Una comisión para el olvido / Nada nuevo arrojará / Dice EU que Claudia si sabía / Relevo de Luisa
LOS VIEJOS cánones -y también los actuales- dictan que ante una crisis se debe crear una comisión especial, incluso de la verdad. Es una fórmula institucional que pretende, al menos en el discurso, ofrecer certeza, deslindar responsabilidades y calmar la presión pública.
El caso de la presunta participación de agentes de la CIA en la destrucción de un megalaboratorio de metanfetaminas en el municipio de Morelos encajaba perfectamente en ese guion. Y así ocurrió: la gobernadora María Eugenia Campos Galván, tras su reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, optó por la ruta conocida: anunciar una comisión especial.
Los antecedentes sobran. El más emblemático sigue siendo el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, donde la verdad continúa siendo una deuda pendiente o, en el mejor de los casos, una narrativa incompleta. Las comisiones, en ese sentido, han servido más para administrar crisis que para resolverlas.
En Chihuahua, la designación de una comisión encabezada por la fiscal Wendy Chávez difícilmente aportará elementos sustancialmente nuevos. Menos aún cuando se trata de un órgano que nace desde el oficialismo, con márgenes de maniobra acotados y una narrativa prácticamente definida desde su origen.
Resulta evidente que el Gobierno Federal ha moderado los señalamientos hacia la gobernadora Campos y el fiscal César Jáuregui. El viraje coincide con el entendimiento previo con García Harfuch y la decisión de encauzar el tema a través de esta comisión. Una salida política que, en los hechos, otorga tiempo… y eventualmente, olvido.
Desde la mañanera, el discurso tampoco puede sostener indefinidamente la crítica hacia la mandataria por “aceptar” apoyo de agentes estadounidenses. Hacerlo implicaría cuestionar la coordinación bilateral en materia de seguridad, una realidad que, más allá del discurso soberanista, es innegable.
Porque el fondo del problema es otro: México no ha podido -o no ha querido- contener el avance del crimen organizado, que ha escalado posiciones en prácticamente todo el territorio y ha tejido redes políticas propias. En ese contexto, la eventual participación de la CIA resulta casi anecdótica frente a la magnitud del fenómeno.
El discurso de la soberanía seguirá siendo útil. A la presidenta Claudia Sheinbaum le ha funcionado políticamente y difícilmente lo abandonará. Es, además, una bandera eficaz para cohesionar a su base y responder a la oposición. Cuestionarlo desde dentro no tiene espacio en la narrativa oficial.
Así, la comisión especial terminará por rendir un informe donde la presencia de la CIA ocupará, en el mejor de los casos, un segundo plano. No se confirmará una participación directa, pero tampoco se profundizará en la posibilidad de que el gobierno mexicano estuviera enterado. Una verdad a medias, políticamente funcional.
POR CIERTO, desde Estados Unidos ya “salió el peine”. El congresista republicano Michael McCaul afirmó que resulta inverosímil que la presidenta Sheinbaum desconociera las operaciones de la CIA en territorio mexicano.
Durante un evento en Washington, señaló que ambos países mantienen una colaboración estrecha no sólo en operaciones especiales, sino también en inteligencia.
Las declaraciones no son menores. McCaul preside el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y ha estado directamente involucrado en los esfuerzos de cooperación bilateral.
Su postura confirma lo que en los hechos es evidente: la coordinación existe, aunque políticamente se administre con cautela.
ESTA semana podría concretarse la convocatoria a una reunión extraordinaria del Consejo Político Nacional de Morena. El objetivo: formalizar la salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional.
Alcalde se integrará al gabinete de Claudia Sheinbaum como consejera jurídica, en un movimiento que, aunque sorpresivo, refuerza el control político del nuevo gobierno. En Morena, la ahora exdirigente se encontraba en una zona de confort que dejará atrás.
Para la sucesión, se mencionan tres nombres: Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar; Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional; y Citlalli Hernández, actual responsable de la Comisión Nacional de Elecciones.
Todo apunta a que Montiel podría asumir las riendas del partido. En los hechos, ha sido una de las principales operadoras electorales de Morena, con resultados comprobados. De confirmarse, el partido reforzaría su estructura territorial rumbo a los próximos procesos electorales.
