La justicia tiene obligaciones propias; el reparto de candidaturas no figura entre ellas
En Chihuahua, la unidad panista corre el riesgo de convertirse en una curiosa ceremonia en la que todos pueden participar, siempre y cuando entiendan a quién le toca ganar. Hay micrófono, templete, fotografías y abrazos; lo que empieza a escasear es la tolerancia hacia quien pregunta dónde está la convocatoria y quién decidió repartir los boletos antes de abrir la taquilla. César Jáuregui ha cometido esa incómoda travesura. Y ahora, entre investigaciones, declaraciones y reportes de su detención, el pleito amenaza con cobrarle una factura considerable a Marco Bonilla.
Este sábado, en páginas de El Diario se reportó la aprehensión del exfiscal en la capital; algunos otros medios precisaron que todavía faltaba confirmación oficial, aunque ya estaba publicada la ficha de su detención en el Registro Nacional de Detenidos.
También circuló información sobre una orden judicial por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, son datos que deben manejarse con mucho rigor, una orden judicial requiere examinarse, una detención necesita confirmarse y una acusación debe probarse; el expediente no puede completarse con entusiasmo partidista, por muchas ganas que haya de cerrar la candidatura junto con la carpeta.
Personalmente simpatizo con la causa política de Jáuregui, su derecho a competir y el de sus seguidores a ser escuchados, y lo expreso públicamente en aras de una honestidad intelectual ante quienes me leen, sin embargo, eso no equivale a extenderle un certificado de inocencia, sería bastante absurdo denunciar los juicios por consigna y luego fabricar una absolución por afecto o simpatía, pero tampoco acepto que la existencia de investigaciones sirva para presentar como natural su eliminación política. La justicia tiene obligaciones propias; el reparto de candidaturas no figura entre ellas.
La inconformidad tiene expresiones documentadas. El 13 de octubre, cientos de panistas de la capital acudieron a una reunión del PAN municipal y exigieron reglas democráticas bajo la consigna “No al dedazo”, esa espontánea movilización demuestra respaldo organizado, aunque no permite adjudicarle automáticamente la mayoría del panismo ni de la sociedad, porque para conocer mayorías hacen falta mediciones serias, precisamente por eso resulta tan razonable preguntar por qué les incomoda tanto medirse. Hoy, a la luz de diversas encuestas serias, Jáuregui tiene un claro y amplio respaldo del panismo y de la sociedad, por la desconfianza casi generalizada sobre los hechos ocurridos ayer sábado.
Maru Campos ha contribuido a esa desconfianza con gestos públicos en apoyo a Santiago de la Peña, también hay que registrar su explicación, ella sostuvo que levantarle la mano no significaba un respaldo exclusivo y que habría hecho lo mismo con otros aspirantes, aunque no existe evidencia alguna de que lo haya hecho. Muy bien, entonces corresponde demostrarlo con condiciones parejas, con hechos. La imparcialidad no puede quedarse en aquella simpática especialidad de la política mexicana: explicar después de la fotografía que la fotografía no decía lo que todos entendieron.
Desde mi perspectiva, cualquier intervención gubernamental dirigida a torcer la selección merece ser denunciada y, si utiliza recursos o atribuciones públicas indebidamente, sancionada. El artículo 134 exige imparcialidad en el uso de recursos públicos; acreditar una infracción concreta corresponde a las autoridades, con pruebas, el cargo no incluye una escritura de propiedad sobre el PAN. ([Constitución mexicana] https://tinyurl.com/28wdz8k8).
Las declaraciones de Maru sobre las investigaciones y la actuación del exfiscal en el asunto de los agentes estadounidenses solo añaden tensión, porque esos hechos deben investigarse a fondo por las instancias correspondientes, pero cuando la jefa del Ejecutivo estatal habla de un antiguo colaborador que disputa una candidatura, relacionándolo con investigaciones ministeriales, sus palabras llevan todo el volumen del poder. Después resulta cómodo pedir que nadie mezcle justicia con política, como si bastara cambiarle la etiqueta al frasco para modificar su contenido.
Y aquí aparece Marco Bonilla, que puede terminar pagando los platos de una comida cuyo menú muy probablemente ni siquiera decidió, porque su proyecto hacia la gubernatura necesita una capital movilizada, una militancia entusiasmada y una candidatura municipal capaz de sumar todos los votos posibles, luego entonces, si la disputa termina en agravio, el daño no se quedará guardado en el cajón de la elección de alcalde, las campañas comparten territorio, operadores, conversaciones y estados de ánimo. El coraje y el resentimiento también hacen campaña.
Hay un antecedente que vuelve especialmente delicado el asunto, Jáuregui manifestó públicamente su respaldo al proyecto de Bonilla y materializó ese respaldo acompañándolo a Ciudad Juárez, en su evento masivo en la frontera, además, vinculó la selección de candidatos competitivos en la capital con las posibilidades panistas reales de ganar la gubernatura, lo cual acredita una disposición pública de apoyo; no prueba una fórmula pactada ni un acuerdo secreto. Pero sí dificulta venderlo, sin más, como enemigo del proyecto estatal.
El primer riesgo para Marco es la desmovilización, porque no hay que olvidar que, en los partidos, la inconformidad no siempre sale dando un portazo y anunciando su adhesión al adversario, a veces simplemente deja de contestar el teléfono, deja de participar activamente en eventos y llamados a la acción, el militante sigue siendo panista, pero ya no organiza la reunión; el vecino conserva su preferencia, pero deja de convencer familiares. En la fotografía todos caben, pero en el domingo electoral, algunos deciden quedarse desayunando.
El segundo riesgo es que la disputa contamine su imagen de liderazgo. Bonilla quiere encabezar un proyecto estatal; por eso necesita demostrar capacidad para procesar diferencias, si frente a una crisis interna sólo aparece el libreto de “respetamos las instituciones” y “vamos unidos”, puede que proyecte prudencia, pero también tibieza o subordinación. La frase correcta, repetida hasta el bostezo, no sustituye una posición política; aspirar a gobernar exige algo más que administrar silencios.
El tercer riesgo tiene destinatario externo: Morena. Una oposición con oficio aprovecharía la contradicción entre el discurso democrático del PAN y una selección percibida como impuesta, además por métodos bastante cuestionables, ni siquiera necesitaría demostrar una operación judicial armada, porque le bastaría explotar la sospecha y exhibir los desencuentros, es una posibilidad política, no una reacción acreditada. Pero regalarle al adversario una historia sobre pleitos, privilegios y candidaturas cocinadas sería una forma bastante extravagante de no ayudar a Bonilla.
También existe un posible beneficio inmediato para Marco. Resolver la candidatura municipal alrededor de Santiago podría facilitar coordinación, ordenar equipos y reducir incertidumbre cuanto antes, ya que una estructura gubernamental y partidista alineadas pueden ofrecer eficacia operativa, sería ingenuo negarlo, pero ese aparente “beneficio” podría resultar mucho más caro de lo que se espera recibir a cambio.
Incluso una exclusión de Jáuregui podría ser políticamente asimilable si deriva de hechos acreditados, decisiones fundadas y un proceso creíble, Bonilla podría sostener entonces una posición de legalidad sin romper innecesariamente con quienes respaldaron al exfiscal, pero ese beneficio depende de la calidad de las pruebas y del procedimiento, pretender cobrarlo por adelantado, usando la investigación como argumento para cerrar la contienda, sería apostar el proyecto estatal a una sospecha todavía abierta.
El saldo más peligroso sería una victoria interna pírrica: candidatura controlada, pero partido lastimado y militantes agraviados, entonces palacio podría celebrar que acomodó la sucesión municipal y Bonilla descubrir después que le entregaron una capital menos generosa en votos, ganar el derecho a poner nombres en la boleta no garantiza ganar la elección. El dedazo tiene esa modestísima limitación: funciona estupendamente hasta que aparece una urna.
Para Santiago tampoco sería un regalo, tiene derecho a aspirar y defender su competitividad, sin embargo, una candidatura acompañada por la percepción de que su principal contendiente fue apartado mediante presión institucional cargaría una sombra persistente, en cada acto necesitaría explicar el origen de su nominación. Vaya manera de complicar una campaña, salir a pedir confianza mientras se aclara que el camino se despejó “solito”. Como diría nuestro querido Juanga: “Pero qué necesidad”
El PAN nacional necesariamente tiene que acompañar esa salida. Santiago Taboada aseguró en rueda de prensa el 16 de octubre aquí en Juárez, que el proceso de selección de candidatos continuaba abierto y que nadie había sido excluido, dijo, además, que una carpeta de investigación no cancelaba el derecho a participar del proceso y que nadie había sido “bajado” de la contienda.
Pues toca respaldar las palabras con decisiones medibles y sujetas a revisión, si la apertura termina siendo solo un escenario decorativo, el mensaje será demoledor, la militancia participa hasta que su preferencia estorba. Después le ofrecen unidad, una camiseta y la oportunidad de aplaudir.
Quienes respaldamos la causa de Jáuregui debemos exigir justicia sin privilegios ni dados cargados y competencia electoral sin imposiciones, por su parte, Maru debe acreditar que su gobierno respeta esa frontera.
Marco debe entender que su proyecto necesita a todos los panistas, a los convencidos, pero también a los incómodos, si permite que el agravio se pudra por conveniencia, puede recibir la candidatura estatal entre aplausos y llegar a la elección rodeado de ausencias, y entonces habrá que explicarle que el dedazo acomodó todas las piezas. Lástima que algunas todavía tenían voto libre.
