Sinaloa no es Chihuahua / No es moneda de cambio / Mayra muy suelta / Tabasco se cae
POR lo menos en lo hipotético, el Gobierno Federal, a través de la Fiscalía General de la República, busca equiparar el caso de Sinaloa con el de Chihuahua, cuando diametralmente se trata de polos opuestos.
En Chihuahua se efectuó una acción muy importante en contra del crimen organizado por la destrucción del megalaboratorio de metanfetaminas, con o sin intervención de agentes de la CIA.
En Sinaloa, el gobernador, el alcalde de Culiacán y ocho funcionarios más tienen una acusación formal de los Estados Unidos de estar vinculados o ser parte del Cártel de Sinaloa.
Desde luego que el Gobierno Federal sabe que no hay paralelismo, pero lo intenta construir, no por soberanía y otras narrativas desgastadas, sino como un distractor ante la crisis de la teoría del narcogobierno. Chihuahua y Sinaloa no pueden ser moneda de cambio.
Desde la mañanera, la 4T no va a continuar el linchamiento político en contra de Chihuahua con el tema de la participación de la CIA.
Tan es así que la FGR anunció que citó a declarar a 50 agentes estatales que participaron en la destrucción del megalaboratorio para conocer si sabían sobre los agentes de la CIA y cómo se vincularon con la Agencia Estatal de Investigación.
Es decir, los quieren someter a proceso por luchar en contra del crimen organizado. Entonces la pregunta obligada es quién tenía metidas las manos en el narcolaboratorio y todo lo que su operación, incluyendo la comercialización en Estados Unidos y Canadá, implica. Eso es lo que se debería investigar.
Por otra parte, no se puede dejar de lado que en el operativo también participaron 50 militares, y ellos no han sido citados porque, supuestamente, no estaban enterados de la presencia de los norteamericanos.
Entonces dónde está la seguridad nacional y la soberanía que tanto se cita, en el juego de que todos responden “no sabía”.
Ni el Ejército, ni la presidenta y su gabinete de seguridad, ni la gobernadora, ni las fiscalías. Eso es muy delicado y ahora se sigue el síndrome del chivo expiatorio: alguien que pague los platos rotos atrapados en la crisis de Sinaloa, otros estados que vendrán y picándole los ojos a los norteamericanos.
LA DELEGADA de Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez, por lo menos debería ser prudente con relación a su posición y su visión de Morena.
Como delegada no es lo mejor vaticinar que Morena ganará las elecciones en Chihuahua; esa no es su función como servidora pública, para eso está su partido y sus actores.
En la delegación ha hecho un buen trabajo, por lo menos mejor que el ahora senador Juan Carlos Loera, pero eso no la convierte en vocera de Morena en Chihuahua.
Con la llegada de su exjefa Ariadna Montiel a la dirigencia nacional de la marca guinda, se incrementan sus posibilidades de alcanzar una candidatura a la alcaldía de Ciudad Juárez e incluso a la gubernatura, por lo que desde la mínima lógica debería mostrar más mesura o, como dicen los cánones del morenismo, dejar el cargo y meterse al activismo político.
La presidenta Sheinbaum lo dijo ayer. Si buscan candidaturas, hay que confesarlo y dejar los cargos públicos. Más claro ni el agua.
POR CIERTO que en el nuevo escenario de la dirigencia de Morena, se desinflan las posibilidades de la candidatura para la gubernatura de la senadora con licencia Andrea Chávez.
El llamado grupo Tabasco está muy minado por razones que ya se conocen y las presidentas de México y Morena no quieren saber nada y buscan un deslinde antes de que llegue la lista de los gringos con los 10, 20 o 30 extraditables, llegue como atenta solicitud.
Se fortalecen, como aquí lo dijimos, Mayra Chávez y el alcalde de la frontera, Cruz Pérez Cuéllar, pero en política nadie es descartable; Andrea Chávez va en picada, pero ahí está. El grupo Tabasco tiene otras formas de presión y puede incidir directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum; si no, es cosa de preguntarle al macuspano personaje.
Solo hay que recordar que Sheinbaum viajó a Palenque, Chiapas, y horas después llegó, o se ordenó, la renuncia -vía licencia- del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
