Acusan ante la Fiscalía Anticorrupción a Ana Laura González Ábrego por el presunto uso indebido de recursos públicos municipales
De la Redacción / El Diario
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, a través de su Secretario Jurídico y de Transparencia, Oscar Antonio Núñez López, presentó una denuncia penal formal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado en contra de Ana Laura González Ábrego, presidenta municipal de Guadalupe y Calvo.
De acuerdo con el documento recibido por la fiscalía el pasado 22 de junio de 2026, se les investiga por la probable utilización indebida de recursos públicos municipales para la promoción de la imagen política o social de servidores públicos mediante la elaboración y difusión de materiales.
Denuncian el posible uso indebido de recursos públicos municipales para promover la imagen personal de la presidenta a través del programa alimentario “Raíces que Alimentan.»
De acuerdo con la denuncia, existen publicaciones institucionales, material gráfico y hasta cajas de despensa con la imagen, nombre y cargo de la alcaldesa, además de la frase:“Dirigido por: Ana Laura González Ábrego, Presidenta Municipal.»
La querella fue dirigida explícitamente al Lic. Luis Abelardo Valenzuela Holguín, titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, y quedó registrada de manera oficial con el sello de la Vicefiscalía de Investigación y Procesos. Núñez López acudió en su doble carácter de representante jurídico del partido y ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, fundamentando el acto en diversas disposiciones constitucionales y los artículos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En el apartado de competencia plasmado en la misma hoja de la denuncia, el partido tricolor sostiene que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es el órgano facultado para conocer de estos hechos, debido a que las conductas señaladas involucran el desvío de capital del Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo.
De comprobarse estas acciones, las partes involucradas, que abarcan desde encargados de la autorización y contratación hasta quienes financiaron e imprimieron los materiales promocionales, podrían enfrentar severas sanciones contempladas en la legislación penal vigente del estado de Chihuahua.
