Ayer por la mañana autoridades federales dieron a conocer que implementarán una estrategia con el fin de garantizar la seguridad de candidatos rumbo al proceso electoral del 2021.
Frente al proceso electoral que se llevará a cabo en México el próximo 6 de junio, autoridades en materia de seguridad dieron a conocer durante la conferencia emitida esta mañana desde Palacio Nacional, la estrategia que se implementará para garantizar la seguridad y el bienestar de cada uno de los candidatos a puestos públicos.
De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, buscarán hacer frente a la delincuencia organizada así como a la “delincuencia de cuello blanco”, para evitar que intimiden a los aspirantes:
“(Buscaremos) que no los intimiden, que no los obliguen a declinar por amenazas, intereses, por todo esto que se presenta en los procesos electorales y queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad”, señaló la funcionaria.
Aquí la estrategia:
Estrategia de seguridad electoral
OBJETIVO: Detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las acciones del partido del crimen y la delincuencia que asesina, extorsiona, coopta y secuestra a aspirantes, candidatos y servidores públicos, sobre todo del ámbito municipal.
Nivel de gobierno en contienda
Tendencia de la delincuencia organizada a buscar incidir en el nivel municipal.
Amenazas a candidatos de primera ocasión así como de reelección
Presencia de delincuencia organizada
Mayor involucramiento criminal en entidades altamente disputadas por grupos delincuenciales. • Acentuada por la incidencia delictiva en el nivel municipal.
Competitividad partidista
Despliegue de estrategias de incidencia criminal en los partidos más competitivos
Hacer un llamado a partidos políticos y autoridades electorales para que los candidatos cumplan con requisitos de ley.
Establecer mesas de trabajo entre SEGOB, SSPC, partidos políticos, fiscalías y autoridades locales competentes para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia ,organizada.
Consultar con los gobernadores, la aplicación de la Estrategia, con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas.
Reforzar la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo.
Facilitar y fortalecer, en su caso, la conformación y seguimiento de las carpetas de investigación de aspirantes y candidatos, en coordinación con las autoridades competentes.
Aplicar criterios de incorporación y atención de aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección.
Desplegar acciones de blindaje electoral y coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes locales y federales.
Establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, incidencia delictiva y riesgos para el proceso electoral.
Evaluar de manera semanal el avance de esta estrategia y presentar un informe en el Gabinete de Seguridad Nacional.
