En esta ocasión el Gobierno por lo menos negoció con el sector privado y aceptó eliminar algunos de los elementos más dañinos de la medida. No hay duda, sin embargo, de que la prohibición de la subcontratación destruirá empleos y disminuirá la competitividad de las empresas mexicanas. Lo entendía hace un año el propio presidente López Obrador, quien afirmó el 27 de marzo de 2020: “Por lo pronto no creo que sea el momento de atender esto”. Sin embargo, el senador Napoleón Gómez Urrutia insistió hasta conseguir lo que anhelaba: prohibir una de las formas de contratación que más empleos ha generado en nuestro país.
Lo peor es que la nueva prohibición —paradójica para un Presidente que repite siempre la frase “Prohibido prohibir”— se basa en un diagnóstico equivocado. El senador y algunos funcionarios del Gobierno argumentan que las empresas realizan subcontrataciones para evadir sus obligaciones fiscales o laborales, pero la ley actual ya obliga al subcontratante a hacerse responsable de las obligaciones legales del subcontratista. Sí bien es cierto que algunas empresas de subcontratación pagan salarios artificialmente bajos para disminuir sus cuotas del IMSS, también lo hacen firmas que no son de outsourcing; el problema no tiene nada que ver con la subcontratación. El Presidente ha afirmado que la razón por la cual hay una disminución importante de empleos formales en diciembre de cada año es la subcontratación; no sabe, al parecer, que es un mes en el que vencen muchos contratos temporales de empleo, lo cual no tiene nada que ver con la subcontratación.
Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se concentró en buscar un acuerdo para limitar el reparto de utilidades. Efectivamente, se restringió el pago de este reparto, que solo existe en México entre nuestros socios y rivales comerciales, a tres meses sobre el salario del trabajador. Esto reducirá el castigo a las empresas de uso intensivo de capital, que tienen un número pequeño de trabajadores en comparación con sus ingresos. Se exentó también de la prohibición a los servicios especializados, compartidos y legales. Las reglas completas, sin embargo, no se conocerán hasta el primero de mayo.
Independientemente de que se haya atenuado la medida, prohibir en México una forma de creación de empleos que se utiliza en todo el mundo inhibirá la competitividad y destruirá puestos de trabajo. No sabemos todavía cuántos de los más de 4 millones de empleos subcontratados en la economía nacional, 20% de los puestos formales de trabajo, desaparecerán. Para las empresas, los tres meses de plazo para absorber al personal subcontratado es realmente nada.
En el futuro habrá menos inversiones productivas en México, porque las empresas internacionales se darán cuenta que la restricción genera costos importantes que no existen en otros países que compiten con nosotros. La prohibición se registra en un momento en que la tecnología, la competencia y la necesidad de flexibilizar la producción están generando nuevas formas de trabajo en el mundo. Lo vemos en las plataformas de servicios como Uber o en la intensa subcontratación que está realizando la industria farmacéutica, antes reacia a hacerlo por razones de propiedad intelectual. En México, sin embargo, ponemos nuevas barreras. Los trabajadores lo pagarán con menos empleos.
Afortunadamente, los políticos que impulsan la prohibición no se preocupan. Ellos ya tienen trabajo.
De gira
Ebrard se va de gira por Rusia, China, India y Estados Unidos para “acelerar” la entrega de vacunas. No me queda claro en qué pueda ayudar a ese propósito la presencia física del canciller mexicano. Quizá les pida que aceleren los procesos de subcontratación a los que están recurriendo.
