*¿EU solicitó a México la extradición de Nicolás Maduro?
*Traición a la patria: la revancha contra Javier Corral
Polémica resulta, sin duda, la reciente nota periodística en la que los senadores norteamericanos, Marco Rubio y Rick Scott, del partido Republicano, acusan al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de violar el acuerdo de extradición para combate al narcotráfico internacional, vigente entre México y Estados Unidos. La controversia de este asunto no sólo se centra en el hecho de la transgresión misma que supuestamente habría cometido el presidente mexicano, sino también en el motivo que supuestamente habría originado la falta que se le imputa a López Obrador, pues sus acusadores señalan que este indebidamente omitió detener y extraditar el presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante su estancia en México, a mediados del mes de septiembre de 2021.
Los senadores afirman que detrás de esto existe un proceso criminal que Nicolás Maduro enfrenta en una corte de Nueva York, bajo la acusación de haber introducido cocaína a los Estados Unidos a través de la organización delictiva “Cártel de los Soles”, presuntamente encabezada por el presidente de Venezuela. El Departamento de Estado, de los Estados Unidos, no ha confirmado si la administración del presidente Joe Biden hizo una solicitud expresa al gobierno del presidente López Obrador, para que el presidente Maduro fuera detenido durante su estancia en México, con fines de extradición; sin embargo, el tema ha levantado revuelo.
De confirmarse tal solicitud, no sería esta la primera ocasión en la que el mandatario mexicano transgrede normas que se encuentra obligado a cumplir, pues existen sobradas evidencias de las diversas ocasiones en las cuales, durante su mandato, ha cometido infracciones contra la Constitución y las leyes del país cuando éstas se contraponen a su voluntad. En caso de haber existido dicha petición formal de un gobierno al otro, se estaría sentando un precedente grave para México, y en particular para la administración del presidente López Obrador, pues dicha anomalía implica el desacato a una convención de carácter internacional, que nuestro país debe necesariamente respetar y cumplir.
Recientemente fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el ahora ex-gobernador chihuahuense, Javier Corral Jurado. El motivo de dicha acción legal es la supuesta comisión por parte de Corral de conductas que tipifican el delito de Traición a la Patria. El acusador o denunciante es el empresario Otto Valles Baca, quien fuera jurídicamente asediado y perseguido por Javier Corral durante el mandato de éste, mediante la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”. Este supuesto mecanismo de justicia en realidad constituyó una estratagema diseñada por el entonces gobernador Corral, para acosar, perseguir y castigar –independientemente de la suficiencia o insuficiencia de fundamentos- a quienes el otrora mandatario consideraba sus enemigos políticos.
Hoy los papeles parecen invertirse, y Javier Corral enfrenta acusaciones por ocupación ilegal de cargos públicos y ejercicio indebido del sufragio sin tener derecho a ello, por su supuesto origen extranjero, al haber nacido en la ciudad de El Paso, Texas. Al parecer el acusador de Corral le cuestiona a éste la deshonestidad y carencia de ética mostradas en su conducta política, así como en el desempeño de cargos públicos y funciones electorales al amparo de una doble nacionalidad, al haber nacido en Estados Unidos y también lograr ser registrado como nativo de Ciudad Juárez. Hoy parece ser etapa de desagravios y revanchas; quienes ayer fueron víctimas de Corral ahora comienzan a convertirse en sus verdugos.
