En los últimos años ha crecido de manera significativa la conciencia ambiental y, con ella, las acciones de los gobiernos y asociaciones orientadas a revertir o mitigar las consecuencias derivadas de décadas en las que la humanidad mostró poca preocupación por el impacto ambiental de sus actividades económicas, industriales y urbanas.
Por eso hoy quiero comentar que es profundamente relevante la reciente expedición del Reglamento de la Ley Ambiental de la Ciudad de México en materia de Autorregulación, Auditorías Ambientales y Certificación de Edificaciones Sustentables, instrumento que coloca a la capital del país en un proceso inédito en su marco regulatorio ambiental.
La nueva reglamentación redefine los mecanismos mediante los cuales las actividades económicas, industriales e inmobiliarias interactúan con la política ambiental urbana y representa, además, un cambio de paradigma respecto del modelo tradicional basado exclusivamente en vigilancia, inspección y sanción. Ahora, el enfoque se orienta hacia criterios de desempeño ambiental, prevención, mejora continua y sostenibilidad urbana.
Particularmente relevante es la modernización de las auditorías ambientales y la incorporación formal de un sistema integral de certificación de edificaciones sustentables, alineado con tendencias internacionales en materia de gobernanza climática, criterios ESG y desarrollo urbano resiliente.
La actualización normativa responde a varias cuestiones, como armonizar la regulación ambiental con compromisos climáticos internacionales, el crecimiento del sector inmobiliario y la creciente presión urbana sobre los recursos naturales, así como la transición hacia modelos de eficiencia energética y economías bajas en carbono.
Asimismo, busca fortalecer mecanismos de cumplimiento voluntario ambiental y dejar atrás una visión regulatoria centrada exclusivamente en el control de emisiones y riesgos industriales.
Uno de los aspectos centrales del reglamento es el fortalecimiento de la autorregulación ambiental. Este mecanismo permite que empresas, desarrolladores y organizaciones implementen procesos voluntarios destinados a evaluar y mejorar su desempeño ambiental.
Entonces, vamos a tener un esquema preventivo y colaborativo, en el que las organizaciones pueden identificar riesgos ambientales, implementar medidas correctivas y preventivas, mejorar indicadores de eficiencia energética e hídrica, reducir emisiones y residuos, así como obtener certificaciones o reconocimientos ambientales.
Este esquema fortalece además la cultura de cumplimiento.
Otro de los cambios importantes consiste en la modernización del sistema de auditorías ambientales mediante la incorporación de criterios técnicos más robustos y esquemas especializados de evaluación. Las auditorías dejan de limitarse a la simple verificación documental para evolucionar hacia una evaluación integral del desempeño ambiental, considerando variables relacionadas con el consumo energético, la gestión de residuos, el uso eficiente del agua, las emisiones atmosféricas, los riesgos ambientales y las medidas de mitigación climática.
De igual forma, el reglamento reconoce nuevas figuras profesionales especializadas, incluyendo auditores con enfoque en agua, energía, residuos, atmósfera y sustentabilidad constructiva.
Coincido en que el componente más innovador del nuevo reglamento sea la consolidación jurídica del sistema de certificación de edificaciones sustentables.
Esto porque la regulación incorpora mecanismos formales para evaluar el desempeño ambiental de edificios públicos y privados mediante indicadores relacionados con eficiencia energética, gestión hídrica, manejo de residuos, calidad ambiental interior, infraestructura verde, movilidad sustentable, captación pluvial y reducción de huella de carbono.
Lo anterior refleja una tendencia global en la que las ciudades buscan convertir al sector inmobiliario en un actor central de la política climática y de sostenibilidad urbana.
