Hay preguntas que adquieren un significado distinto dependiendo del lugar desde donde se formulen. Hablar de libertad de expresión desde la comodidad de la teoría constitucional no es lo mismo que hacerlo desde Chihuahua, y particularmente desde Ciudad Juárez, donde ejercer el periodismo crítico significa conocer perfectamente esa delgada línea que separa la discrepancia política de la presión del poder.
Quienes hemos cuestionado públicamente decisiones de gobiernos emanados de Morena, en esta frontera, o en general en Chihuahua, conocemos también otra modalidad, mucho más contemporánea: el “funeo”, el linchamiento digital, las oleadas de descalificaciones y el “hate” que aparecen en redes sociales después de publicar algo incómodo para la llamada Cuarta Transformación, y en ocasiones también la presión directa o indirecta de algunos funcionarios o gobernantes morenistas.
No afirmo que cada insulto en redes sociales sea ordenado desde una oficina gubernamental. Sería irresponsable hacerlo sin pruebas, pero en la mayoría de los casos así es, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Lo que sí sostengo es que existe un ambiente político donde la crítica suele ser presentada no como parte indispensable de la democracia, sino como una forma de militancia opositora, en automático, a priori. Y cuando esa lógica baja desde la más alta tribuna del país, el asunto deja de ser anecdótico, por eso me preocupa profundamente que sea precisamente el Estado quien pretenda asumir una posición tutelar frente a las audiencias.
Aclaremos algo desde el principio, las audiencias tienen derechos. El artículo 6º constitucional protege no solamente la posibilidad de expresar ideas, sino también la de buscar y recibir información. La libertad de expresión posee una dimensión individual y otra social, el problema es otro ¿quién debe defender esos derechos?
Porque una cosa es que el Estado garantice derechos y otra muy diferente que el gobierno se convierta en defensor de una de las partes que participan en el proceso comunicativo, el Estado debe garantizar la libertad del periodista para investigar y publicar y, simultáneamente, los derechos de quien escucha, mira o lee.
Es decir, es árbitro constitucional, por tanto, no debería ponerse la camiseta de ninguno, no puede ponerse la camiseta de ninguno. Un juez garantiza los derechos de la víctima y del acusado, pero no por ello se convierte en abogado de alguno. Precisamente porque dejaría de ser imparcial.
Entonces pregunto: ¿por qué aceptar una lógica diferente cuando hablamos de prensa y gobierno? El elefante está todas las mañanas en Palacio Nacional, la discusión sería meramente académica si México no tuviera un enorme antecedente frente a nosotros, la mañanera.
Claudia Sheinbaum heredó de Andrés Manuel López Obrador mucho más que una conferencia cotidiana, heredó un formidable modelo de comunicación política construido desde el Estado.
Y aquí debemos ser intelectualmente honestos, la presidente tiene derecho a defenderse, puede decir que una noticia es falsa, puede presentar documentos, corregir cifras, exhibir errores periodísticos e incluso sostener que determinado medio mantiene una línea editorial contraria a su gobierno, todo eso lo puede hacer. Eso también es libertad de expresión. Pero no lo hace
Lo constitucionalmente preocupante comienza cuando se abandona la información para atacar al mensajero.
La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio y deben mostrar mayor tolerancia frente a la crítica, incluso cuando ésta sea severa, incómoda o mordaz.
La razón es elemental, el periodista y el presidente de la República no poseen el mismo poder, tienen fuerzas y capacidades sumamente desiguales, un reportero tiene una computadora, un micrófono, una cámara o una columna, la titular del Ejecutivo tiene la investidura presidencial, Palacio Nacional, recursos públicos, canales oficiales, funcionarios, infraestructura y una capacidad de amplificación incomparablemente superior, por eso sus palabras pesan distinto.
¿Recuerdan el “No vean TV Azteca”? El episodio resulta paradigmático. Sheinbaum dijo públicamente “No vean TV Azteca” Al día siguiente defendió su expresión asegurando que se trataba de una opinión y que no estaba utilizando el poder del Estado para censurar a una televisora. La propia versión estenográfica presidencial documenta su explicación, pero ahí precisamente está la discusión.
No dijo eso tomando café con unos amigos, no lo dijo la ciudadana Claudia, lo dijo la Presidente de México, en Palacio Nacional, usando recursos públicos, desde la conferencia presidencial, y existe una diferencia monumental entre decir “TV Azteca publicó información falsa; aquí están las pruebas”, y decir “No vean TV Azteca”, lo primero es réplica, lo segundo es una invitación directa de la máxima autoridad política del país, con todo el poder de su investidura, para dejar de consumir un medio crítico de su gobierno.
¿Es jurídicamente censura consumada? Eso correspondería determinarlo a las instituciones competentes en un caso concreto ¿Es constitucional y democráticamente preocupante? Por supuesto que sí.
El artículo 7º constitucional no protege solamente contra la censura previa tradicional; también establece salvaguardas frente a mecanismos indirectos destinados a restringir la circulación de ideas e información.
Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva y recientemente Luis Cárdenas, han sido objeto recurrente de confrontaciones desde el poder, pero el verdadero efecto no debe medirse solamente sobre ellos, Loret tiene una enorme plataforma, Ciro también, el problema es el mensaje que recibimos nosotros, los periodistas en Chihuahua, en Juárez, los que no tenemos tanta fama, el reportero de un portal pequeño, el conductor de radio local o el columnista que depende de un mercado publicitario donde los gobiernos continúan teniendo enorme influencia. Los concesionario y propietarios de medios locales ¿Cuánto tardarán en venir también por ellos, por nosotros?
Nosotros también escuchamos, y entendemos perfectamente el mensaje, porque además conocemos lo que sucede después en redes sociales, publicas una crítica y aparecen las descalificaciones, “chayotero”, “vendido”, “conservador”, “prianista”, “corrupto”, poco importa que el texto tenga documentos, cifras o argumentos.
Primero se desacredita al periodista en lo personal, después resulta innecesario discutir lo que publicó, esa es probablemente una de las mayores perversiones del debate público mexicano contemporáneo, y Juárez y Chihuahua no son la excepción, sustituimos la discusión de los hechos por la descalificación de quien los señala, ataquemos al mensajero para evitar discutir el mensaje.
Desde Juárez se entiende perfectamente, en Chihuahua sabemos que las presiones al periodismo no fueron inventadas por Morena, sería hipócrita y perverso sostenerlo, gobiernos de distintos colores han intentado influir sobre medios mediante publicidad oficial, llamadas telefónicas, relaciones empresariales, acceso privilegiado a información o exclusión de determinados periodistas. Pero la 4T ha perfeccionado, mejorado y potenciado los métodos.
Precisamente por haber vivido eso durante décadas resulta absurdo e inaceptable aceptar ahora esas prácticas simplemente porque cambiaron quienes ocupan el poder, la democracia no consiste en sustituir a nuestros censores por los suyos, consiste en eliminar la censura, en erradicarla.
Sheinbaum sostiene que las nuevas reglas no buscan censurar contenidos; las críticas al proyecto, sin embargo, han abierto una discusión legítima sobre sus alcances y sobre los riesgos para la libertad editorial.
Entonces la pregunta resulta inevitable: ¿puede ser protector neutral de las audiencias el mismo poder que recomienda a esas audiencias no consumir determinado medio? La respuesta lógica y legal es no, aquí aparece el verdadero conflicto, no puede ser juez y parte, objeto de la investigación periodística, contradictor del periodista, regulador del ecosistema mediático, y ahora, además, supuesto protector de quien recibe la información, demasiado poder concentrado en las mismas manos. Imposible.
Para que las audiencias tengan quien las defienda existe una alternativa mucho más democrática y hasta justa, que cada concesionario de radiodifusión tenga un Ombudsman o Defensor de la Audiencia verdaderamente independiente, como ya contempla en buena medida la legislación vigente para la radiodifusión, que reciba quejas, que investigue, que escuche al periodista, que escuche al ciudadano, que emita recomendaciones, y que éstas sean públicas, pero que no dependa del gobierno.
Para periódicos y medios digitales debería privilegiarse la autorregulación, defensores del lector, códigos de ética y consejos independientes, la fórmula podría resumirse en una sola frase: El Estado no debe defender a las audiencias; debe garantizar que las audiencias puedan defenderse.
Y las comisiones de derechos humanos deberían concentrarse precisamente en aquello para lo que constitucionalmente fueron creadas: proteger al ciudadano frente a los abusos del poder público, incluidos periodistas ¿Quién vigila entonces al vigilante? La libertad de prensa no existe para proteger periodistas, existe para proteger a la sociedad del poder.
El periodista puede equivocarse y debe responder por ello. Puede ser criticado, desmentido y, cuando viole la ley, solo cuando la viole, sometido a los procedimientos correspondientes, pero la respuesta democrática a una mala información es más información, no más poder gubernamental sobre quien informa, y desde esta frontera resulta imposible no observar con preocupación una tendencia política que considera demasiado frecuentemente la crítica como hostilidad y al crítico como adversario.
Morena llegó al poder denunciando los excesos de quienes gobernaban, ahora le corresponde demostrar que comprende algo mucho más difícil, que la democracia también protege a quien considera equivocado, injusto, incómodo y hasta insoportable, especialmente cuando critica al gobierno, porque la libertad de expresión que solamente protege a quienes coinciden con el poder no es libertad de expresión, es propaganda política, y cuando desde Palacio Nacional se señala a periodistas, mientras desde el propio Estado se pretende decidir cómo proteger a sus audiencias, la pregunta deja de ser retórica ¿quién nos defenderá de los defensores de las audiencias?
