•Lecturas y conjeturas de las “pre candidaturas” morenistas.
•Detención del general Cienfuegos: afrenta internacional al Estado Mexicano.
La renuncia de Juan Carlos Loera De la Rosa, al cargo de Delegado de los Programas para el Bienestar en el Estado de Chihuahua, obedece, sin duda, a la efervescencia política interna que desde meses atrás se observa al interior de MORENA, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde que Cruz Pérez Cuéllar, impulsado por el efecto AMLO arribó a la senaduría en la elección del año 2018, luego de haber transitado por el PAN y Movimiento Ciudadano, se le vio por algunos medios de comunicación como único y virtual candidato del lopezobradorismo al gobierno de Chihuahua.
Aunque a Loera se le mencionaba como posible aspirante en virtud de la investidura –de “Virrey”, decían los medios- que López Obrador le confirió, la presencia del ex-panista se catalogaba como más sólida, por lo que a Pérez Cuéllar seguía considerándosele como el actor más viable para ser ungido con la encomienda de intentar darle a Andrés Manuel López Obrador la satisfacción de colocar a uno de los suyos como gobernador de Chihuahua. El escenario empezó a tomar un aspecto distinto cuando meses atrás subieron a la palestra Rafael Espino, Víctor Quintana y Carmen Almeida, quienes expresaron de manera pública que ellos también desean buscar la nominación morenista para contender por la gubernatura del estado -en los difíciles comicios del año 2021-. Luego vendría a sumarse a la competencia el ex delegado Loera, quien en días recientes se separó del cargo que ostentaba, anunciando que lo hizo para buscar la multicitada candidatura.
La diversidad de aspirantes morenistas al gobierno de Chihuahua puede ser interpretada mediante varias lecturas. Una de las razones que justificaría dicha variedad de contendientes es, sin duda, la libre competencia democrática que se supone debe caracterizar a la vida interna de cualquier partido político. La otra explicación de tal pluralidad de “precandidaturas” podría ser una eventual decisión tomada en Palacio Nacional con el objeto de lograr que el abanderado sea alguien más cercano a AMLO y/o con mayor arraigo y militancia dentro de las filas de MORENA. Bajo el análisis de ésta última premisa no resulta complicado deducir que el aspirante que se hallaría en desventaja es el senador Cruz Pérez Cuéllar, es decir, éste dista de ser el más allegado o favorito de López Obrador.
Despierta dudas el proceso seguido en Estados Unidos contra quien fuera Secretario de la Defensa Nacional de México durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El General Salvador Cienfuegos fue detenido por la DEA el 15 de octubre de 2020, en Los Ángeles, California (EU), bajo acusaciones de colusión con el narcotráfico. Tal hecho constituye, en la opinión de algunos analistas, una de las más serias afrentas políticas que a través de la historia Estados Unidos ha hecho a México. Según lo revelado por los medios, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no recibió aviso anticipado del asunto, y solo cuando había sido ejecutada por el gobierno de Estados Unidos la detención del general Cienfuegos, el embajador norteamericano en México, Christopher Landau, informó de ello a Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano.
No ha faltado quien vea en la detención del general Cienfuegos una estratagema política del presidente Donald Trump, orientada a levantar su accidentada campaña reeleccionista, así como a fortalecer a su homólogo mexicano y al gobierno que este encabeza, pese al supuesto “desconocimiento previo” de AMLO respecto al operativo del norteamericano; es decir, algunos se atreven a pensar que el sonado caso es un montaje previamente acordado al más alto nivel. También hay versiones que sostienen la posibilidad de que el ex titular de la SEDENA y otros altos jefes del Ejército se hayan corrompido involucrándose en acciones de protección y apoyo a cárteles traficantes de droga que operan en territorio mexicano.
Quienes abogan por la inocencia de Cienfuegos manejan como principal argumento de defensa el modesto patrimonio personal que el general constituyó durante cuatro y media décadas de desempeño en el Ejército, y cuyas cifras se han empezado a conocer públicamente. Por su parte, los acusadores esgrimen -con bastante lógica y razón- los consabidos señalamientos de corrupción que desde años atrás y en distintas épocas se le han venido haciendo al Ejército Mexicano, tanto por la sociedad mexicana, como por los Estados Unidos. Bajo el principio jurídico de presunción de inocencia, el general Cienfuegos será inocente mientras no se demuestre lo contrario, sin embargo, su detención y las acusaciones que se le formulan significan un duro golpe de trascendencia internacional que ha puesto en entredicho la credibilidad e integridad institucional del Ejército y el Estado mexicanos.
