El diputado Omar Bazán dijo que la liberación de miles de reos en el país que contempla la recien aprobada Ley de Amnistía, es un mal mensaje del gobierno federal a la sociedad y consideró que en el caso específico del delito de aborto, no debió otorgarse este beneficio, incluyendo a las personas que lo asistieron.
Ante todo el derecho a la vida, argumentó el legislador priista en una iniciativa de decreto que presentó ante el Congreso del Estado, en la que propone derogar el articulado de la Ley de Amnistía que concede liberar a quienes incurrieron en este delito.
Para ello, el también dirigente estatal del PRI propuso derogar los incisos a, b y c, del Artículo Primero, Fracción I, que permiten liberar tanto a la mujer que lo haya cometido, como para el personal que haya asistido el aborto.
“Espero que la iniciativa sea aprobada como una aportación de la legislatura de Chihuahua para que el Congreso de la Unión de marcha atrás y continúe los procesos contra quienes fueron detenidos por el delito de aborto.
Recordó que sobre este tema, los grupos parlamentarios respaldaron en febrero pasado un punto de acuerdo de la diputada priista Rosy Gaytán para que el Congreso de Chihuahua exhorte a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que detenga la despenalización del aborto en el país.
Por otra parte dijo que la aprobación de esta ley, en términos generales, es un mal mensaje a la sociedad argumentando el riesgo de contagios por COVID-19.
Es un acto disfrazado porque la actual administración federal ha ampliado los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa -y con ello el incremento de la población en los centros penitenciarios- pero ha disminuido los presupuestos de justicia y defensoría pública, lo cual hace más lento el proceso penal y por tanto extiende el tiempo en prisión, expuso Omar Bazán.
“Más aún, el grupo en el poder no ha legislado, como fue su promesa, en materias realmente importantes para el País”, señaló Omar Bazán.
Quienes promueven la Ley de Amnistía lo sustentaron como una medida que reduzca el nivel de contagio y muerte por COVID 19 al interior de los centros penitenciarios, extinguiendo la acción penal, para quienes hayan sido sentenciados o se encuentren bajo proceso penal, por la comisión de tipos penales específicos, siempre que su causa se esté llevando a cabo ante un tribunal federal, explicó Omar Bazán.
La mejor medida ya se encuentra en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevé el otorgamiento de libertad condicional o anticipada, por razones humanitarias, a personas mayores de edad o que padezcan enfermedades crónicas degenerativas, es decir los mismos grupos de alto riesgo que ha señalado la autoridad sanitaria; pero que previene la salida de aquellos que hayan cometido delitos graves como homicidio, violación o secuestro.
En todo caso, señaló el legislador, la propuesta más rápida y adecuada es la expedición de un Decreto que permita la aplicación de medidas colectivas para personas mayores de 65 años o que padecen hipertensión o diabetes, para que puedan obtener libertad anticipada o condicional, siempre que no hayan cometido delitos graves.
Esta medida puede ampliarse a mujeres embarazadas o que viven con niños pequeños en las cárceles.
Más aún, pueden generarse acciones colectivas de libertad condicional o anticipada a personas cuya sentencia no sea mayor a cuatro años, y que no hayan cometido delitos graves o violentos; y si no tienen los recursos para la reparación del daño, deberá ser el Estado quien asuma esta responsabilidad como obligado solidario, puesto este es un derecho de las víctimas.
Recordemos que la mitad de las personas privadas de la libertad aún no ha recibido sentencia, para estas personas podría sustituirse la medida cautelar, por arresto domiciliario o el uso de brazaletes de geolocalización, siempre que no representen un peligro para las víctimas o tengan los medios de fuga, señaló por último Omar Bazán.
