Si bien políticamente la salida del gobernador Corral se podría ubicar a mediados de agosto, cuando rinda su último informe de gobierno, lo cierto es que con la realización de las elecciones del próximo domingo se habrá terminado el ejercicio de gobierno de quien había sido un destacado tribuno del PAN a lo largo de casi un cuarto de siglo.
Javier Corral deja el gobierno en medio de un gran descrédito, calificado como el peor, o el segundo peor de los mandatarios estatales y ahora envuelto en varios de los actos más bochornosos que gobernante alguno pudiera escenificar:
Acusado por la élite empresarial de Chihuahua de violar la ley para “jinetear” (perdón, pero quizá ese término es el que mejor describe tal situación) las aportaciones recaudadas por Hacienda que esta dependencia debería entregar a los fideicomisos, Ficosec y Fechac y que, en el colmo del ridículo, encima lo acusaron de mentir, cuando el gobernante declaró que habían firmado un convenio mediante el cual su gobierno se comprometía a pagar el adeudo.
Si ese hecho es de por sí bochornoso, el otro acaecido en estos días es igualmente ridículo y, aún más, peligroso en extremo.
A raíz de no haber efectuado algunos pagos del arrendamiento de centenas de vehículos de seguridad pública, la empresa decidió inmovilizarlas mediante mecanismos electrónicos hasta en tanto se efectuaran los pagos correspondientes.
Si no es porque se trata de vehículos asignados a los elementos policíacos del estado, movería a la carcajada batiente tal hecho, que se suma a la previa resolución judicial en la que le ordenaron al gobierno del “Nuevo Amanecer” pagara de inmediato la camioneta blindada asignada al Secretario de Seguridad Pública, luego de no haberlo hecho a lo largo de casi tres años de la adquisición.
La “jineteada” del dinero efectuada por la dupla Corral-Fuentes Vélez no tiene parangón, no solo en Chihuahua, sino, probablemente, en el resto del país.
El modus operandi fue el mismo, y lo aplicaron lo mismo para la recaudación del impuesto sobre nómina, para escamoteárselo a Ficosec y Fechac, que para las cuotas de la Cruz Roja, o las de Pensiones Civiles -que deberían entregar la Secretaría de Hacienda, diversas dependencias estatales y la Uach-, que para pagar el arrendamiento de vehículos de seguridad pública, que los recursos etiquetados para el pago de la nómina de maestros y empleados del Colegio de Bachilleres.
El colmo fue, para los días presentes, el de que el personal del Hospital de la Mujer (en Juárez), “se declaró en huelga permanente, salvo urgencias, por falta de mantenimiento a la refrigeración del lugar” (Nota del Staff, El Diario de Juárez, 2/VI/21); ¡también por falta de pago!
En la misma circunstancia se encuentran los proveedores del gobierno del estado, a los que se les adeuda, según distintas versiones, hasta un monto de 7-8 mil millones de pesos.
También los “jinetearon”, pues, por ley, las obras, o las adquisiciones, no se pueden efectuar si no hay recurso económico disponible asignado para la obra o la compra, lo que le da garantía, a la dependencia compradora o beneficiaria de la obra y al proveedor, de contar con el dinero necesario para terminar las obras y entregar los bienes adquiridos por la administración estatal.
No hay duda, al término de su administración deberán enfrentar los procesos jurídicos correspondientes pues las violaciones legales son numerosas, así como el daño patrimonial efectuado al gobierno estatal, además de las prohibiciones expresas de las leyes para disponer a su antojo de los recursos públicos.
El daño patrimonial podrá ubicarse en la obligatoria rendición de cuentas de los intereses que cantidades como las involucradas generan y que analizados los informes financieros no aparecen, o se obtuvieron cantidades menores, precisamente por el uso indebido de los recursos para fines distintos a su objeto, aspecto, éste último, señalado por el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix.
Y pudieron no haber dispuesto de esos recursos para sus personas, pero sí tenían expresamente prohibido disponer de ellos para otros fines que no fueran los claramente señalados por las dependencias federales o estatales, o, incluso, lo aprobado por el Congreso del Estado en lo referente al presupuesto estatal de Chihuahua.
Creyeron que serían los matanceros al infinito, se les olvidó que las gestiones gubernamentales tienen términos.
La del “Nuevo Amanecer de Chihuahua”, por fin, se acabó.
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