Jáuregui con Maru / acuerdan piso parejo / Rafa confirma / La Traición a la Patria en BC
POR LO MENOS en el terreno de las hipótesis, el fiscal César Jáuregui Moreno habría alcanzado un acuerdo político con la gobernadora María Eugenia Campos para mantener viva su aspiración rumbo a la candidatura del PAN por la alcaldía de Chihuahua.
Ambos sostuvieron una reunión privada el lunes en Palacio de Gobierno, en la que, según las versiones, se acordó privilegiar la unidad del partido, reducir los ataques entre aspirantes y garantizar piso parejo en el proceso interno.
Jáuregui, un político con larga trayectoria y experiencia, entendió que una confrontación directa con la gobernadora resultaría incompatible con sus propias aspiraciones.
En política, y particularmente dentro del panismo, es difícil construir un proyecto cuando se rompe con el principal liderazgo del partido. Por ello, habría puesto sobre la mesa una condición elemental: competir con libertad y que sean los militantes o los ciudadanos quienes definan al mejor perfil para encabezar la candidatura.
El llamado a cuidar la marca del PAN y frenar la guerra de lodo no estaría dirigido únicamente a Jáuregui, sino a los ocho aspirantes que buscan la candidatura. La gobernadora vuelve así a intervenir para bajar la temperatura política en la capital, donde la competencia interna ha escalado más de lo conveniente.
No es casual: quien obtenga la candidatura tiene amplias posibilidades de convertirse en el próximo alcalde de Chihuahua.
La necesidad de preservar la cohesión es evidente. Ocho aspirantes son demasiados para un proceso que inevitablemente dejará siete inconformes. Por eso crece la expectativa sobre la publicación de la convocatoria, que definirá las reglas del juego y permitirá saber si realmente habrá una contienda abierta o un traje hecho a la medida para alguno de los participantes.
Incluso no sería extraño que, conforme avancen los tiempos, el número de contendientes se reduzca a una terna o, en el escenario más complejo, se busque un candidato de unidad.
MIENTRAS TANTO, Rafael Loera Talamantes reiteró ayer que mantiene firme su decisión de competir por la alcaldía de Chihuahua. Tras presentar su renuncia a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, dispondrá ahora de tiempo completo para recorrer el municipio y fortalecer su proyecto político.
Loera apareció en conferencia de prensa acompañado por su esposa, quien recientemente también dejó de desempeñarse como asistente personal de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
El mensaje fue claro: el vínculo político y personal con la mandataria permanece intacto, al tiempo que expresó su agradecimiento por una relación de colaboración y confianza construida durante casi quince años.
Con ello, el exsecretario busca enviar una señal de estabilidad hacia el interior del PAN. No hay ruptura con Palacio de Gobierno ni distanciamiento con la gobernadora, pese a que ahora ambos recorrerán caminos distintos dentro del proceso interno. Loera insiste en que competirá hasta el final y que esperará las reglas oficiales para medir sus posibilidades frente al resto de los aspirantes.
EN EL PLANO NACIONAL, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, reconoció que mantiene intercambio de información en materia de seguridad con agencias de Estados Unidos, luego de que se difundiera un segundo audio en el que presuntamente conversa con autoridades estadounidenses y comparte información derivada de las mesas estatales de seguridad.
El asunto adquiere una dimensión delicada porque ocurre después de que le fuera retirada la visa estadounidense, se congelaran cuentas bancarias en ese país y trascendiera el aseguramiento de una propiedad en la exclusiva zona de La Joya, en San Diego.
La mandataria sostiene que la colaboración forma parte de los mecanismos de coordinación en materia de seguridad, pero no tiene atribuciones par ahacerlo; sin embargo, la revelación alimenta una polémica que difícilmente desaparecerá en el corto plazo.
La oposición ya cuestiona el doble rasero con el que Morena enfrenta este tipo de casos. Si un episodio similar hubiera involucrado a un gobierno de signo distinto, probablemente el discurso oficial sería mucho más severo, como ocurrió en Chihuahua.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó el contenido de los audios al afirmar que no constituyen pruebas y que forman parte de versiones impulsadas por periodistas conservadores. La discusión, lejos de cerrarse, apenas comienza.
