El diputado Omar Bazán dijo que frente a las medidas de prevención por COVID-19, no basta con cancelar visitas a los CERESOS sino trabajar para evitar contagios entre internos, personal de custodia y administrativo.
A través de una iniciativa de punto de acuerdo presentado la semana pasada, el legislador priista pidió al Congreso del Estado solicite a los tres órdenes de gobierno implementen las acciones necesarias a fin de prevenir contagios en los centros penitenciarios del Estado.
Dijo que la Secretaría de Salud estima que diariamente ingresan a las cárceles federales alrededor de 3 mil 500 personas, entre abogados, empleados y proveedores.
De ellas, aproximadamente 400 son de familiares de internos.
Agregó que el Gobierno Federal emitió un protocolo de actuación para la atención del Covid-19 en centros de reinserción social a su cargo, el cual contempla a 17 mil 058 internos, pero estos representan solo el 8.4% del total de los reos que existen en el País, abundó.
Por ello es imperante se aplique un protocolo en todo el sistema de reinserción social de Chihuahua, sostuvo el también dirigente estatal del PRI.
De acuerdo a estudios de diversas organizaciones civiles, el nivel de hacinamiento hoy en día es elevado lo que incrementa el riesgo de contagio, indicó Bazán Flores.
Solo en materia federal, el 60% de los centros tiene deficiencias para cumplir con las medidas de higiene y sana distancia, y según información de expertos, los presos, sus familiares y personal se vuelven más vulnerables a enfermedad.
Organizaciones de la sociedad civil como Documenta, Reinserta y Derechos sin Barreras, alertan que en las cárceles mexicanas, donde se encuentran recluidas 200 mil 936 personas, existe el peligro de contagios masivos de Covid 2019.
El principal riesgo, alertan, es que en seis de cada 10 prisiones las condiciones para cumplir con medidas de higiene y sana distancia son difíciles de cumplir, pese a lo que ha demandado el gobierno federal para evitar la propagación del Covid-19.
El Diagnóstico nacional del sistema penitenciario de la CNDH de 2019 advirtió que en 63% de los centros de reclusión federales y estatales las condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios son «deficientes»: en 32.79% hay insuficiencia en los servicios de salud, en 33% de las prisiones hay sobrepoblación y en 32% existe hacinamiento.
Según la Encuesta nacional de población privada de la libertad del INEGI, 45.6% de la población privada de la libertad compartió su celda con más de cinco personas y 12.5% compartía cama; además, 30% de las personas reportó contar con agua potable en sus celdas y alrededor de 5%, carecía de drenaje. «Ahorita no hay casos confirmados dentro de los centros de reclusión, pero una vez que entre el contagio va a ser masivo. Las zonas de aislamiento no existen», advierte María Sirvent, fundadora y coordinadora institucional de Documenta.
Por otro lado la asociación Reinserta manifiesta que “las autoridades de los tres órdenes de Gobierno deben considerar en sus planes de emergencia al sistema penitenciario, destinando los recursos humanos y materiales necesarios para la atención de tan delicada situación”.
En tanto que la Derechos sin Barreras indicó que “las personas privadas de la libertad padecen un sistema penitenciario en crisis que no está preparado para hacer frente al nuevo coronavirus, tienen un sistema caracterizado por diversas situaciones que vulneran sus derechos humanos, como hacinamiento, corrupción, ingobernabilidad, carencias de agua, insumos y servicios básicos de higiene que las pone aún más en riesgo ante la pandemia”.
