Vaya que atraviesa por serias deficiencias en el diseño democrático la nueva forma de elegir a la fiscalía del estado.
Presenta, además, otra igualmente preocupante, quizá en menor medida que lo anterior, pero ilustrativa del serio retroceso en el que las concepciones más adelantadas en el armado y diseño democrático de las instituciones, una tras otra, sufren serios quebrantos y ya no solo desde el flanco de la 4T.
Uno de ellos es que a contrapelo de las tendencias de los últimos lustros, en los que avanzó la idea de que los titulares de los poderes ejecutivos ya no fueran quienes determinaran, ya no solo a los responsables de determinados cargos, sino debieran estar al frente de los organismos e instituciones autónomas.
Pero en lugar de incorporar alguna de las variantes de los mecanismos en los que integrantes de la sociedad civil organizada participaran en los procesos de selección de los aspirantes y de su selección, ahora, de acuerdo al dictamen aprobado en el Congreso, de acuerdo a la propuesta inicial de PAN-MC es que sea el titular del Poder Ejecutivo quien proponga una terna de aspirantes a la fiscalía, sin que los integrantes de ésta hubiesen pasado por filtro alguno.
Hay más.
Hasta ahora dábamos por descontado que para todas facultades, áreas y actividades que deba ejercer el ministerio público, es imprescindible contar con profundos conocimientos de derecho, de manejo del litigio y conocimiento de la jurisprudencia.
No basta poseer mínimos conocimientos sobre el derecho.
En cambio, la propuesta establece que bastaría una carrera policial para, supuestamente, cumplir con los requerimientos de la función ministerial:
«Art. 121…
Para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, se requiere:
…
- Tener título profesional de licenciatura en derecho debidamente registrado, o cinco años cuando menos de ejercicio profesional en materias relacionadas con la seguridad; procuración de justicia; prevención, persecución o investigación de los delitos; y…».
¿Se le da la razón a la especulación que se trata de un ‘traje a la medida’, para que el secretario Gilberto Loya ocupe tan trascendental y, sobre todo, trans-sexenal período, a fin de que, independientemente de quien emerja como triunfador del proceso electoral, ahí permanezca?
Lo desalentador del caso, para quienes le apostaron a la construcción democrática de las instituciones, es que lo pretendido era tener una reforma alejada, absolutamente, de aquellas pretensiones, que en mucho ha combatido el actual régimen de la 4T.
Además del hecho de que se está tratando de aprobar en el último tramo de la administración, se pretende sacarla adelante a como dé lugar; sin tomar en cuenta diversos factores que al corto plazo pueden llevar a que no se concrete, ni siquiera en el mediano plazo, pues, por ejemplo, en el caso que ha insistido la bancada de Morena, que deba contemplarse la consulta a los pueblos indígenas en virtud de que serán afectados por una reforma que introduce cambios significativos en la procuración de justicia.
Más aún, al negarse a establecer el ‘parlamento abierto’, como mecanismo para que la sociedad chihuahuense pudiera participar en la discusión sobre la reforma, están abriendo la puerta para que las impugnaciones ante los tribunales federales logren resoluciones favorables.
Porque independientemente de las filias y fobias partidistas y más en los momentos que vivimos, si la reforma se aprueba del modo como se está haciendo, por supuesto que los impugnadores tendrán éxito.
De plano, lo mejor será dejar la discusión sobre este tema para las siguientes administraciones, tanto del Ejecutivo estatal, como del Poder Legislativo.
¿Porqué no esperar hasta los resultados de las próximas elecciones?
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