*AMLO: denuesta a las instituciones cuando no actúan a su gusto.
*El TEPJF… ¡se engrandeció!
El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue hablando y dando de qué hablar al pronunciarse en contra de las instituciones. Esta semana el mandatario traspasó una vez más los límites que la Constitución, su investidura y la prudencia exigen; denostó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido a que ambos órganos ordenaron el retiro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, quienes eran candidatos a gobernador por MORENA en los estados de Guerrero y Michoacán, respectivamente. La complicación para ambos aspirantes comenzó a raíz de su incumplimiento de la normatividad legal que los obliga a entregar al INE informes sobre sus gastos de precampaña, por lo que este órgano tuvo que aplicar la sanción correspondiente a dicha falta, es decir, la cancelación de las candidaturas.
La determinación final la dio el Tribunal electoral, quien después de analizar con estricto apego a derecho los citados casos ratificó la sanción consistente en el retiro de ambas candidaturas, como previamente lo había determinado el INE. El resultado de la votación del Tribunal fue contundente, pues de los siete magistrados y magistradas que lo integran sólo el magistrado Presidente, José Luis Vargas -de clara filiación morenista y ligado estrechamente al presidente López Obrador-, votó contra el retiro de las candidaturas, mientras que los seis restantes miembros de ese cuerpo jurisdiccional coincidieron con el INE.
Tal resultado, aunque indiscutiblemente legal y apegado a la razón, fue sorpresivo para el país, pues tanto en los círculos políticos y periodísticos como en la opinión pública se pensaba que a través del cabildeo político operado por el magistrado Vargas, el presidente López Obrador y MORENA lograrían hacer que las y los demás jurisconsultos del TEPJF accedieran a favorecer a los candidatos lopezobradoristas. El fallo fue verdaderamente inesperado, tanto para el presidente López y sus seguidores como para el resto del país, ya que todas las predicciones daban por hecho que el Tribunal pasaría en blanco la observancia de la Constitución y la ley, para plegarse a los designios del mandatario nacional y su partido. Además, el mismo día que resolvió cancelar las candidaturas de Salgado y Morón, el TEPJF también emitió una resolución para obligar a la observancia estricta de la norma Constitucional que pone un límite a la sobrerrepresentación de los partidos políticos en la Cámara de Diputados –norma que en la actual legislatura ha sido artificiosamente transgredida por MORENA, para alcanzar en modo ilegítimo el número de legisladores que ahora tiene-, lo cual constituyó otro freno a las pretensiones del presidente de la República.
La reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque errónea desde el punto de vista bajo el que se analice -ético, jurídico, político, racional, etc.-, no se hizo esperar. Durante los días siguientes a la emisión de los citados fallos electorales el titular del Poder Ejecutivo dedicó sus conferencias “mañaneras” a descalificar al INE y al TEPJF, declarando que las decisiones de dichos órganos eran, además de inconstitucionales, un atentado a la democracia y una provocación. En su airado discurso, el mandatario todavía fue más allá, pues dijo que el INE y el TEPJF debían ser reformados e integrados por personas honorables –es decir, que no se presten a la corrupción-.
Los órganos constitucionales autónomos como el INE –y otros más como el INAI, el INEGI y la COFECE, a los que el presidente AMLO también ha atacado- y los poderes independientes como el Poder Judicial -SCJN y TEPJF-, son parte del mecanismo Constitucional de contrapesos de poder que hoy existe en todos los países democráticos. México no es la excepción, sin embargo, el presidente López Obrador parece no estar dispuesto a aceptar la existencia de estos contrapesos Constitucionales que tanto él como su gobierno tienen el deber de respetar. Por disposición de la Constitución y las leyes secundarias respectivas, el INE y el TEPJF son los órganos encargados de garantizar el legítimo funcionamiento del sistema electoral democrático que hoy rige las elecciones en México. Este sistema electoral es precisamente el que organizó, calificó y validó la legalidad de la elección que permitió al licenciado Andrés Manuel López Obrador obtener el cargo de Presidente de México.
No obstante la legitimidad y confiabilidad del actual sistema electoral mexicano, hoy el presidente López Obrador, sin respeto a la autonomía constitucional del INE y del TEPJF, y sin el menor recato, denigra a ambas instituciones, solo porque éstas, en ejercicio del deber ético y jurídico que las obliga a vigilar de manera imparcial el cumplimiento de la ley por parte de todos los actores políticos, sancionaron a dos de sus candidatos favoritos. Las instituciones públicas no tienen por objeto el acomodo de su actuación para satisfacer pretensiones personales o de grupos facciosos; su deber es ejercer las atribuciones que les confiere marco jurídico que las regula, con el fin de atender al interés colectivo.
Lo que el INE y el TEPJF han hecho es cumplir lo que les ordenan la Constitución y las leyes correspondientes a su ámbito de competencia. Si esto molesta al presidente López Obrador, lo prudente sería que al menos guardara silencio al respecto, ya que al manifestarse en público, en la forma que lo ha venido haciendo, revela una clara incongruencia con el compromiso que hizo ante la nación al tomar posesión del cargo que hoy ocupa, cuando prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución del país y las leyes que de ella emanan.
