Claudia sola / No puede culpar a Calderón / Viene la venganza / Oaxaca la fractura
LA REFORMA electoral de López Obrador, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fracasó por dos grandes razones. La primera, por la soberbia del movimiento; la segunda, más simple, por intentar poner una pistola en la cabeza a la oposición.
Morena ni siquiera quiso negociar con sus aliados. El partido gobernante sigue embriagado de poder y quizá con razones para estarlo: controla casi todo. Pero lejos de compartirlo, intentó sentar las bases para perpetuarlo, con la mira puesta incluso en el siguiente siglo.
No hubo operadores políticos reales. La presidenta culpa a aliados y oposición, pero el principal responsable fue Pablo Gómez, redactor del proyecto y encargado del diseño de la iniciativa presidencial.
Después aparece la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, seguida de gobernadores, legisladores y dirigentes. Nadie operó en serio para construir una mayoría. Morena apostó a que tener el poder era suficiente. El problema es que no negocia, no escucha y no acuerda, y el resultado quedó a la vista.
No era sencillo matar la gallina de los huevos de oro de los aliados. Partido Verde y PT defendieron sus intereses como gato boca arriba, pese a la presión del régimen sobre sus cuellos, y terminaron por impedir que la reforma avanzara.
La oposición también estaba destinada a rechazarla. El fondo del proyecto era reducir prerrogativas y debilitar a la oposición, prácticamente borrarla del mapa político.
En otras palabras, Morena quería todo el pastel, dejando apenas migajas a sus aliados y convirtiendo al PAN en un florero opositor, con presencia simbólica pero sin fuerza numérica en las cámaras.
Al mismo tiempo, se buscaba someter al Instituto Nacional Electoral, lo que equivaldría a que el régimen fuera árbitro, jugador y contador de votos. Por algo a la iniciativa le llamaban “Ley Maduro”.
En la narrativa presidencial reaparecen los argumentos clásicos: ahorros, privilegios y la voluntad del pueblo.
Sin embargo, el argumento financiero pierde peso cuando se observan otros gastos del gobierno como el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto cancelado de Texcoco y el AIFA, además del huachicol fiscal estimado en cientos de miles de millones.
Con esos recursos, dicen los críticos, se podrían financiar elecciones democráticas durante décadas y todavía construir hospitales, contratar médicos y surtir farmacias.
EL RECHAZO a la reforma electoral representa un revés político para Sheinbaum y abre una nueva etapa dentro del propio bloque oficialista. Para PVEM, PT y el resto de la oposición, el problema inmediato es que viene la factura política.
La ruptura con los aliados parece inminente, y desde el oficialismo ya se anticipa una respuesta mediante leyes secundarias, el llamado Plan BB, que Morena sí puede aprobar sin depender de sus socios legislativos.
En ese contexto, la pregunta central es si habrá reconciliación rumbo a 2027 o si los aliados serán tratados como pañales usados y lanzados a la basura.
MIENTRAS tanto, lejos de Chihuahua, en la ciudad de Oaxaca aparecieron lonas en puentes peatonales exhibiendo a legisladores federales que votaron en contra o se abstuvieron en la reforma de Claudia Sheinbaum.
Entre ellos Alejandro Avilés Álvarez, Raúl Bolaños Cacho Cué, Margarita García García, Maribel Martínez, Aracely Cruz y Alejandro López Sánchez.
Una travesura política de los Cue que anticipa el ambiente que podría dominar la ruta hacia las elecciones de 2027, donde el régimen morenista y la Cuarta Transformación comenzarán a cobrar facturas internas.
Michoacán, Veracruz, Guerrero, Zacatecas, Campeche y ahora Oaxaca, estados bajo el control de Morena, van a a estar en riesgo electoral, pro el nepotismo prohíbido, las pésimos resultados, la rebeldía y soberbia natural del movimiento.
