*Libertades de expresión, comunicación e información: bajo amenaza.
Un país sin contrapesos, es la frase que hoy define a México. Al haber quedado el Poder Judicial subordinado al Poder Ejecutivo, en virtud de la regresiva Reforma que politizó al aparato jurisdiccional sujetándolo a los designios de Morena, se han perdido las posibilidades de ganar juicios de amparo contra actos y decisiones del Gobierno Federal y demás autoridades vinculadas con el morenismo.
Seguramente serán motivo de interposición de demandas de amparo los llamados “lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias”, eufemismo con el que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha querido camuflar la restricción que su gobierno pretende ejercer contra el derecho humano a las libertades de expresión, comunicación e información. Sin embargo, la ausencia de independencia, imparcialidad y objetividad que hoy afecta al sistema mexicano de impartición de justicia, hará imposible que prosperen las demandas de quienes en legítima defensa de nuestros derechos fundamentales, reclamen al Gobierno de México las atrocidades que está cometiendo en perjuicio de la dignidad, así como de los derechos y garantías elementales, de los mexicanos.
El sistema político en el país ha quedado desprovisto de contrapesos, porque así lo decidió Morena con el objeto de eliminar frenos a su afán de perpetuación en el manejo de nuestra nación. El Poder Ejecutivo Federal hoy es ilimitado, al tener a su servicio a los poderes Legislativo y Judicial. Frente a la degradación institucional, intencionalmente provocada por los gobiernos de Morena para asegurar por un tiempo prolongado el control absoluto y totalitario de la vida nacional, la prensa libre y líderes de opinión se han convertido en el verdadero contrapeso que cuestiona, critica y censura la desinformación, excesos y arbitrariedades cometidos por el régimen.
Es considerable la magnitud de la penetración que el periodismo libre y objetivo ha logrado conquistar en la conciencia ciudadana, al informar a la opinión pública sobre la realidad actual de México, misma que el Gobierno Federal se empeña en ocultar. El gobierno de la presidenta Sheinbaum conoce el alcance y repercusión electoral que habrá de tener la concientización cívica lograda por los medios de comunicación objetivos e independientes. Ello explica el surgimiento de la supuesta “defensoría de los derechos de las audiencias”, así como la elaboración de la “lista negra” en la que la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, escribió los nombres de conocidos periodistas como Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leyva, entre otros, quienes se distinguen por los señalamientos y críticas que diariamente hacen ante los desatinos del Gobierno. Cada vez es más evidente la intolerancia del régimen hacia el periodismo independiente y el libre pensamiento político. Hoy, los mexicanos vemos seriamente amenazadas nuestras libertades y derechos a disentir, informarnos y manifestar libremente nuestras ideas y opiniones.
carloshjaramillovela@yahoo.com
Miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, A.C.
