Entre los sancionados está el ex Presidente de la petrolera estatal Ecopetrol Ricardo Roa, dos congresistas y un Alcalde de una ciudad capital
Agencia Reforma
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy restricciones de visa a 21 personas en Colombia, incluidos el ex Presidente de la petrolera estatal Ecopetrol Ricardo Roa, dos congresistas y un Alcalde de una ciudad capital, a quienes acusa de socavar a Gobiernos elegidos democráticamente mediante la corrupción o el narcotráfico.
La medida amplía la campaña de Estados Unidos contra ambos delitos en la región.
Según el Departamento, la decisión impulsa los compromisos asumidos por los socios en la Cumbre de Doral, en marzo, y en la declaración de líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre.»La Administración Trump respalda al Gobierno de Colombia en sus esfuerzos por eliminar la influencia criminal, incluso en sus tribunales, fuerzas policiales y legislatura», dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
Roa enfrenta investigaciones criminales por su gestión al frente del grupo energético Ecopetrol y por su desempeño como gerente de la campaña que llevó al poder al ex Presidente Gustavo Petro en 2022.
En la lista del Departamento de Estado también figuran Yahir Fernando Acuña, Alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre; el senador Wadith Alberto Manzur; y la representante de la Cámara Karen Astrith Manrique.
El Gobierno del Presidente de derecha Abelardo De La Espriella mejoró las relaciones de Colombia con Estados Unidos, y Washington se comprometió a colaborar con su administración en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.
Washington es el principal socio de Colombia en su lucha contra la producción y el tráfico de cocaína, así como contra las guerrillas izquierdistas y las bandas criminales que se financian con esa actividad ilegal e intervienen en un conflicto armado interno de más de seis décadas que ha dejado 450 mil muertos.
Estados Unidos también es el principal destino de las exportaciones colombianas.
No hubo reacciones inmediatas de las personas sancionadas por el Departamento de Estado ni del Gobierno de Colombia.
