En tiempos de conflictos prolongados, tensiones internacionales y discursos cada vez más polarizados, el mundo enfrenta el desafío de evitar que el miedo a las diferencias religiosas o culturales y los estereotipos que lo alimentan se transformen en decisiones públicas y narrativas políticas.
Y es que cuando el odio y el prejuicio reducen a comunidades enteras a etiquetas simplistas, no solo se distorsiona la realidad, sino que también se debilitan los principios de igualdad y convivencia que sostienen a las sociedades democráticas.
En ese contexto, la reciente conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia recuerda que combatir la discriminación contra los musulmanes no es solo una causa de una comunidad, sino una defensa de los derechos humanos.
Así lo advierten las Naciones Unidas, señalando que la islamofobia no solo vulnera derechos individuales, sino que también debilita la cohesión social y contradice principios consagrados en su Carta.
La intolerancia, lejos de ser un fenómeno aislado, se alimenta de narrativas que durante años han vinculado injustamente al islam con la violencia o el extremismo. Se trata de narrativas antimusulmanas amplificadas por discursos políticos y mediáticos que refuerzan una lógica de “nosotros contra ellos” y terminan traduciéndose en discriminación cotidiana, desde agresiones verbales o físicas hasta obstáculos para acceder al empleo, la vivienda, la atención sanitaria o la educación.
Datos recientes confirman que el problema no es menor. El informe “El derecho a ser diferente”, del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, documenta que en Estados Unidos se registraron unas 9 mil denuncias por incidentes islamófobos en 2025, la cifra más alta desde que comenzaron a recopilar datos en 1996.
Ese aumento, según el informe, está vinculado con un clima político y social marcado por discursos de odio y retóricas excluyentes, así como por políticas impulsadas durante el gobierno de Donald Trump, que contribuyeron a normalizar prejuicios y a restringir, en la práctica, el derecho a ser “diferente”.
Además, el informe advierte un patrón preocupante de funcionarios públicos que usan sus cargos para limitar lo que los estadounidenses pueden parecer, decir o creer, reforzando así un clima de exclusión hacia comunidades musulmanas.
Ante esa realidad, la comunidad internacional insiste en que ni el terrorismo ni el extremismo pueden asociarse a una religión, una nacionalidad o una cultura. Por eso, combatir la islamofobia exige frenar el discurso de odio y evitar que el miedo y los prejuicios se conviertan en política. Porque cuando el odio y el prejuicio se convierten en política, los derechos y la igualdad quedan en segundo plano.
A modo de aclaración, concluyo parafraseando a Miguel Ángel Moratinos: No se trata de defender ninguna religión en concreto, sino defender el derecho humano de todas las personas a practicar su religión o su fe sin temor.
Aída María Holguín Baeza
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