Si alguien hubiera escrito el guion con anticipación, probablemente habría sido acusado de exagerado. Pero en la realidad ocurrió, no fue un debate jurídico
Hay imágenes que duran más que los expedientes judiciales. Una de ellas ocurrió la noche del 14 de agosto de 2024, en un restaurante de la colonia Condesa de la Ciudad de México. Lo que los chihuahuenses vimos aquella noche no fue solamente un intento frustrado de aprehensión. Vimos algo mucho más profundo y preocupante: la confrontación entre dos visiones del país. La de un Estado de Derecho que supone que las órdenes judiciales deben cumplirse, y la de un poder político capaz de decidir cuáles sí y cuáles no. Para Chihuahua, aquella noche tiene un significado muy distinto al que se le ha querido dar desde el centro del país.
En la narrativa oficial, la Fiscalía de la Ciudad de México actuó para proteger la legalidad y el debido proceso. En la percepción de una gran parte de la opinión pública chihuahuense, ocurrió exactamente lo contrario: el aparato institucional fue utilizado para impedir el cumplimiento de una orden judicial expedida por un juez competente. Los hechos son públicos, están videograbados y fueron transmitidos prácticamente en tiempo real por diversos medios de comunicación.
La escena parecía sacada de una serie política de ficción. Un exgobernador de Chihuahua y senador electo de Morena, Javier Corral, acompañado por personajes cercanos al próximo gobierno federal. Agentes ministeriales de Chihuahua intentando ejecutar una orden de aprehensión. La llegada personal del entonces encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara. La presencia de operadores políticos, grupos de choque que confrontaron a los agentes ministeriales, cobertura mediática en tiempo real y, finalmente, el desenlace: Javier Corral abandonando el lugar acompañado por personal de la Fiscalía de la Ciudad de México. En la versión digital del Diario se puede ver un video que ilustra todo esto.
Si alguien hubiera escrito el guion con anticipación, probablemente habría sido acusado de exagerado. Pero en la realidad ocurrió, no fue un debate jurídico. La gran mentira política construida alrededor de aquella noche, consiste en reducir todo a un supuesto debate técnico sobre oficios de colaboración entre fiscalías. No, los debates jurídicos no requieren movilizar funcionarios de primer nivel, simpatizantes políticos, operadores mediáticos y vehículos oficiales para retirar del lugar al destinatario de una orden de aprehensión, los debates jurídicos se resuelven en los tribunales, si la orden era ilegal, existían múltiples mecanismos constitucionales para controvertirla. Si los agentes ministeriales no tenían facultades suficientes, existían procedimientos administrativos y jurisdiccionales para hacerlo valer.
Lo que vimos aquella noche no tuvo la apariencia de un diferendo burocrático. Tuvo la apariencia de un rescate político e institucional, y eso es precisamente lo que convierte al caso en uno de los episodios más delicados en la relación entre Chihuahua y la Federación durante los últimos años, y viene por supuesto la pregunta incómoda, imaginemos por un momento el escenario inverso, supongamos que la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México hubiera intentado ejecutar una orden de aprehensión contra un senador de Morena refugiado en Chihuahua, supongamos que la gobernadora hubiera acudido personalmente al restaurante acompañada por su gabinete de seguridad, hubiera impedido la diligencia ministerial y posteriormente hubiera trasladado al político requerido en un vehículo oficial…
¿Cuántas horas habrían tardado las conferencias mañaneras en hablar de un «golpe al Estado de Derecho»? ¿Cuántos artículos habrían sido publicados denunciando el abuso de poder?
La respuesta es obvia. El problema de la legalidad en México es que demasiadas veces depende del partido político, del involucrado, en este caso, Ulises Lara y las polémicas.
La figura de Ulises Lara ha estado acompañada por múltiples controversias desde su llegada a la procuración de justicia capitalina. Su designación como encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México estuvo rodeada de cuestionamientos relacionados con los requisitos legales para ocupar el cargo, particularmente respecto de la obtención de su título y cédula profesional en Derecho apenas unos días antes de asumir funciones.
Posteriormente, fue incorporado a la Fiscalía General de la República de la mano de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Su permanencia en el cargo duró apenas seis meses antes de presentar su renuncia en julio de 2026, en medio de importantes presiones políticas derivadas de investigaciones federales particularmente sensibles. Su salida de la FGR inevitablemente obliga a recordar aquella noche en la colonia Condesa.
Porque independientemente de las razones de su renuncia, para Chihuahua su nombre seguirá inevitablemente ligado al momento en que una orden judicial expedida por un juez del estado fue impedida por el máximo responsable de la procuración de justicia capitalina.
Lo más preocupante del episodio es el precedente que deja, porque si una orden judicial puede ser neutralizada mediante una operación político-institucional dependiendo del peso político del personaje involucrado, entonces el mensaje para las entidades federativas resulta devastador: Las órdenes judiciales son obligatorias… salvo cuando afectan a personajes suficientemente importantes.
Aquella noche no solamente se impidió una aprehensión. También se envió un mensaje político profundamente peligroso para el federalismo mexicano: el poder central puede intervenir cuando los intereses políticos del régimen así lo requieran.
Chihuahua no vio cómo se frustró un operativo ministerial. Chihuahua vio cómo una institución del Estado mexicano se colocó frente a otra para impedir el cumplimiento de una resolución judicial que cumplía todos los requisitos de Ley para ser ejecutada.
Dos años después, el debate sigue siendo el mismo, no es Javier Corral, porque ni siquiera esa importancia alcanza el desvergonzado, tampoco es Morena, tampoco es el PAN, no es siquiera Ulises Lara, la verdadera pregunta es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más incómoda: ¿Puede el poder político decidir qué órdenes judiciales se cumplen y cuáles no?
Si la respuesta es sí, entonces el Estado de Derecho mexicano es apenas una declaración retórica.
Si la respuesta es no, entonces la noche del restaurante Gin Gin merece ser estudiada durante muchos años en las facultades de Derecho y de Ciencia Política como uno de los ejemplos más claros de cómo la política puede imponerse sobre la justicia cuando las instituciones se utilizan para proteger a los poderosos.
Hoy Ulises Lara ya no está en la Fiscalía General de la República. Su salida cierra un capítulo administrativo de su carrera pública, pero no borra las imágenes de aquella noche, los cargos públicos son temporales, pero las preguntas incómodas permanecen, o debieran permanecer.
Para Chihuahua, la noche del 14 de agosto de 2024 seguirá siendo recordada como aquella en la que un Estado de la República intentó ejecutar una orden judicial y el poder político del centro del país decidió que eso no iba a ocurrir.
Al final, quizá la mejor descripción del episodio no la encontraremos en un Código Penal, sino en una simple pregunta que sigue sin respuesta, si Javier Corral no hubiera sido senador electo de Morena y si Ulises Lara no hubiera sido el hombre de confianza del grupo político que hoy gobierna México, ¿habría salido caminando del restaurante Gin Gin? Esa pregunta, por sí sola, explica por qué Chihuahua no ha olvidado aquella noche, y no, no la olvidaremos.
