*AMLO y Ricardo Monreal: ¿Juntos o distanciados?
*Los reveses de la Operación Justicia para Chihuahua.
Ha despertado diversas interpretaciones la reciente detención efectuada por la Fiscalía del Estado de Veracruz, contra José Manuel Del Río Virgen, bajo la acusación del delito de homicidio de René Tovar, quien en junio del presente año fuera candidato de Movimiento Ciudadano, en Veracruz. La citada detención no es poca cosa, ni carece de significado político, ya que el detenido es Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y cercano colaborador del senador morenista Ricardo Monreal, quien preside dicho órgano. Además, hay que considerar que el titular del gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García, es también prominente miembro de MORENA, por lo que dicha detención no pudo haberse efectuado sin la venia del omnipresente presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acostumbra vigilar, autorizar y/o sancionar todas las decisiones políticas que puedan tener repercusiones político-electorales para dicho partido.
Acciones como la detención de José Manuel Del Río Virgen no se enmarcan en la categoría de hechos rutinarios o de oficio, que puedan concretarse en modo ordinario solo bajo la justificación de la existencia previa de pruebas o indicios contenidos en un expediente de investigación penal. Por la jerarquía de los personajes directa o indirectamente involucrados en el hecho, así como por la trascendencia política de éste, lo acontecido a Del Río Virgen tiene un trasfondo que va más allá de la aparente pretensión de impartir justicia por la comisión de un delito. En este caso, tuvo que haber necesariamente un cabildeo y “palomeo” al más alto nivel político, es decir, necesariamente tuvo que haber pasado por el escritorio principal del Palacio Nacional. Detrás de dicha detención hay, sin duda, razones de peso e interés político.
El carácter político de la detención se hace aún más evidente al constatar la contradicción existente entre las declaraciones vertidas por el senador Monreal y las expresadas por el presidente López Obrador. Mientras el primero de éstos ha salido a abogar por la imagen de Del Río Virgen, manifestando que su detención además de ser ilegal es producto del autoritarismo del gobernador veracruzano, el mandatario nacional ha dicho a los medios de comunicación que él respalda al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, porque éste es una persona íntegra e incapaz de cometer una injusticia. Así, es clara la contradicción que hoy existe entre Ricardo Monreal, aspirante a la sucesión presidencial, y su líder político el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo que resulta incierto es si dicha diferencia obedece a un real antagonismo entre el senador y el mandatario nacional, derivado de las aspiraciones presidenciales del primero, o si tal situación es solo uno más de los montajes maquiavélicos con fines de mercadotecnia electoral, para los cuales tiene extraordinaria habilidad el presidente. ¿El escándalo Del Río Virgen, es un caso en el que AMLO y Monreal van juntos bajo previo acuerdo, o se hallan distanciados?. Aún no lo sabemos, sin embargo, su connotación política es innegable.
La reciente liberación de Antonio Tarín García, ex-funcionario del gobierno del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ha generado un giro en la situación de los llamados Expedientes X, formalmente conocidos como la estrategia del ex gobernador Javier Corral Jurado, denominada Operación Justicia para Chihuahua. Siempre se supo que dicho plan justiciero era en realidad un proyecto destinado a ejecutar venganzas políticas, así como para obtener dividendos electorales y de imagen. El citado plan siempre fue visto por los medios de comunicación como un mero ardid o estratagema, pues desde el comienzo de las aprehensiones e instauración de procesos judiciales contra ex funcionarios del gobierno de César Duarte, surgieron inconformidades y quejas en el ámbito de la abogacía, ante la serie de irregularidades o arbitrariedades que, en opinión de varios juristas, fueron cometidas por agentes del ministerio público, funcionarios y jueces.
Es decir, hubo excesos y atropellos cometidos con ligereza y a contrapelo de la ley, ya que pese a su improcedencia, en ciertos casos se aplicó prisión preventiva a varios ex funcionarios, quienes no obstante tener derecho a enfrentar en libertad los procesos instaurados en su contra, fueron encarcelados y mantenidos en prisión varios años. Son ejemplos de tales abusos y violaciones a los derechos humanos, así como al principio de presunción de inocencia, las transgresiones perpetradas contra Jesús Esparza, Marcelo González Tachiquín, Antonio Tarín García y Gerardo Villegas Madriles (este último aún preso, pero con posibilidad de obtener su libertad dentro de algunas semanas), quienes en modo ilícito fueron recluidos varios años en prisión, resultando así socialmente estigmatizados por razones de índole político.
Hoy, el abogado Héctor Villasana, representante jurídico de Antonio Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, ha declarado en forma pública que sus clientes ya analizan la posibilidad de instaurar demandas y/o denuncias en las vías civil, administrativa y/o penal, respectivamente, contra agentes del ministerio público, funcionarios y jueces, así como contra el ex fiscal César Peniche y el ex gobernador Javier Corral, por su presunta responsabilidad en las infracciones legales y violaciones a derechos humanos, de las que han sido víctimas sus representados. Hoy, la otrora llamada Operación Justicia para Chihuahua, parece enfrentar serios reveses que podrían materializarse en contra de quienes al amparo del poder público participaron como sus autores, operadores o ejecutores, con fines políticos.
