Su eventual candidatura debería arrancar libre de dudas sobre si pretende gobernar Chihuahua mientras conserva jurídicamente abierta la puerta para regresar a gobernar Juárez
A veces en política el problema no es ganar una candidatura, sino llegar a ella sin dejar cabos jurídicos sueltos, agravios ciudadanos y municiones suficientes para que los adversarios conviertan una fortaleza electoral en vulnerabilidad. Ese parece ser hoy el caso de Cruz Pérez Cuéllar.
El presidente municipal de Juárez con licencia está colocado entre los principales aspirantes de Morena a la gubernatura de Chihuahua en 2027. Morena ha anunciado que será en septiembre cuando defina mediante sus mecanismos internos al perfil que encabezará su proyecto estatal.
Pero Cruz llega a esa definición con un elemento adicional que ninguno de sus competidores tiene, un procedimiento de revocación de mandato formalmente autorizado por el Instituto Estatal Electoral.
El Consejo Estatal del IEE aprobó el expediente IEE-IPP-001/2026 y autorizó que, del 1 de septiembre al 29 de noviembre, los promoventes recaben al menos 63 mil 123 respaldos ciudadanos, equivalentes al 5 por ciento de la lista nominal de Juárez. Si los consiguen y son validados, podría convocarse posteriormente a la consulta, eso, por sí mismo, no significa que Cruz será revocado. Ni siquiera significa todavía que habrá consulta.
Pero políticamente significa algo que Morena no debería minimizar, su eventual candidato a gobernador puede iniciar formalmente la carrera por Chihuahua, mientras ciudadanos de su principal bastión electoral, recolectan firmas para preguntarle a los juarenses si quieren que continúe siendo presidente municipal. Extraña tarjeta de presentación para una campaña electoral estatal.
El problema empieza con la licencia. El Acta número 65 del Ayuntamiento de Juárez elimina cualquier discusión sobre los términos bajo los cuales Cruz dejó temporalmente la Alcaldía, porque el 17 de junio de 2026, el Cabildo aprobó por unanimidad concederle licencia para separarse del ejercicio de sus funciones, pero el acuerdo contiene una expresión jurídicamente problemática: la licencia fue concedida “por tiempo indefinido, siendo renunciable en cualquier momento”, así dice el acta respectiva publicada en la página oficial del Ayuntamiento.
Cruz, por tanto, no renunció al cargo. No existe en ese acuerdo una declaración de falta definitiva. Lo que ocurrió fue una separación del ejercicio de las funciones y, como consecuencia, el Ayuntamiento llamó al presidente municipal suplente, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien rindió protesta y asumió la Presidencia Municipal.
La diferencia es fundamental, porque Cruz no gobierna actualmente Juárez, pero tampoco ha extinguido jurídicamente el mandato constitucional para el cual fue electo, precisamente por eso el IEE concluyó esta semana que su licencia no constituye impedimento para iniciar la revocación, durante la discusión incluso surgió el planteamiento de Morena respecto de qué objeto tendría revocar a alguien que se encuentra separado del ejercicio del cargo. La respuesta de integrantes del IEE fue particularmente significativa: una licencia temporal no extingue los derechos derivados del voto popular ni del mandato constitucional ni puede, por sí misma, cancelar un instrumento de control ciudadano, hasta ahí, bastante claro.
El verdadero problema aparece cuando se confronta el acta con la Constitución de Chihuahua ¿Puede existir realmente una licencia indefinida? No, no puede existir una licencia por tiempo indefinido. El artículo 195 de la Constitución estatal establece que ninguna licencia puede concederse por tiempo indefinido ni exceder de seis meses, salvo enfermedad debidamente justificada, y el acuerdo de Cabildo dice exactamente lo contrario: “por tiempo indefinido”.
No hace falta ser constitucionalista ni abogado para advertir la contradicción evidente, un acuerdo municipal no puede colocarse por encima de la Constitución estatal, sin embargo, eso no necesariamente significa que toda la licencia sea inexistente o inválida. Jurídicamente puede defenderse una interpretación conforme: considerar válida la licencia, pero limitada al máximo constitucional de seis meses.
Si comenzó el 17 de junio, el límite ordinario nos llevaría alrededor del 17 de diciembre, y entonces Morena tendría un problema innecesariamente abierto en plena construcción de su candidatura, porque si Cruz efectivamente es seleccionado para disputar la gubernatura y no pretende volver a gobernar Juárez, ¿qué sentido tendría mantener durante meses una ficción jurídica según la cual sigue siendo presidente municipal propietario, temporalmente separado y con posibilidad de regresar? Pero además con la amenaza de la revocación de mandato.
La candidatura por sí misma no resuelve el problema, porque en el supuesto de que Cruz sea designado candidato de Morena, o como se le llame al cargo que lo ponga en esa circunstancia, no extingue automáticamente el mandato constitucional.
Ése es otro punto importante, ya que una cosa es tener licencia, otra es ser candidato y otra, muy distinta, producir jurídicamente una falta definitiva, por ello, si Morena concluye que Cruz Pérez Cuéllar es su candidato más competitivo para 2027, probablemente lo menos conveniente sería llevarlo a una campaña estatal cargando simultáneamente tres expedientes políticos: su licencia constitucionalmente discutible, una revocación de mandato en curso y la pregunta permanente de si sigue siendo o no titular jurídico de la Presidencia Municipal de Juárez.
Es demasiado equipaje para una elección que se anticipa competida. ¿Y si se separa definitivamente? Aquí aparece el dilema más interesante.
El orden jurídico municipal sí contempla la falta definitiva del presidente municipal y regula la entrada del suplente, por tanto, si Cruz decide que su etapa como alcalde terminó porque emprenderá definitivamente la búsqueda de la gubernatura, existe una vía jurídicamente mucho más clara: formalizar jurídicamente su separación definitiva y permitir que Ortiz Orpinel concluya el periodo municipal bajo las reglas correspondientes.
Desde el punto de vista institucional parece incluso más transparente, y deja sin materia la revocación de mandato, el problema es el momento, porque el IEE ya autorizó la revocación, si Cruz se separara definitivamente ahora, podría surgir el argumento de que la consulta quedaría sin materia, la finalidad de la revocación es terminar anticipadamente un periodo constitucional de gestión y, si ese periodo ya terminó para el funcionario, ¿qué habría que revocar?
Es una tesis jurídicamente atendible, pero existe la contraria y hay que señalarlo, la revocación no es un derecho del gobernante, sino de los ciudadanos, por lo tanto, una vez iniciado formalmente el mecanismo, ¿puede el funcionario sometido a él neutralizarlo mediante una decisión unilateral?
Imagine el precedente, ciudadanos solicitan una revocación, reúnen requisitos, el órgano electoral autoriza el procedimiento y entonces el funcionario renuncia; acto seguido se les informa que ya no tienen derecho a votar porque aquello que pretendían revocar dejó de existir, aunque así está en la ley, abre una discusión jurídicamente atendible y políticamente explosiva.
La propia discusión en el IEE ya anticipó este conflicto, se sostuvo que una acción administrativa temporal y voluntaria, como una licencia, no puede suspender o cancelar un derecho de control ciudadano, una renuncia definitiva plantearía una hipótesis distinta y, probablemente, terminaría en tribunales si los promoventes consideraran vulnerado su derecho de participación.
Morena enfrenta entonces una decisión que debería resolver jurídicamente, antes de convertirla en crisis política, si Cruz no será candidato a gobernador, podría terminar su licencia dentro del límite constitucional, regresar a la Presidencia y enfrentar políticamente la revocación de mandato, pero si resulta ser el abanderado rumbo a 2027, prolongar la ambigüedad difícilmente parece conveniente.
Su eventual candidatura debería arrancar libre de dudas sobre si pretende gobernar Chihuahua mientras conserva jurídicamente abierta la puerta para regresar a gobernar Juárez, y menos todavía con una licencia denominada “indefinida”, cuando existe una disposición constitucional que expresamente prohíbe las licencias indefinidas.
La solución políticamente más saludable podría ser también la institucionalmente más sencilla, definir con absoluta claridad su separación del Ayuntamiento, someter esa determinación al procedimiento jurídico correspondiente y permitir que el IEE y, si es necesario, los tribunales resuelvan de manera independiente qué efectos produce sobre la revocación. Sin atajos, porque intentar “matar” administrativamente la revocación podría resultar más costoso electoralmente que enfrentarla.
¿Qué es lo que más conviene a Chihuahua? Este asunto no debería analizarse solamente desde los intereses de Cruz o de Morena, nuestra entidad se dispone a elegir gobernador en 2027, a los chihuahuenses les conviene que quienes pretendan gobernar el estado lleguen a la elección sin situaciones jurídicas ambiguas, sin cargos a medias, sin licencias constitucionalmente cuestionables y sin mecanismos ciudadanos pendientes de resolución, sean del partido que sean.
Si Cruz Pérez Cuéllar es el candidato más competitivo de Morena, entonces el partido tiene derecho a postularlo conforme a sus reglas y la legislación electoral, pero Chihuahua también tiene derecho a exigir que llegue a esa candidatura con su situación municipal completamente resuelta.
No debe resultar incompatible aspirar legítimamente a gobernar el estado, con cerrar correctamente la responsabilidad para la cual previamente se pidió el voto de los juarenses, de hecho, sería una buena primera prueba de gobernabilidad, porque hoy la pregunta ya no es solamente si Cruz puede ganar la candidatura de Morena, la pregunta es con qué condiciones jurídicas y políticas llegará a ella.
Y quizá la peor opción para todos —Cruz, Morena y los chihuahuenses— sea mantener durante meses una situación en la que existe un presidente municipal propietario que no gobierna, un presidente suplente que sí gobierna, una licencia “indefinida” que constitucionalmente no debería serlo, y miles de ciudadanos convocados por el IEE a reunir firmas precisamente para decidir si el primero debe continuar en un cargo que, al mismo tiempo, podría estar a punto de abandonar definitivamente. Todo un galimatías de indefiniciones.
Luego del análisis previo, la conclusión parece sencilla, o al menos de mucho sentido común: Antes de pedir Chihuahua, convendría cerrar Juárez. Y cerrarlo bien.
