En México, el derecho a la información enfrenta una paradoja cada vez más evidente. Y es que, mientras las autoridades anuncian nuevas medidas para fortalecer la transparencia de la información, persisten instituciones que encuentran formas de retrasarla, reservarla o simplemente no entregarla.
Los señalamientos de la organización ARTICLE 19 en torno al nuevo decreto de transparencia y a los archivos de la llamada “Guerra Sucia” permiten observar esa contradicción.
Por ejemplo, el decreto publicado el 4 de agosto que ordena al Ejecutivo Federal actualizar y publicar información sobre contratos, empresas filiales de Pemex y CFE, auditorías y otros asuntos que ya forman parte de las obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
Si bien la LGTAIP incorpora una periodicidad para actualizar la información sobre contrataciones públicas, resulta insuficiente frente a las deficiencias que persisten en el sistema. Incluso resulta preocupante que el cumplimiento de algunas disposiciones se plantee como una “invitación”, cuando garantizar el acceso a la información es una obligación de las autoridades, no una decisión voluntaria.
La contradicción se hace aún más evidente cuando se trata de información relacionada con graves violaciones a derechos humanos, como los archivos militares de la “Guerra Sucia”. En este caso, una resolución judicial reconoció el incumplimiento de la Sedena en la entrega de documentación que debería ser pública y ordenó medidas para avanzar en su transferencia al Archivo General de la Nación.
En ambos casos, la transparencia deja de ser un asunto meramente administrativo, ya que puede significar la diferencia entre conocer o desconocer una verdad, entre reconstruir una historia y perpetuar el silencio, o entre que una familia encuentre respuestas y continúe buscando durante décadas.
Cuando una autoridad niega información, la reserva de ésta puede convertirse en una barrera para el ejercicio de otros derechos. Y cuando un archivo permanece oculto, también puede quedar oculto un fragmento de la verdad. A esto se suma que el debilitamiento de los mecanismos para impugnar respuestas incompletas o negativas agrava todavía más el problema, pues deja a la ciudadanía en una posición vulnerable frente a las instituciones que concentran la información.
México necesita algo más que decretos que reiteren obligaciones existentes. Necesita instituciones capaces de garantizar que la información pública sea realmente accesible, mecanismos eficaces para combatir la opacidad y autoridades sujetas a controles que hagan efectivo el derecho a saber.
Porque abrir archivos y garantizar la transparencia no significa únicamente cumplir una norma. Significa reconocer que la sociedad tiene derecho a conocer su historia, que las víctimas tienen derecho a la verdad y que ningún Estado democrático debería convertir el silencio institucional en una forma de ocultamiento.
