Van 7 de Morena / Muchos y conflictivos / Narcogobierno Vs. Traidores a la Patria / Caravana contra el PAN
EN EL SUPUESTO de que todos los registros se mantengan, Morena tendría por lo menos siete aspirantes a la coordinación municipal de Defensa de la Cuarta Transformación, es decir, a la antesala de la candidatura por la alcaldía de Chihuahua capital.
La convocatoria está por cerrar y, a unas horas de que venza el plazo, se sumaron nuevos perfiles que le ponen más sabor al proceso interno, pero también anticipan una disputa que difícilmente terminará en unidad.
Entre los nuevos registros aparecen la abogada Martha Serrano y la defensora de derechos humanos Rosa Lilia Cardona, ambas identificadas con el morenismo desde sus orígenes, al igual que el profesor Martín Chaparro. Este grupo representa a los militantes que presumen haber estado en el movimiento desde su fundación, cuando Morena todavía no tenía el poder ni los cargos que hoy despiertan tanto interés.
Pero la lista también incluye a la diputada local Brenda Francisco Ríos, quien fue candidata a gobernadora por el Partido Verde; a Miguel Riggs, quien compitió por la alcaldía bajo las siglas de Movimiento Ciudadano y anteriormente militó en el PAN, y al empresario Sahir Rentería, de antecedentes panistas. La incorporación más reciente es la de Héctor Ochoa, de filiación priista y exvocero del alcalde Javier Garfio. Vaya mezcla de orígenes y colores partidistas para un movimiento que suele presumir que sus aspirantes representan una misma causa.
Es positivo que Morena tenga un abanico amplio de opciones, pero el problema comienza cuando llega la hora de escoger. Como lo advertimos desde que arrancó el proceso en la capital, siete aspirantes no necesariamente significan siete opciones competitivas; también pueden convertirse en siete frentes de confrontación, con descalificaciones, rupturas y divisiones que después resultan difíciles de reparar.
El antecedente del PAN está a la vista: mucho antes de la detención del exfiscal César Jáuregui, ya se advertían tensiones entre quienes aspiraban a la candidatura y quienes pretendían inclinar la balanza.
Y en Morena la historia amenaza con repetirse. Las apuestas apuntan hacia Brenda Ríos, pero la pregunta es qué ocurrirá si finalmente resulta elegida y, sobre todo, qué pasará si la decisión favorece a otro de los aspirantes.
El problema para Morena no termina con el nombramiento del defensor, porque tendrá que recomponer las relaciones entre los grupos y evitar que los inconformes terminen trabajando por su cuenta.
A eso hay que agregar que la decisión final, con encuestas o sin ellas, dependerá de la dirigencia nacional, donde se concentra el verdadero poder de decisión y donde las opiniones de los grupos locales pueden terminar siendo simples sugerencias. Y ya sabemos que, cuando las encuestas se convierten en instrumento de una decisión previamente tomada, la inconformidad no tarda en aparecer.
PARECE que Morena esté construyendo desde ahora su narrativa electoral para Chihuahua, con un discurso centrado en la supuesta complicidad de la gobernadora María Eugenia Campos Galván por la participación de agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal.
La acusación que buscan colocar en la conversación pública es que la mandataria habría violado la soberanía nacional y, por tanto, incurrido en traición a la patria. El caso del exfiscal César Jáuregui se ha convertido en la pieza central de esa ofensiva política, aunque las acusaciones deberán sostenerse en los tribunales y no solamente en los discursos partidistas.
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, ya puso el tono desde la Ciudad de México al señalar a Maru Campos como cómplice de Jáuregui y calificarla de traidora a la patria.
No es difícil imaginar que esas expresiones formen parte del guion que el partido buscará repetir durante la próxima campaña electoral, con la intención de trasladar el expediente judicial al terreno de la contienda política. La apuesta es convertir un caso penal en un arma electoral contra el PAN, con la esperanza de que la acusación alcance a la gobernadora y termine afectando a quienes aspiran a sucederla.
Hay que recordar que, en medio de la controversia por la participación de agentes estadounidenses en Chihuahua, también se ha señalado la posibilidad de que el caso de Campos Galván se utilizara como moneda de cambio en la discusión política relacionada con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico en una investigación impulsada por autoridades estadounidenses.
Rocha, por su parte, ha contado con el respaldo político de Morena y de la Cuarta Transformación. La vara con la que se mide a unos y a otros es parte de la discusión que el oficialismo preferiría mantener fuera del debate, pero que inevitablemente aparecerá en la campaña.
De ahí que la consigna de “PAN Chihuahua, traidores a la patria” pueda convertirse en uno de los lemas de Morena para los próximos meses. La respuesta panista seguramente insistirá en la etiqueta de “Morena, el partido del narco”, una expresión que desde Chihuahua se ha utilizado para cuestionar al partido gobernante.
Así se perfila otra campaña de acusaciones cruzadas, donde cada bando intentará presentar al adversario como una amenaza para el país, mientras los ciudadanos esperan respuestas concretas en materia de seguridad, justicia y gobierno. En esa disputa, el caso Jáuregui será mucho más que un expediente judicial: será una pieza de propaganda para ambos lados.
EL SÁBADO, los seguidores de César Jáuregui realizarán una caravana de vehículos por distintas avenidas de la ciudad, en la que, según las previsiones de los organizadores, participarían por lo menos mil automóviles.
Se trata de una movilización considerable para expresar respaldo al exfiscal, pero también cabe preguntarse qué tanto puede ayudar una caravana a modificar la situación jurídica de un detenido. La solidaridad política puede ser legítima y entendible, pero no sustituye los argumentos de una defensa ni cambia por sí sola las decisiones de un juez.
Pareciera que algunos de sus simpatizantes todavía no terminan de asimilar que el expediente ya no se encuentra en manos de las autoridades estatales. Si la intención es ejercer presión pública o llamar la atención sobre el caso, quizá una movilización frente al Altiplano o ante la Fiscalía General de la República tendría mayor relación con el lugar donde se desarrolla el proceso.
Sin embargo, incluso esas protestas tendrían un alcance principalmente político y mediático, no judicial. El problema de Jáuregui ya no está en Chihuahua, ni en Palacio de Gobierno ni en las oficinas del PAN; está en el terreno de la justicia federal, donde tendrá que enfrentar las acusaciones que se le imputan.
Lo hemos repetido: el camino para que el exfiscal pueda mejorar su situación pasa por su defensa legal y por los resultados del proceso. Todo indica que no será un asunto de rápida resolución y que podrían transcurrir muchos meses antes de que exista un desenlace, incluso años si el litigio se prolonga por las distintas etapas judiciales.
Las caravanas, las consignas y las muestras de apoyo pueden mantener vivo el tema en la conversación pública, pero no garantizan su liberación. Morena tiene incentivos políticos para mantener el caso en el centro del debate, como ya se ha visto en las declaraciones de sus dirigentes. Y mientras el expediente siga abierto, el asunto continuará pesando sobre el PAN, sobre el gobierno estatal y sobre la sucesión de 2027.
