Una trabajadora del Poder Judicial de la Federación en Durango desnudó en una frase el verdadero trasfondo de la crisis que hoy paraliza decenas de sedes federales: quieren capacitación, sí, pero temen —con sobrada razón— que la evaluación se convierta en el garrote para purgar a quien resulte incómodo a su superior. La protesta que prendió en Ciudad Juárez el jueves y que el viernes cerró los accesos en Chihuahua capital no es resistencia al mérito; es legítima defensa frente a la arbitrariedad.
El Órgano de Administración Judicial intenta apagar el fuego asegurando que el ejercicio de diciembre será meramente diagnóstico y sin efectos sobre la permanencia. Es una verdad a medias que evade el problema de fondo. La verdadera trampa está en el diseño de las evaluaciones ordinarias: el examen de competencias vale 40 puntos, la capacitación 20 y los reportes institucionales 10; pero un desproporcionado 30 por ciento depende de cuestionarios respondidos por superiores y compañeros.
Dicho sin rodeos: entregar casi un tercio de la calificación a la percepción subjetiva del jefe inmediato es institucionalizar el vasallaje. En derecho, cualquier acto de autoridad que pueda privar a un servidor público de su nombramiento exige hechos verificables, causalidad probada y garantía de audiencia para controvertirlos, no encuestas de popularidad ni ajustes de cuentas disfrazados de métrica administrativa. El llamado de Hugo Aguilar para evitar una evaluación punitiva se quedará en retórica hueca si la mesa de diálogo no blinda normativamente al trabajador frente a la discrecionalidad de su titular.
Ahora bien, si la evaluación va en serio, debe alcanzar sin privilegios a todos los jueces y magistrados del país. La Constitución prevé evaluar en su primer año a quienes resulten electos, pero la obligación de rendir cuentas dura todo el encargo. Evaluemos lo que importa al justiciable: si las sentencias se dictan a tiempo, si están sólidamente fundadas y si al ciudadano se le trata con dignidad. Pero hagámoslo con seriedad técnica. Un evaluador competente debe distinguir entre la negligencia de un juzgador y el colapso de un juzgado saturado; sobre todo, jamás debe confundir la evaluación administrativa con la intromisión en el criterio jurisdiccional, que cada juez está obligado a ejercer con absoluta independencia.
En Chihuahua el reloj de las evaluaciones ya está corriendo, pero rodeado de una opacidad que inquieta. El Tribunal de Disciplina Judicial actúa como si no tuviera que rendir cuentas a nadie: urge que explique a quiénes ha evaluado, bajo qué parámetros objetivos y qué destino tendrán esos resultados. Es justo reconocer el oficio del Órgano de Administración Judicial que encabeza Karla Esmeralda Reyes Orozco, cuyo manejo austero y cuidadoso marca una diferencia, así como la entrega institucional con la que Marcela Herrera ha representado al Poder Judicial del Estado.
Sin embargo, el buen manejo administrativo no suple el déficit mayor de nuestra judicatura local: a varios titulares les sigue quedando grande el peso de la independencia judicial. Todavía hay juzgadores que miran de reojo hacia Palacio antes de firmar un acuerdo. La prueba de fuego de un juez ocurre cuando el gobierno estatal es parte interesada en el expediente; es ahí, y no en los discursos de aniversario, donde se demuestra que se pertenece a un poder autónomo y no a una ventanilla de trámite del Ejecutivo. Del mismo modo, el Tribunal de Disciplina debe transparentar para qué sirven sus visitas y comisiones, qué resultados reales ha dado su coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y, fundamentalmente,cómo garantiza que la disciplina no se use para doblar a jueces independientes.
Que Chihuahua capital decida (y que Vialidad tenga titular)
El Consejo Estatal del PAN dio el sábado un paso necesario al pedir que la candidatura a la alcaldía de Chihuahua se defina por el método ordinario —elección interna, primaria abierta o encuesta— descartando, al menos en el papel, la tentación del «dedazo». Que se haya expresado un respaldo político a Marco Bonilla rumbo a la gubernatura corre por una pista distinta; la capital no es moneda de cambio ni herencia automática, tiene su propia complejidad y su propia candidatura por resolver.
Pero el exhorto del Consejo se quedará en simulación si la dirigencia no fija reglas claras desde ahora. Si van a las urnas,que transparenten el padrón y quién contará los votos; si optan por la encuesta, que digan quién la pagará, qué metodología tendrá y cómo se auditará. En una contienda interna que promete ser cerrada, la única vacuna contra la fractura es la certeza de que la cancha estuvo pareja para todos, especialmente para quienes no resulten favorecidos.
En medio de esa reconfiguración, César Komaba tomó una decisión reveladora: dejó la presidencia del PAN municipal para aferrarse a la Subsecretaría de Movilidad. Se equivocó de renuncia. Por salud pública y por congruencia política, debió dejar Vialidad y, si su vocación es la grilla partidista, dedicarse de lleno a ella.
Los conductores de la capital padecen todos los días una corporación que parece más enfocada en la cacería recaudatoria que en la prevención de accidentes. La ciudadanía tiene derecho a exigir operativos que salven vidas, infracciones debidamente fundadas y motivadas —no boletas levantadas al tanteo— y mecanismos ágiles para impugnar abusos. Esa gestión en Movilidad hace tiempo que agotó su crédito y urgía un relevo técnico, no que su titular se atrincherara en el cargo tras soltar el partido. El PAN tiene ante sí la oportunidad de abrir su proceso a los ciudadanos; la gobernadora, por su parte, tiene una decisión impostergable que tomar sobre el deficiente servicio que hoy se presta a quienes transitan por la ciudad.
*ABOGADO LITIGANTE, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE JURISTAS «JORGE MAZPULEZ PEREZ», VOCERO DE LA FECHCA Y MIEMBRO DE LA AECHIH.
