iniciado en la década de los 70’s del siglo pasado, y fortalecido exponencialmente en el gobierno de Felipe Calderón.
Como si López Obrador fuera a ser el presidente por un largo período, o como si Morena tuviera la certeza de continuar como el partido gobernante, sus integrantes piensan que todo continuará bajo su control -bueno, es un decir- y que lo efectuado hasta hoy tendrá continuidad, sin ponerse a pensar en las graves consecuencias que generarán sus desmesurados actos irresponsables.
Bastaría, para acreditar lo anterior, las espeluznantes cifras de ejecuciones presentadas a lo largo del actual sexenio: Más de 115 mil.
Un fracaso absoluto, justamente cuando el control sobre la seguridad pública en el país lo han asumido por completo las fuerzas armadas.
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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)
