La visa nunca ha sido un derecho, hay que empezar por una verdad jurídica frecuentemente olvidada
Durante generaciones, quienes hemos vivido en la frontera norte de México aprendimos que Estados Unidos era otro país, sí, pero no necesariamente otro mundo, para un juarense, cruzar a El Paso nunca tuvo exactamente el mismo significado que para alguien de Guadalajara, Puebla o Mérida viajar a Estados Unidos. Cruzamos para comprar, comer, visitar familiares, llevar a los niños de paseo, acudir al médico, asistir a algún evento o simplemente pasar unas horas “del otro lado”.
La frontera produjo, durante décadas, su propia realidad social, y esa realidad parece estar chocando ahora contra una interpretación mucho más rigurosa de las reglas migratorias estadounidenses.
La pregunta es inevitable ¿Se endurecieron las leyes o simplemente Estados Unidos decidió aplicar con mayor rigor leyes que siempre estuvieron ahí? La respuesta parece inclinarse mucho más hacia lo segundo.
La visa nunca ha sido un derecho, hay que empezar por una verdad jurídica frecuentemente olvidada, una visa estadounidense no constituye un derecho adquirido para un extranjero, es una autorización otorgada por el gobierno de Estados Unidos que permite al extranjero presentarse en un puerto de entrada y solicitar admisión al país. Incluso poseer una visa vigente no garantiza la entrada.
Y para obtener una visa de turista B-2 o la tradicional B-1/B-2, el solicitante debe convencer al gobierno estadounidense de varias cosas fundamentales: que pretende realizar una visita temporal, que cuenta con recursos para sufragarla, que utilizará la visa para las actividades autorizadas y, fundamentalmente, que regresará a su país.
Trabajo, patrimonio, residencia, familia, actividad profesional, estabilidad económica y arraigo forman parte del conjunto de circunstancias que puede analizar la autoridad, eso no es nuevo, ha estado ahí durante décadas, lo que parece haber cambiado es el cristal a través del cual Washington observa ahora esas mismas circunstancias.
La visa láser es un documento creado para una realidad fronteriza, los fronterizos conocemos particularmente la Border Crossing Card, la BCC o simplemente “visa láser”, no es casual que exista, es el reconocimiento jurídico de una realidad social y económica imposible de ignorar, millones de mexicanos mantienen una interacción cotidiana con Estados Unidos.
La propia regulación estadounidense permite que ciudadanos mexicanos utilicen este documento bajo condiciones especiales en la zona fronteriza. La BCC es, además, una visa B-1/B-2 y generalmente tiene vigencia de diez años, pero para obtenerla también deben demostrarse vínculos con México suficientemente sólidos para garantizar el regreso después de una estancia temporal.
Ahí encontramos una aparente paradoja, Estados Unidos creó un instrumento para facilitar la extraordinaria movilidad de su frontera con México y simultáneamente exige a quien lo utiliza demostrar que su centro de vida permanece fuera de Estados Unidos, durante décadas ambas cosas coexistieron razonablemente bien.
Durante décadas ha sido absolutamente común encontrar en Juárez mujeres mexicanas cuyos hijos nacieron en El Paso, y debemos ser muy cuidadosos jurídicamente, tener un hijo nacido en Estados Unidos no convierte automáticamente a los padres en infractores migratorios, tampoco constituye delito que un ciudadano mexicano tenga un hijo estadounidense.
La ciudadanía estadounidense por nacimiento tiene raíces constitucionales y legales propias. El estatus migratorio de los padres y la ciudadanía del hijo son cuestiones jurídicas distintas, el problema migratorio aparece en otra parte. La visa B-2 permite determinados viajes por tratamiento médico, pero las autoridades estadounidenses establecen actualmente que viajar teniendo como propósito principal dar a luz en Estados Unidos para obtener la ciudadanía estadounidense del menor —lo que denominan birth tourism— no constituye un uso permitido de esa visa.
Y aquí empieza la enorme zona gris histórica de la frontera, porque una cosa es la letra fría de una disposición migratoria y otra muy diferente la realidad que durante décadas vivieron ciudades gemelas como Juárez-El Paso, Tijuana-San Diego, Nogales-Nogales o Laredo-Nuevo Laredo.
Muchísimas prácticas eran conocidas, muchas eran toleradas, algunas se movían en zonas jurídicamente discutibles, otras eran perfectamente legales, pero todas formaban parte de un ecosistema fronterizo construido sobre una premisa política no escrita: somos dos países, pero también somos vecinos y amigos.
Lo que cambió no necesariamente fue la ley, ese quizá sea el punto fundamental. Sería simplista afirmar que Estados Unidos acaba de inventar todas estas restricciones. No. Muchas existían desde hace décadas, lo verdaderamente relevante es preguntarnos si cambió la política de aplicación.
Porque una ley puede permanecer idéntica durante treinta años y producir consecuencias completamente diferentes dependiendo del rigor con el que una administración decida aplicarla, ahí está la diferencia entre legislación y política pública.
Estados Unidos atraviesa una etapa en la que prácticamente cualquier asunto relacionado con inmigración está siendo observado bajo la óptica de seguridad nacional, control fronterizo, soberanía y cumplimiento estricto de las condiciones migratorias.
Incluso el propio Departamento de Estado ha endurecido procedimientos recientemente. Desde octubre de 2025, por ejemplo, las entrevistas personales volvieron a ser la regla general para prácticamente todos los solicitantes de visas de no inmigrante, quedando excepciones mucho más limitadas, entre ellas determinadas renovaciones B-1/B-2 y BCC realizadas dentro de los doce meses posteriores al vencimiento y sujetas a diversas condiciones.
En julio de 2026, además, el Departamento de Estado actualizó sus instrucciones para que los solicitantes de visas de no inmigrante tramiten normalmente su entrevista en su país de nacionalidad o residencia.
Son modificaciones administrativas aparentemente pequeñas, pero forman parte de un contexto político mucho mayor, la señal es bastante clara, Estados Unidos quiere saber con mayor precisión quién entra, por qué entra, bajo qué condición entra y si efectivamente está utilizando la visa para aquello que declaró.
Y aquí aparece una cuestión particularmente delicada para los residentes fronterizos ¿Qué sucede con aquellas conductas que durante décadas fueron conocidas, frecuentes e incluso socialmente normalizadas en la frontera?
La autoridad estadounidense tiene evidentemente derecho a aplicar su legislación migratoria, eso resulta jurídicamente indiscutible, pero desde una perspectiva política y social resulta igualmente legítimo preguntarse hasta qué punto prácticas fronterizas que durante décadas coexistieron con la política migratoria estadounidense ahora están siendo reinterpretadas bajo parámetros mucho más severos.
Ciudad Juárez y El Paso constituyen, en muchos sentidos, una misma comunidad humana separada por una frontera internacional, la economía lo demuestra, la estructura familiar lo demuestra, la historia lo demuestra, hasta nuestras conversaciones lo demuestran.
Pero tampoco podemos engañarnos, la buena vecindad nunca significó ausencia de reglas, tener una visa de turista nunca autorizó trabajar ilegalmente en Estados Unidos, nunca autorizó establecer ahí una residencia permanente disfrazada de visitas, nunca convirtió la visa B-2 en visa estudiantil, nunca garantizó el derecho de admisión, y tampoco convirtió en legal una declaración falsa ante una autoridad migratoria, eso también debemos decirlo.
Durante muchos años algunos habitantes fronterizos quizá confundieron tolerancia con derecho adquirido, y son cosas completamente diferentes, que determinada conducta haya pasado inadvertida, haya sido tolerada o simplemente no haya recibido atención prioritaria durante veinte años no significa necesariamente que haya sido legal durante veinte años. Ese es precisamente el riesgo que hoy enfrentan algunas familias.
Pero hay algo más profundo detrás de todo esto, las fronteras también reflejan el estado de las relaciones políticas, durante décadas, particularmente después del TLCAN, México y Estados Unidos construyeron un discurso de integración económica, cooperación y buena vecindad, éramos socios, éramos amigos.
Después fuimos socios comerciales todavía más integrados bajo el T-MEC, pero paralelamente la conversación estadounidense sobre México comenzó a llenarse de otras palabras, migración, fentanilo, cárteles, seguridad nacional, tráfico de personas, frontera, deportaciones.
Y cuando cambia el lenguaje político inevitablemente cambia también la conducta burocrática, el mexicano que llega a una garita ya no necesariamente es observado únicamente como el vecino que viene de compras, también es sujeto de evaluación migratoria.
México seguirá estando ahí mañana, Ciudad Juárez seguirá frente a El Paso, Tijuana seguirá frente a San Diego, Nuevo Laredo seguirá frente a Laredo, millones de familias continuarán teniendo integrantes de ambos lados, miles de millones de dólares seguirán cruzando diariamente la frontera en mercancías, las universidades estadounidenses seguirán recibiendo estudiantes mexicanos, los comercios fronterizos estadounidenses seguirán dependiendo en buena medida del consumidor mexicano, y los mexicanos continuaremos teniendo familiares, amigos, negocios, médicos, clientes y relaciones del otro lado.
Política y socialmente también nosotros tenemos derecho a preguntarnos qué pasó con aquella relación especial entre vecinos y amigos que permitió construir una de las regiones transfronterizas más dinámicas del planeta.
Porque las leyes migratorias estadounidenses no nacieron ayer, muchas de ellas estaban ahí cuando nuestras madres cruzaban al otro lado, estaban ahí cuando nuestros abuelos iban de compras, estaban ahí cuando miles de niños juarenses nacían en hospitales de El Paso, estaban ahí mientras durante décadas ambos gobiernos contemplaban una frontera donde la estricta separación jurídica convivía con una extraordinaria integración humana.
¿Qué papel ha jugado el gobierno de la 4T en todo este entuerto? ¿Por qué el gobierno estadounidense dejó de considerarnos un país amigo?
Por eso quizá la pregunta correcta no sea ¿Cuándo cambiaron las leyes? Sino otra bastante más inquietante ¿Cuándo dejamos de ser vecinos para empezar a ser sospechosos?
