Jauregui un polvorín / Traición a la Patria? / La casa pierde / Repartir culpas
EL ARRESTO del exfiscal César Jáuregui Moreno traerá, desde luego, implicaciones judiciales, pero también políticas para el Partido Acción Nacional (PAN), con repercusiones que podrían alcanzar incluso el proceso electoral de 2027.
El caso no solamente pone en aprietos al exfuncionario, sino que amenaza con convertirse en un factor de desgaste para el panismo chihuahuense, justo cuando comienzan a acomodarse las piezas rumbo a la sucesión.
Jáuregui fue detenido por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado, acusado de los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados con la participación de dos agentes de la CIA en el operativo para desmantelar el narcolaboratorio de El Pinal, en el municipio de Morelos.
Se trata de acusaciones delicadas por las implicaciones políticas y de seguridad que representan, aunque la situación jurídica del exfiscal dependerá de lo que determine la autoridad judicial. En principio, si los delitos estatales no ameritan prisión preventiva y el juez así lo resuelve, podría enfrentar el proceso en libertad, incluso bajo medidas cautelares como un dispositivo electrónico. Pero el escenario cambió con la aparición de una segunda orden de aprehensión.
La Fiscalía General de la República entró en escena con una acusación federal por el presunto delito de traición a la patria. Una imputación de esa naturaleza no es cualquier cosa y abre un frente mucho más complicado para el exfiscal y su equipo jurídico.
No es lo mismo litigar un proceso estatal con la posibilidad de permanecer en casa que enfrentar una causa federal que pudiera llevarlo a un penal de máxima seguridad, como el Altiplano, siempre sujeto a las determinaciones judiciales correspondientes.
Las penas aplicables dependerán de la clasificación jurídica definitiva y de los hechos que, en su caso, lleguen a acreditarse. Por ahora, conviene dejar claro que se trata de acusaciones y que la responsabilidad penal de Jáuregui todavía debe probarse ante los tribunales.
Lo que sí despierta suspicacias es la coincidencia de tiempos entre la actuación de la Fiscalía estatal y la aparición de la orden federal. Resulta difícil ignorar la posibilidad de que la FGR ya tuviera avanzada su investigación y esperara el momento para actuar. ¿Casualidad o estrategia? Es una pregunta que inevitablemente se instala en el debate político, aunque sin elementos suficientes no se puede afirmar que la detención haya sido programada para favorecer o perjudicar a determinado partido.
Lo cierto es que el momento no pudo ser más inoportuno para el PAN, que se encuentra en plena etapa de definición de sus perfiles para 2027.
Porque si algo queda claro es que Jáuregui era uno de los aspirantes con posibilidades de competir por la candidatura panista a la alcaldía de Chihuahua capital.
Cuenta con simpatizantes y respaldos dentro del partido, incluidos liderazgos de militancia tradicional que veían en él una alternativa para la contienda. Su situación judicial lo coloca fuera, al menos por ahora, de las condiciones normales de una competencia interna.
Y aquí aparece el verdadero problema para Acción Nacional: ¿qué pasará con quienes habían apostado por él? Si esos grupos se quedan sin una opción que los represente, podrían terminar debilitando al próximo candidato, salvo que la dirigencia opere desde ahora una verdadera cicatrización política. Las definiciones están a la vuelta de la esquina y no hay demasiado tiempo para recomponer el tablero.
La otra interrogante apunta directamente a Marco Bonilla Mendoza, quien se perfila como una de las principales cartas del PAN para la gubernatura. ¿Cuánto puede afectar este episodio la movilización de las estructuras panistas y la captación de votos en la capital? Chihuahua ha sido uno de los principales bastiones electorales del panismo, y cualquier fractura interna puede tener consecuencias más allá de una candidatura municipal.
Morena, desde luego, encontrará en el caso argumentos para golpear a sus adversarios, aunque el tamaño del daño dependerá de cómo evolucione el expediente y de la capacidad del PAN para contener sus propias divisiones. El problema para los panistas no es solamente la situación legal de Jáuregui, sino el costo político que puede dejarles en vísperas de la elección.
RAFAEL Loera, exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, salió a dar señales de vida política y personal. El exfuncionario difundió un video en sus redes sociales para aclarar que se encuentra bien, luego de que circulara la versión de que habría promovido un amparo.
Según explicó, decidió hacerlo después de recibir llamadas de amigos y representantes de medios de comunicación preocupados por la información que se había difundido.
Loera aprovechó el mensaje para manifestar su disposición a responder cualquier duda sobre su paso por la dependencia estatal. Aseguró que durante su gestión se alcanzaron cifras récord en apoyos para personas con discapacidad y que se redujeron gastos mediante medidas de eficiencia administrativa.
En cuanto al caso de César Jáuregui, reconoció que representa un golpe duro para el PAN, aunque expresó su confianza en que las instituciones hagan su trabajo y manifestó su respaldo al exfiscal.
Cerró con una frase que buscó transmitir ánimo en medio de la turbulencia: “Estamos bien y a darle, como decía un amigo: que la casa pierde”.
La expresión podrá interpretarse como una señal de resistencia, pero lo cierto es que el panismo enfrenta días complicados y necesita algo más que mensajes de respaldo para contener las consecuencias políticas de este expediente.
DESPUÉS de las manifestaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes reclaman mejores ingresos, contratación de más personal, condiciones laborales dignas y abastecimiento de medicamentos e insumos, comenzó a circular en redes sociales una campaña de señalamientos contra el personal de enfermería.
Algunas publicaciones de simpatizantes de Morena han pretendido responsabilizar a los enfermeros del desabasto, bajo el argumento de que los medicamentos se los roban y con referencias a detenciones de trabajadores por presuntos ilícitos.
Culpar a los enfermeros de la crisis de medicamentos es una salida fácil que no resuelve el problema de fondo. Si existen casos de robo o corrupción, deben investigarse y sancionarse con pruebas, sin generalizar ni convertir a todo un gremio en responsable de las carencias que padecen millones de pacientes.
Resulta absurdo pretender que el personal de enfermería, que diariamente enfrenta la falta de insumos, la sobrecarga de trabajo y la presión de atender a los enfermos, sea presentado como el responsable de una crisis estructural del sistema de salud.
Siguiendo esa lógica, habría que imaginar una gigantesca red nacional de enfermeros con almacenes, decenas de tráileres y farmacias clandestinas para desaparecer las toneladas de medicamentos que deberían llegar a hospitales y clínicas.
El argumento no resiste demasiado análisis. Que haya trabajadores investigados por posibles delitos no demuestra que el desabasto nacional sea consecuencia de una operación generalizada de robo dentro del IMSS.
La escasez de medicamentos e insumos viene arrastrándose desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continúa siendo uno de los pendientes más sensibles para la administración de Claudia Sheinbaum. En lugar de descalificar a quienes protestan por las condiciones en las que trabajan, lo razonable sería explicar dónde están las fallas de compra, distribución y abastecimiento, así como garantizar que los hospitales cuenten con lo necesario para atender a sus pacientes.
