Durante décadas nos han repetido que México es una federación y que los estados son “libres y soberanos”. Un mantra constitucional que suena muy bonito… hasta que uno mira lo que realmente está pasando.
Porque con la nueva reforma —envuelta en el eslogan del “ahorro” y la “reducción del costo de la política”— queda claro que el poder central ya no pide permiso: ordena.
Y entonces surge la pregunta que nadie en el poder quiere escuchar: ¿qué queda del federalismo cuando los estados ya no pueden decidir ni siquiera cómo organizar a sus municipios, sus tribunales y a sus jueces?
Técnicamente, es cierto: los estados nunca fueron soberanos en el sentido clásico. No pueden firmar tratados ni actuar frente al exterior.
Pero había algo que sí era real: la autonomía interna, la capacidad de decidir cómo gobernarse.
Eso —lo único que les quedaba— es lo que hoy está siendo desmontado pieza por pieza.
La reforma impone un modelo único:
• mínimo 7 y máximo 15 regidores,
• un solo síndico,
• y un porcentaje obligatorio del presupuesto para los congresos locales.
No es una recomendación. No es una guía. Es una orden.
Los estados ya no deciden: ejecutan.
La Suprema Corte dice que no pasa nada, que aún existe “libertad configurativa”.
Pero esa libertad es como dejarte escoger el color de las paredes cuando ya te construyeron la casa, te amueblaron la sala y hasta te dijeron dónde va la cama.
Eso no es libertad. Es simulación.
Y aquí entra el actor más silencioso —y más responsable— de este retroceso: el Senado de la República.
El Senado no es un club social ni una antesala para la próxima campaña.
Es, en teoría, la voz de los estados.
Es el muro de contención frente al centralismo.
Es el lugar donde debería defenderse el pacto federal.
Pero ¿qué tenemos?
Un Senado mudo.
Un Senado cómodo.
Un Senado que mira hacia otro lado mientras el poder central les vacía las facultades a las entidades que dice representar.
Porque hay que decirlo claro y sin rodeos:
Si los senadores no defienden a los estados, entonces no representan a nadie.
Y si no representan a nadie, el federalismo deja de existir, aunque siga escrito en la Constitución.
El federalismo mexicano no se está destruyendo por decreto.
Se está desmoronando por desgaste, por omisión, por conveniencia política.
Permanece como palabra, pero ya no como realidad.
Y cuando eso pasa, la pregunta ya no es jurídica, sino democrática:
¿Qué clase de federación somos si los estados solo administran lo que otros deciden?
Ojalá —por una vez— el Senado dé la batalla.
Ojalá recuerden a quién deberían servir.
Ojalá dejen de ser espectadores de la centralización disfrazada de “austeridad”.
Ojalá.
• Abogado litigante, socio del Colegio de Juristas de Chihuahua, miembro de la FECHCA, integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua A. C.
