En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, la conversación global sobre el desarrollo sostenible adquiere una urgencia particular para países como México, donde la desigualdad histórica convive con un enorme potencial de transformación social.
Y es que, tal como advierte la ONU, fortalecer una transición justa hacia un futuro sostenible no es solo una aspiración ambiental, sino un imperativo ético que exige colocar a las personas -especialmente a las más vulnerables- en el centro de cualquier cambio económico.
La premisa de que la descarbonización debe avanzar junto con la justicia social resulta especialmente pertinente en un país marcado por profundas brechas regionales. Mientras algunas zonas se encaminan hacia modelos productivos más limpios, otras continúan dependiendo de actividades que generan empleo, pero también importantes costos ambientales.
El desafío consiste, pues, en evitar que la transición ecológica reproduzca las desigualdades que pretende corregir. De ahí que las Naciones Unidas insistan en que la reconversión laboral, la formación para empleos verdes y los sistemas de protección social son herramientas indispensables para asegurar que nadie quede atrás.
En ese contexto, el concepto de Trabajo Decente -impulsado en la agenda internacional como parte de una globalización más equitativa- se ha planteado como una brújula para construir economías más justas, y su vigencia es evidente: sin empleo digno, ingresos suficientes y derechos laborales efectivos, la sostenibilidad pierde su dimensión humana.
México enfrenta así una oportunidad estratégica histórica para orientar inversiones hacia sectores emergentes que reduzcan la huella ambiental y fortalezcan el tejido social.
Queda claro, pues, que no se trata únicamente de crecer, sino de cómo se distribuyen los beneficios. Y sí, aunque la ONU reconoce que la globalización ha abierto nuevas oportunidades, también persisten la pobreza, la exclusión y la desigualdad, factores que amenazan la cohesión social.
Por eso, integrar los principios de una transición justa en las políticas nacionales implica asumir que el progreso debe compartirse de manera equitativa.
En ese escenario, reimaginar nuestros sistemas económicos supone abandonar la lógica de desarrollo para unos cuantos y avanzar hacia un modelo donde prosperidad y dignidad sean inseparables.
Y en el caso de México, el futuro sostenible no dependerá únicamente de reducir emisiones, sino de construir una sociedad más justa, resiliente y solidaria. Solo entonces la transición dejará de ser un discurso y se convertirá en una realidad compartida.
A modo de llamado a la corresponsabilidad, concluyo citando lo dicho alguna vez por la escritora, oradora y activista política estadounidense, Helen Keller: “Hasta que la gran masa del pueblo no esté llena del sentido de responsabilidad por el bienestar de los demás, nunca se podrá alcanzar la verdadera justicia social”.
