Una decisión impulsada desde el Poder Ejecutivo ha obligado a quienes ya estaban pensionados a replantear su economía, mientras surgen suspensiones judiciales e intentos de diálogo
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La reforma al artículo 127 constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo limitó a $67,145 pesos netos mensuales las jubilaciones del personal de confianza de organismos paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Banobras, entre otras entidades.
El decreto, publicado el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entró en vigor al día siguiente y se aplica también a pensiones ya otorgadas, lo que desató protestas y amparos en todo el país.
La norma establece que ninguna jubilación financiada con recursos públicos en organismos descentralizados, empresas del Estado, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos federales puede superar el 50% del salario neto de la titular del Ejecutivo Federal.
Con base en los sueldos vigentes en 2026 —bruto de $193,706 pesos y neto de $134,290 pesos—, ese umbral equivale a $67,145 pesos mensuales. Quienes antes percibían hasta un millón de pesos al mes quedan sujetos a ese techo.
El decreto fue aprobado en la Cámara de Diputados con 458 votos en lo general y 363 a favor, 64 en contra y 25 abstenciones en lo particular, tras desechar reservas de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC. En el Senado, la iniciativa pasó por unanimidad en lo general.
Las entidades directamente alcanzadas por la medida son Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro, Bancomext, Banobras, Banrural y NAFIN. Sus contratos, disposiciones y condiciones laborales deberán revisarse y, de ser necesario, adecuarse al nuevo marco.
Quedan excluidas del tope las Fuerzas Armadas, las pensiones generadas por aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro con cuentas individuales, las financiadas por aportaciones sindicales en esquemas de ahorro complementario y la pensión no contributiva contemplada en el artículo 4° constitucional.
El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas disponen de un plazo de 90 días naturales para revisar y ajustar el marco jurídico correspondiente.
