El operativo que dio origen a la crisis tenía, en apariencia, un objetivo claro: desmantelar una red de producción de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara
Es inevitable abordar el tema. El gobierno mexicano vive hoy una de sus peores crisis de credibilidad y de gobernabilidad, pero también en su relación política con los Estados Unidos, por más que la presidente Sheinbaum lo niegue una y otra vez, es más que evidente la precaria situación en la que se encuentra su gobierno, de frente a un tema por demás espinoso y delicado: el combate al narcotráfico.
Lo que es aún más significativo y revelador es que esa crisis fue provocada por ellos mismos, por el gobierno federal y todos sus corifeos que decidieron iniciar una fuerte embestida contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a partir del aseguramiento del narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos en la Sierra Tarahumara, donde, por cierto, en los recientes procesos electorales no se ha permitido el registro de ningún candidato que no sea de Morena.
El operativo que dio origen a la crisis tenía, en apariencia, un objetivo claro: desmantelar una red de producción de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara. De hecho, se trataba de una intervención relevante, se habían identificado múltiples laboratorios mediante sobrevuelos y tecnología avanzada, lo que representaba uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en la región en años recientes.
Sin embargo, el elemento disruptivo fue otro: la participación de agentes de la CIA en territorio mexicano. Según investigaciones posteriores, estos agentes operaban de forma encubierta y sin autorización explícita del gobierno federal, aunque con algún nivel de coordinación con autoridades estatales de rango intermedio o bajo. El punto de quiebre ocurrió tras un accidente vehicular en la sierra que dejó muertos tanto a agentes mexicanos como estadounidenses, exponiendo públicamente una colaboración que, hasta ese momento, se había mantenido en privado.
La revelación detonó una crisis política inmediata en Chihuahua. La gobernadora Maru Campos y el entonces fiscal César Jáuregui quedaron en el centro de las críticas del gobierno federal por haber permitido —o al menos desconocer— la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad. Como si no fuera sabido la forma en la que los agente de la CIA operan en los países, no piden permiso, no avisan, no se presentan, solo se infiltran en sectores clave para obtener información o para brindar información que lleve a decisiones y acciones favorables para EU.
Y este pudiera ser el caso específico de Chihuahua, de El Pinal. Los agentes norteamericanos proporcionaron información de inteligencia a algún o algunos elementos de la AEI que llevó a la ubicación e incautación del mencionado narcolaboratorio, con los resultados ya descritos.
Esa es la razón por la que el ex Fiscal General del Estado, Cesar Jauregui Moreno, decide presentar su renuncia, asumiendo cabalmente la responsabilidad indirecta que le tocaba, señalando claramente que en algún punto de la cadena de mando alguno de los elementos de la AEI (con quien los agentes de la CIA tenían el contacto) interrumpió la comunicación obligada y actuó fuera de los protocolos correspondientes, en consecuencia, ni él ni la gobernadora Maru Campos estaban en conocimiento de la presencia de los elementos de la agencia estadounidense.
Y sumamente importante destacar que, en todo momento, se habla de presencia en el operativo, no de participación activa en el mismo en ninguna forma, y es bastante lógico el planteamiento porque la CIA es una agencia de inteligencia, dedicada básicamente al procesamiento y obtención de información crítica sobre temas relevantes para los EU, no es operativa.
Tan es así que, a más de 20 días de lo ocurrido y no obstante las desproporcionadas ansias de hacerlo, el gobierno de la 4T no ha podido encuadrar la figura de algún delito o siquiera de una falta administrativa y, por tanto, no ha podido realizar una denuncia formal sobre el tema. Carecen por completo de elementos.
Por otro lado, el feroz linchamiento mediático y digital que inició la 4T contra gobernadora y el ex fiscal terminó volviéndose en su contra, reforzando la imagen de Maru Campos, sobre todo en redes sociales, y recordándoles que en otros casos similares como la detención del Mencho o la del deportista olímpico Ryan Weddin, también participó la CIA, lo que se convirtió en dura crítica contra la doctora Sheinbaum por aplicar esa especie de soberanía selectiva, en unos casos sí, y en otros no.
Pero el escándalo no quedó ahí, sobrepasó las fronteras y llegó hasta la Casa Blanca, sí, ahí donde tienen años investigando sobre los nexos del crimen organizado con el partido Morena, y de cómo este partido ha obtenido triunfos electorales apoyado por carteles de la droga, ya no solo con financiamiento que ya es de suyo grave, sino también operando activamente en territorio, lo mismo obsequiando despensas y diversos artículos para el hogar que aterrorizando directamente a la población, bajo amenazas para que voten por los candidatos de ese partido, pero también la complicidad o de plano sociedad de algunos políticos destacados de Morena en la producción, trasiego y distribución de drogas en Estados Unidos.
Mientras el gobierno de México intentaba capitalizar en su favor y de su partido el escándalo en Chihuahua, Estados Unidos lanzó una ofensiva judicial sin precedentes en la relación bilateral con México: la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra el gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico. Nunca antes visto.
La acusación es de alto calibre: conspiración para tráfico de drogas, uso de armas y colaboración sistemática con el Cártel de Sinaloa. Según fiscales estadounidenses, los funcionarios habrían recibido sobornos y facilitado las operaciones criminales a cambio de apoyo político.
El gobierno mexicano reaccionó con cautela e incluso escepticismo. La Fiscalía General de la República señaló que no existen pruebas suficientes para proceder con detenciones o extradiciones inmediatas, solicitando evidencia adicional a Estados Unidos.
¿En dónde o por qué se vinculan los hechos ocurridos en Chihuahua y lo de Sinaloa? En La Columna de El Diario, publicada ayer, está la respuesta:
“En la vorágine mediática en la que está inmerso el país por asuntos de seguridad de corte internacional, una cosa ha quedado clara: desde Sinaloa era operado el famoso narcolaboratorio donde eran producidos decenas, incluso cientos de kilogramos de drogas sintéticas, básicamente cristal.”
“Después del hallazgo vino la sonada controversia que tiene a México inmerso en una crisis diplomática con los Estados Unidos, primero por la muerte de cuatro elementos de seguridad —dos norteamericanos y dos mexicanos— fallecidos en un accidente tras descubrir y desmantelar el macrocampamento narco en Chihuahua, y después por la acusación de los Estados Unidos contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios de sus colaboradores.”
“Es imposible desvincular una cosa de la otra: Estados Unidos está acusando a Rocha y a sus presuntos cómplices por narcotráfico, y ha quedado establecido que la fábrica de drogas sintéticas era propiedad de células del Cártel de Sinaloa.”
El gobierno norteamericano tomó la reacción del gobierno mexicano no solo como descortesía política, sino como un fuerte agravio a las instituciones de aquel país ya que -ignorando la tragedia- utilizaron los lamentables hechos para medrar política y electoralmente a su favor y en contra de una gobernadora de oposición. Craso error que siguen cometiendo.
En realidad todo, desde lo ocurrido en El Pinal, en la sierra de Chihuahua, ha sido una cadena errores consecutivos de la 4T, ante la solicitud de extradición contra 10 personas, incluido el gobernador Rocha, ha respondido que no pueden proceder a la detención porque no hay pruebas suficientes, dicen ellos, ignorando que este momento procesal no es necesario presentarlas, porque además la acusación es en EU, y el juicio será allá, no en México, a la FGR no le corresponde juzgar sobre la validez o no de las pruebas, solo que se cumplan los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición entre México y EU.
Es más que evidente que hay un manto de protección hacia todos los imputados en EU, lo que inevitablemente nos lleva a una conclusión: Donald Trump tiene razón cuando afirma que Claudia Sheinbaum es una buena persona, pero México es controlado por los cárteles de la droga. Tenemos pues, tristemente, un narcogobierno emanado de un narcopartido conformado por narcopolíticos.
