Toda democracia enfrenta, tarde o temprano, una prueba decisiva: demostrar si la ley gobierna al poder o si el poder termina gobernando a la ley.
Ésta ha sido la gran discusión del constitucionalismo moderno. No quién gobierna, sino bajo qué límites gobierna.
La Constitución no fue escrita para facilitar el ejercicio del poder. Fue concebida, precisamente, para limitarlo.
Por eso, el Estado de derecho constituye la mayor conquista de las sociedades democráticas. Significa que gobernantes y gobernados quedan sometidos exactamente al mismo orden jurídico; que los derechos no dependen de simpatías políticas; que las instituciones no sirven a los hombres, sino que los hombres deben servir a las instituciones.
La igualdad ante la ley no representa una aspiración moral. Es un mandato constitucional. Ningún cargo público, ninguna responsabilidad política y ninguna influencia personal pueden alterar ese principio sin afectar la esencia misma de la República.
Cuando la ciudadanía percibe que la ley se aplica con distinta intensidad según la persona involucrada, no solamente se cuestiona una investigación o una resolución judicial. Se debilita algo mucho más valioso: la confianza en las instituciones.
Y ninguna democracia puede sobrevivir mucho tiempo cuando sus instituciones dejan de inspirar confianza.
Hoy vivimos tiempos de intensa competencia política. Se construyen proyectos, se forman alianzas, se perfilan candidaturas y se imaginan sucesiones. Todo ello forma parte de la vida democrática.
Lo que nunca debe formar parte de ella es la idea de que la legitimidad pueda transmitirse por afinidad personal.
La confianza de un gobernante puede abrir una puerta; sólo la voluntad popular tiene la autoridad para cruzarla.
En una República, los cargos públicos no se heredan por confianza. Se obtienen mediante la confianza del pueblo expresada libremente en las urnas.
Quienes aspiran a representar a una sociedad tienen una responsabilidad aún mayor que la de ganar una elección: preservar la confianza pública. Esa confianza no se conquista con discursos ni con campañas; se construye demostrando respeto permanente por la Constitución, por la legalidad y por las reglas que garantizan igualdad para todos.
Los gobernantes tienen el deber constitucional de ser los primeros intérpretes y guardianes de la ley. Quienes buscan sucederlos tienen el deber democrático de convencer a los ciudadanos, no de sustituirlos en su decisión.
La política podrá cambiar de protagonistas; el Estado de derecho debe permanecer inalterable.
Porque las personas pasan.
Los gobiernos concluyen.
Los partidos se transforman.
Pero la Constitución permanece como el pacto que nos une a todos.
Al final, la fortaleza de una democracia no se mide por la popularidad de sus gobernantes, sino por la capacidad de sus instituciones para aplicar la ley con la misma firmeza al ciudadano común y a quien ejerce el poder.
Sólo entonces podremos afirmar que vivimos en un país donde la autoridad nace del voto, se ejerce conforme a la Constitución y encuentra su único límite en la ley.
Porque cuando la ley gobierna al poder, la libertad de los ciudadanos deja de ser una promesa y se convierte en una realidad.
*Presidente del Colegio de Juristas «JORGE MAZPULEZ PÉREZ», Secretario de Información y Propaganda de la FECHCA y miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua
