Así lo exigió el abogado Gabriel Alejandro Vidaña
César Lozano/ El Diario
Chihuahua– La Secretaría de la Función Pública se encuentra obligada a iniciar una investigación por el caso de la amiga de Leticia Corral, hermana del gobernador, quien cobra como asesora de apoyo al despacho del mandatario sin acudir a trabajar, además de los escoltas asignados a la hermana del mandatario y la incorporación de los padres de Mónica Vargas, titular de la Función Pública, como derechohabientes de Pensiones Civiles.
Así lo exigió el abogado Gabriel Alejandro Vidaña, quien dijo que se trata de casos claros de desvío de recursos en perjuicio del erario chihuahuense, que no se pueden dejar pasar, porque además se trata de claros abusos de poder por parte de personas cercanas al gobernador saliente.
El abogado litigante habló sobre el caso de Alma Lidia Portillo Ochoa, amiga cercana de la hermana del gobernador, Leticia Corral, quien desde 2018 se encuentra en la nómina sin justificar presencia ni resultados laborales.
“En cuanto a la persona que está en la nómina, con carácter de lo que comúnmente llamamos ‘aviador’, que es una simulación, esto puede caer bajo una situación penal o de responsabilidad ante la Secretaría de la Función Pública”.
Vidaña indicó que en el caso de la asignación de escoltas para la hermana del gobernador, también se podría configurar el delito de desvío de recursos públicos porque no se justifica esto bajo una situación de riesgo, y para ello se utiliza a personas con sueldo público que deberían dedicarse a realizar investigaciones.
“Si los observamos bajo cierta analogía, ciertamente estás desviando el sueldo de un funcionario público a funciones que no le competen y no están justificadas”, externó.
En análisis fue más allá y abarcó también el caso de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Mónica Vargas, quien aprovechando sus influencias ingresó a sus padres como derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado, a pesar de no ser dependientes económicos de ella y sin considerar los problemas financieros de la institución
Se tiene que aclarar bajo qué supuestos del reglamento de servicio médico, Pensiones Civiles permitió que de manera directa se le brindara el servicio médico a los papás de la secretaria de la Función Pública; la realidad es que el grueso de los funcionarios que lo deben recurrir a todo un proceso administrativo e incluso ante el tribunal de amparo y que sea el juzgado de distrito el que ordene su alta, y es muy sospechoso que a ellos de manera directa los hayan aceptado”, concluyó.
