LA GOBERNADORA del Estado, María Eugenia Campos Galván, confirmó que mañana miércoles acudirá a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez para declarar como testigo, presumiblemente dentro de la investigación por el desmantelamiento del supuesto narcolaboratorio y la participación de agentes norteamericanos.
El supuesto nace de la propia opacidad del citatorio, en donde no se especifica el asunto sobre el que deberá declarar. El argumento oficial es la secrecía de la investigación, aunque por lo menos debió establecerse el tema general de la comparecencia. Pero así se manejan las cosas en estos tiempos de la llamada justicia selectiva.
La mandataria estatal acudirá, como ella misma lo señaló, por respeto al Estado de Derecho y para evitar suspicacias políticas. En realidad podría no hacerlo y jurídicamente poco ocurriría, pero el escenario mediático ya está montado y será aprovechado a plenitud.
La comparecencia convertirá a Ciudad Juárez en un escaparate político y mediático con la presencia de medios nacionales, locales e incluso de los Estados Unidos. Un escenario que podría superar, en cobertura y atención, a la fallida marcha morenista realizada recientemente en Chihuahua.
Además, desde redes sociales ya se promueven concentraciones y protestas frente a la delegación de la FGR en Juárez y en la subdelegación de la capital. Todo apunta a que la convocatoria será amplia en ambas ciudades, mientras que la movilización nacional anunciada para el sábado 30 todavía permanece sin mayores detalles.
El problema de fondo es que la actuación del brazo ejecutor federal comienza a percibirse en Chihuahua como una embestida política de la CuatroT contra la entidad y contra la propia gobernadora. Y esas confrontaciones históricamente suelen escalar a escenarios mayores, no necesariamente deseables, pero sí posibles en un estado acostumbrado a las batallas políticas y a la defensa de la alternancia.
EN UN TEMA colateral, el área jurídica del Gobierno del Estado interpuso en la Ciudad de México una denuncia contra quien resulte responsable dentro de la propia Fiscalía General de la República, derivado del citatorio enviado a la mandataria estatal.
En el fondo de la litis, como dirían los abogados, no sólo se cuestiona el procedimiento jurídico y las posibles violaciones relacionadas con el fuero constitucional de la gobernadora.
Lo de las faltas de ortografía y la opacidad del documento terminan siendo pecata minuta frente a los errores de fondo.
Pese a ello, Campos Galván acudirá a declarar este miércoles, aunque en términos estrictamente jurídicos el documento enviado por la FGR deja mucho que desear. De hecho, cualquier estudiante de Derecho probablemente hubiese elaborado un oficio mejor estructurado.
La denuncia presentada sí contiene nombres y apellidos, aunque por razones de debido proceso no pueden hacerse públicos. A diferencia del citatorio enviado a la mandataria, ésta sí es una acción penal formal y no una simple invitación administrativa disfrazada de procedimiento ministerial.
AYER trascendió que Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habría renunciado a la Secretaría de Organización de Morena, supuestamente porque ahora le urge obtener fuero constitucional “por lo que se ofrezca”.
El nuevo multimillonario de la CuatroT, quien presume y demuestra una fortuna construida sin haber trabajado formalmente en su vida, regresa a la grilla tabasqueña en medio de señalamientos ligados al Tren Maya, el huachicol fiscal y otras prerrogativas políticas del régimen.
Dentro de Morena se sabe que nunca operó realmente la estructura partidista y que siempre despreció a las dos presidentas del movimiento, bajo el argumento de que él únicamente le rendía cuentas a su padre.
Ahora presume en su carta de renuncia la afiliación de 10 millones de mexicanos a Morena, aunque los números reales parecen contar otra historia. Basta recordar que en las movilizaciones estatal y nacional realizadas en Chihuahua apenas lograron reunir unos cuantos miles de simpatizantes.
El problema de fondo es que dentro del propio Morena cada vez son más quienes no quieren a Andy López Beltrán, al considerar que sólo cobra cuotas de poder sin operar políticamente. Además, el entorno de corrupción y narcopolítica que rodea a varios personajes cercanos al régimen comienza a generar preocupación electoral rumbo al 2027.
Por eso el fuero constitucional aparece hoy como prioridad para Andy, quien busca refugiarse en una candidatura legislativa en Tabasco, la tierra de su padre y el último bastión político que le garantiza protección dentro del movimiento.
